La UE ante el reto de digerir social y políticamente los criptoactivos
La UE ante el reto de digerir social y políticamente los criptoactivos

La UE ante el reto de digerir social y políticamente los criptoactivos

Piensen por un momento que, tras surgir los inventos de la imprenta, la máquina de vapor, la vacuna, la electricidad, el teléfono o la televisión, la reacción regulatoria de los estados hubiera sido sencilla y llanamente la prohibición. Eso que, por ejemplo, contra las trágicas consecuencias sociales de algunas de ellas -especialmente la imprenta o la televisión- se alzaron muchas y relevantes voces demandando eso, la prohibición. Pero uno de los rasgos que distingue a la tradición, de la modernidad, es la manera de digerir social y políticamente las novedades.

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La modernidad intenta gestionarlas -también en clave de regulación- para aprovechar sus ventajas. La tradición reacciona con el rechazo ante lo nuevo, como si fuera resultado de las artimañas del diablo. Ahora bien, tras tal rechazo a la novedad por parte de los poderes se encontraba el propio miedo a perder el poder. No protegían a los súbditos o ciudadanos, a pesar de que tal era su discurso, sino a sí mismos.

UE y criptoactivos

Ahora le toca el turno a la industria cripto. Como seguramente ocurrió con la imprenta, la máquina de vapor, la vacuna, la electricidad, el teléfono o la televisión, quienes tienen la función de regularlos no entienden bien el significado y lo que pueden aportar o quitar los bienes cripto. Pero, para ello, deben consultar o rodearse de expertos.

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Los reguladores de todo el mundo, lo que incluye los europeos, sienten la presión de la llamada de los bienes cripto a los ciudadanos. Claro que estos quieren seguridad y cierta protección de sus bienes, semejante a la seguridad y protección que se dispensa a otro tipo de bienes.

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Los estados saben que las criptomonedas y otros bienes cripto están ahí, que circulan, que cada vez tienen más relevancia en la vida cotidiana de muchos ciudadanos. En algunos países, con una moneda fiat enormemente volátil, las criptomonedas llegan a constituir un instrumento de pago preferente en sus vidas cotidianas. Casi, una tabla de salvación. Sin embargo, los estados tienden a la reacción tradicional, a dar preferencia a la prohibición. Bajo el argumento de proteger a sus ciudadanos, les protegen de ellos mismos.

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Defenderse a sí mismos

Parece que esta es la tendencia regulatoria en la UE con respecto a los bienes cripto. Aun cuando dominan más las dudas sobre lo que va a hacer. En Bruselas, los rumores son habitualmente un actor importante, que ejerce gran presión sobre las decisiones comunitarias, siempre precedidas de un limbo conflictivo, donde se exponen los distintos intereses. Eso sí, cuando se trata de intereses de los estados miembros. Pero, con respecto a las criptomonedas y los NFTs, no hay estado que las defienda. Es más, todos actúan como si se defendiesen a sí mismos, bajo el argumento de proteger a sus ciudadanos.

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Esta tendencia prohibicionista y obstaculizadora de la UE con respecto a los bienes cripto ha estado a punto de aprobar una propuesta para limitar el uso de bienes cripto derivados de la minería proof-of-work. Parece paralizada, puesta a un lado en alguna mesa ejecutiva. Pero todavía no desechada. No se ha metido en el cajón; pero es un síntoma de que, tal vez, algo esté cambiando.

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Hace un par de semanas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votó no a prohibir las criptomonedas basadas en Prueba de Trabajo (PoW), como bitcoin o ethereum. En el Reglamento MiCA (Markets in Crypto Assets) al menos, se negó la negación: no se prohibió la circulación de criptomonedas. Es una especie de reconocimiento. El problema es que no se esperan regulaciones concretas, a partir de este mínimo marco, hasta dentro de bastantes meses.

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Amenaza fiscal

Habrá que ver, entonces, si el objetivo de los estados europeos es proteger a los ciudadanos o usuarios de los hackers, como dicen, o es protegerse a sí mismos, ante la amenaza fiscal que suponen. De momento, parece ganar lo segundo y, más pronto que tarde, parece que los propietarios de cuenta en cripto tendrán que ser identificados. La cuestión de la vigilancia (fiscal) y el gran hermano estatal se impone a la protección a los usuarios. Pero, al menos, parece estar en proceso de superación la reacción meramente prohibicionista.

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En los breves argumentos de la propuesta en la que se sostuvo la aprobación del Reglamento MiCA  se reconoce, por un lado, que el fin de esta legislación es enfrentarse a varios riesgos, como el de la fragmentación regulatoria dentro de la UE, lo que podría distorsionar la competencia en el Mercado Único. Por otro lado, se apunta la necesidad de esta legislación para el desarrollo de algo que sí que importa bastante a los estados, como el desarrollo de las stablecoins.

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Javier Callejo
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