Donald Trump pretende utilizar la potencia tecnológica de las empresas estadounidenses para combatir el cibercrimen internacional. Un memorando presidencial establece que Estados Unidos permitirá que compañías privadas realicen operaciones de cibervigilancia y acciones para interrumpir, degradar e incluso destruir sistemas utilizados por organizaciones criminales extranjeras. Las empresas actuarán bajo autorización y supervisión del Gobierno federal.
La medida supone incorporar formalmente al sector privado a una actividad especialmente sensible hasta ahora asociada fundamentalmente a los gobiernos y sus agencias de seguridad e inteligencia. La Casa Blanca justifica la decisión por el creciente peso del cibercrimen y considera que la enorme capacidad tecnológica de las compañías estadounidenses ha sido históricamente infrautilizada para identificar y desarticular las redes criminales que operan en internet. Según el documento firmado por Trump, la nueva política busca utilizar todos los instrumentos del poder nacional, incluidas las capacidades del sector privad
Las empresas seleccionadas podrán realizar operaciones de cibervigilancia, lo que significa que podrán entrar en sistemas y redes para recopilar información e inteligencia procurando permanecer indetectadas. El memorando especifica que estas operaciones pueden implicar acceder a sistemas informáticos sin autorización de sus propietarios u operadores, o superar el nivel de acceso autorizado. La información obtenida podrá servir para preparar posteriores operaciones cibernéticas.
Más allá del espionaje digital
También autoriza las denominadas operaciones de efectos cibernéticos, que el documento define como acciones capaces de provocar la manipulación, interrupción, denegación, degradación o destrucción de sistemas de información, redes e infraestructuras físicas o virtuales controladas mediante sistemas informáticos.
En otras palabras, las compañías privadas seleccionadas podrán participar no solo en la búsqueda de ciberdelincuentes, sino también en operaciones destinadas a inutilizar parte de su infraestructura digital.
El memorando establece importantes límites para evitar que el programa se convierta en una autorización general para realizar ataques informáticos. Cada operación deberá ser revisada previamente y contar con aprobación e instrucciones por escrito antes de que una empresa pueda actuar. El programa estará dirigido conjuntamente desde los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
Igualmente, las compañías no podrán incorporarse libremente. Deberán superar controles relacionados con su capacidad técnica, experiencia en operaciones cibernéticas, seguridad de sus instalaciones, antecedentes de su personal y fiabilidad. El Gobierno quiere incorporar tanto grandes empresas con importantes capacidades tecnológicas como compañías pequeñas especializadas en operaciones concretas.
Los límites establecidos
Justicia y Seguridad Nacional podrán exigir además una fianza o depósito mínimo de un millón de dólares, que la compañía perderá si incumple las condiciones de su contrato.
El objetivo serán organizaciones criminales transnacionales extranjeras con capacidad cibernética que cometan delitos contra el Gobierno estadounidense, ciudadanos o intereses de Estados Unidos. El texto excluye de esa definición a los grupos que formen parte institucional de gobiernos extranjeros o actúen completamente bajo sus órdenes.
También establece límites cuando las consecuencias de una operación puedan ser especialmente graves. Los responsables del programa no podrán aprobar acciones que previsiblemente provoquen pérdidas de vidas o lesiones graves, ni aquellas que puedan alcanzar la consideración de uso de la fuerza o ataque armado según el derecho internacional.
Si durante una operación una empresa descubre que está afectando accidentalmente a ciudadanos estadounidenses, sistemas situados en Estados Unidos o sistemas controlados por estadounidenses, deberá detenerla y comunicar inmediatamente lo sucedido.