Chainalysis observa mayor control de los Estados sobre las criptomonedas

Según la empresa de análisis Chainalysis, el total del valor de la actividad ilegal con criptomonedas no llegó al 1% del total del valor de las transacciones realizadas con estos activos durante el año 2022. Volumen de actividad ilegal que incluye, con un importante peso, aquellas transacciones realizadas con las entidades (exchanges, mixers o mezcladores de monedas) que tienen prohibida su actuación en una jurisdicción determinada. Unos registros estadísticos que nos hablan del cambio de actitud hacia las criptomonedas por parte de las instituciones estatales. Con un creciente control sobre las transacciones, mayor protección de usuarios y del sistema financiero, y el ejercicio de la presión sancionadora. 

Chainalysis criptomonedas

El año pasado la industria cripto fue profundamente tocada por noticias que ponían de manifiesto la mala conducta de algunos de sus figurantes principales. El caso de Sam Bankman-Fried y su banda fue el más llamativo. Pero ha habido otros: Terra, Celsius, Three Arrows Capital. Casos que tal vez no quepa señalarlos como crímenes, sino sólo quiebras y pésimas administraciones, estando aún pendientes de calificación judicial.

Casos llamativos y aireados durante 2022, que no hacían sino destacar, en forma de llamativa alarma, la gruesa sombra que soporta la imagen social de las criptomonedas. Una especie de moderna cueva de ladrones, para una parte de los productores de la agenda publica. Pues sí, se trata de una actividad en la que hay gente con criminales intenciones. E informes como el de Chanalysis pone números a esta cara oscura de la industria cripto.

Chainalysis certifica la buena salud del uso y desarrollo de los criptoactivos

Como en todas las actividades y seguramente con proporciones semejantes, hay quienes actúan maliciosamente. Tan sin sentido es decir que no hay peligros, como que todo lo que circula en clave cripto tiene por sentido la estafa, el lavado de dinero o la compra de droga.

Debido a su oscura sombra, la industria cripto se ve obligada a un especial ejercicio de transparencia, haciendo balance anual sobre sus peores actos y actores. Es lo que hace Chanalysis con su informe The 2023 Crypto Crime Report  publicado esta semana. En él se trata de reflejar sintéticamente todas aquellas actividades criminales basadas en las criptomonedas.

De las estafas a las sanciones

Según Chainalysis, el valor del total de las criptomonedas recibidas desde direcciones ilegales en 2022, que ascendió a más de veinte mil millones de dólares norteamericanos, supuso un aumento de casi el 20% con respecto al año anterior. Ahora bien, lo que se observa es un cambio importante en su estructura. Mientras en los años anteriores (se realiza desde 2017), la principal acción criminal consiste en las estafas, en 2023 han sido las sanciones. Así, el 43% de las acciones ilícitas se concentran en el mantenimiento de la actividad por parte de entidades que habían sido señaladas y sancionadas.

Ejemplos que ilustran esta situación son los del exchange Garantex, la de la entidad del darknet market con perfil de blanqueadora de capitales Hydra o la más conocida del mezclador de monedas Tornado Cash. Centrándonos en el primero, la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohibió en abril de 2022 las transacciones con Garantex. De esta manera se convirtieron en ilícitas todas aquellas realizadas por entidades -empresas o particulares- que estuvieran bajo la jurisdicción norteamericana con este exchange, que siguió operando desde territorio ruso.

La invasión rusa y el papel de las criptomonedas al servicio de los estados

El informe ofrece el listado de las entidades que durante 2022 cayeron bajo la sentencia condenatoria de la OFAC. Se detalla la razón de tal condena, teniendo especial presencia la acusación de ser entidades dedicadas al blanqueo de capitales, provenientes de actividades delictivas. No obstante, destaca el caso de Task Force Rusich, ya que su objetivo es financiar la invasión de Ucrania.

Actividad criminal y criptoinvierno

El gran peso que tiene entre las actividades ilícitas de 2022 aquellas que, de repente, se convierten en tales por decisión de un regulador u órgano competente, puede ocultar el descenso experimentado por las que pueden considerarse actividades criminales tradicionales relacionadas con las criptomonedas. Pues bien, salvo en el caso del robo de fondos, que aumentó un 7%, el resto descienden.

Estamos hablando del descenso de: estafas, ventas fraudulentas, financiación del terrorismo, pornografía infantil o robo de datos. Como dice el informe, el margen de actuación para las estafas es menor cuando la agenda pública no hace sino repetir continuamente la pérdida de valor de los activos cripto. La motivación para una ambición cegada se debilita. Y el año pasado estuvo dominado por una situación de criptoinvierno.

Cuando la actividad de la industria cripto presenta bajos perfiles, la actividad criminal inserta en la misma también sufre un importante descenso. Especialmente en delitos como las estafas. Son menos los que se aproximan a la misma y, por lo tanto, menos los que pueden ser estafados.

Las criptomonedas como palanca para la globalización económica

Como ocurre en casi todas las estadísticas relacionadas con el delito, éstas tienden a la infraestimación. De hecho, los expertos en política criminal reconocen que, en la vida real, prácticamente sólo se llega a tener registro de un delito de cada veinte. Especialmente debido a que los calificados como delitos menores -pequeños hurtos, daños en inmuebles colectivos, etc.- no son denunciados. No obstante, en Blockchain y una vez localizadas las direcciones sospechosas de actividades ilegales, el registro es inmediato y accesible. Esta es la base del informe de Chainalysis, que no deja de ser una especie de ejercicio de transparencia en la cara oscura de las criptomonedas.

 La gente se separa de los «malos»

La clave, para llevar a cabo estos registros e informes sobre la actividad criminal relacionada con las criptomonedas, está en esa identificación de direcciones sospechosas. De hecho, los datos del informe se alimentan del análisis de los registros de transacciones pasados, una vez identificada la dirección sospechosa. Eso sí, siempre que estén dentro del año analizado. Aquí, el año 2022.

Una vez que una de estas direcciones sospechosas es públicamente puesta bajo la mirada sancionadora de una institución reguladora, el flujo de su actividad tiende a caer drásticamente. Esto  pudo observarse con la experiencia de Tornado Crash. Desde el punto de vista de los registros estadísticos sobre la criminalidad vinculada a las criptomonedas, hace que aumenten aquellos relacionados con sanciones por realizar transacciones con estos malos actores. Sin embargo, disminuyen los actos criminales directamente realizados con estos actores, como el lavado de dinero o los fraudes, ya que son evitados al ser señalados.

Tokenización de bienes y la necesaria criptoculturización de las clases medias

Después de que las autoridades señalan a los “malos”, la gente se separa de ellos. Sobre todo, cuando la actividad de control cuenta con la colaboración entre la autoridad sancionadora y las autoridades en el país en que está localizada la entidad sancionada, como ha pasado con Hydra.  La actividad de Hydra pasó rápidamente a cero ya que, tras ser designada por la OFAC, los norteamericanos contaron con la acción coordinada de las autoridades alemanas, ya que era en Alemania donde se encontraba localizada. Algo que no fue posible con las autoridades rusas en el caso de Garantex.

Rusia, territorio del mal

Rusia, también en el campo de las criptomonedas, forma parte del territorio del mal. Aunque otros países también tienen sus ambiciones, en esto de alcanzar el pódium de la cibercriminalidad. Es el caso de Corea del Norte. Este país asiático aparece como refugio de los hackers dedicados al robo de fondos, como el llevado a cabo en los fondos de Axie Infinity. No deja de ser llamativa la relación entre este tipo de criminalidad, regímenes gubernamentales autoritarios y estados belicistas.

También hay unas líneas dedicadas a España. Aparece como país en el que residen individuos receptores de fondos en la darknet. Posiblemente activos generados por el tráfico de drogas. Fondos con origen en Reino Unido, según una investigación de la London Metropolitan Police. Una vaga generalización puede hacernos caer en la bíblica sentencia de que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora bien, no parece conveniente mezclar el distinto papel que tienen los diferentes estados con la cibercriminalidad.

Una parte de las interpretaciones derivadas de los datos presentados en el informe se constituyen por más o menos fundamentadas y afortunadas estimaciones. Como la que señala que el descenso en el volumen económico del delito de robo de datos (ransomware) no deriva de la disminución de los ataques, de los intentos de robo. Se atribuye tal descenso a que las víctimas del robo de datos no pagan por la recuperación de los mismos. Algo que puede servir de reflexión a los responsables del Hospital Clínic, que en estos momentos se ven sometidos al chantaje de los cibercriminales de Ransomhouse que exigen 4,5 millones de dólares norteamericanos a cambio de no publicar los datos robados de la entidad.

También puedes seguirnos en nuestros canales de Telegram Twitter 

Por Javier Callejo

Catedrático de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Licenciaturas en Periodismo y Derecho

Esta web utiliza cookies. Puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continuas navegando estás aceptándola    Ver
Privacidad