miguel angel bernal

Miguel Ángel Bernal, la persona que ha  conseguido que el nombre de Aragón forme parte de la historia global de la tecnología blockchain, trabaja en la actualidad en lo que él denomina “vecindad digital aragonesa”. Este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza es uno de los principales artífices de la regulación de la Identidad Digital en Blockchain en Aragón. Casi cuatro años antes puso en marcha el uso de blockchain para los concursos públicos en la Comunidad. Una iniciativa citada por World Economic Forum como instrumento para luchar contra la corrupción.

Tras estos dos acontecimientos, Bernal trabaja ahora en el concepto de “vecindad digital aragonesa”, un asunto  al que viene dedicándose desde hace tiempo. “La referencia a este concepto invoca las singularidades de quienes tienen vecindad civil aragonesa, reguladas en el Código de Derecho Foral. Por ejemplo, la mayoría de edad aragonesa está establecida en los 14 años. También tenemos especialidades en el régimen matrimonial o en el modo de aceptar herencias”, explica a Observatorio Blockchain.

Repoblar digitalmente la región

En este contexto, indica que la «vecindad digital aragonesa» promovida por él está orientada a definir unos derechos en el ámbito digital para quienes tengan «residencia digital» en Aragón. “En Aragón estamos censados poco más de un millón de personas. Pero «aragoneses digitales» podemos ser muchos más. Incluso, las personas jurídicas y disfrutar de algunas ventajas asociadas a dicha condición. Sería una posibilidad de «repoblar digitalmente» la región. En función de cómo se configure, puede ser un factor de generación de empleo y dinamización para la economía aragonesa que la diferencie de otros territorios”, afirma.

¿Qué importancia tiene la tecnología blockchain en el desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa que acaba de aprobarse en Aragón?

El proyecto de Ley hacía un pequeño guiño a la tecnología de registro distribuido, incorporando en una disposición adicional tanto una definición legal de la misma como admitiendo su uso generalizado en los procedimientos administrativos. El proyecto de blockchain en contratación se hizo sin esa cobertura expresa, y los nuevos proyectos ya no tendrán los mismos problemas de inseguridad jurídica.

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En la versión final del texto, esa disposición se ha llevado al articulado, elevando su importancia. Y además, aunque la enmienda que presenté para recoger la tecnología de registro distribuido en la gestión de atributos de identidad digital ante la Administración fue rechazada como tal, lo cierto es que los grupos políticos transaccionaron el precepto para recoger esa misma idea. Al final da igual cómo haya llegado a la Ley, lo importante es que se haya recogido esa posibilidad, así que mis felicitaciones a los grupos políticos.

¿En qué consiste la utilización de tecnología blockchain ante la Administración de Aragón?

La ley de Simplificación Administrativa aprobada admite su utilización, con carácter general «para asegurar la aportación, acreditación e integridad de los datos y documentos en cualquier expediente, procedimiento o registro». «Con plena validez legal para la tramitación administrativa automatizada».

Miguel Ángel Bernal y las “enmiendas ciudadanas”

¿Cuál ha sido el papel desempeñado por la Universidad de Zaragoza y por usted en la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa?

La tramitación de las leyes en las Cortes de Aragón tiene algunas especialidades que no se dan en otras Cámaras legislativas. El Reglamento de las Cortes prevé que, tras la remisión del proyecto de ley por el Gobierno, se abra en las Cortes un período de comparecencias ciudadanas, donde los grupos políticos invitan a ciudadanos y organizaciones a contarles en audiencia sus impresiones sobre el proyecto de Ley. A partir de ahí, sigue un plazo en el que cualquier ciudadano puede presentar una enmienda al articulado.

En el caso de la Ley de Simplificación Administrativa, no ha habido una participación institucional de la Universidad de Zaragoza, aunque sí de algunos profesores de la misma, a título individual. Los grupos políticos llamaron a comparecer a José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. En mi caso utilicé la segunda vía, la de las «enmiendas ciudadanas» para plantear una redacción alternativa a un precepto que versaba sobre identificación y firma electrónica, e incluir la posibilidad de que los ciudadanos compartiesen algunos de sus datos de identidad con la Administración utilizando tecnología de registro distribuido (blockchain).

¿En qué se basaron para el desarrollo de dicha ley?

Lo cierto es que había un antecedente. La posibilidad de utilización de blockchain se intentó introducir en 2018. Entonces se presentó un proyecto de Ley de organización y uso estratégico de la contratación pública en Aragón, pero no pudo tramitarse antes de que finalizara la anterior legislatura. Quedó «en el cajón», igual que la disposición mencionada. Me alegra que se haya recuperado.

Lo que podrán hacer los aragoneses

¿Cómo podrán beneficiarse los ciudadanos aragoneses de la denominada identidad digital autosobrerana que permite blockchain y qué les permitirá hacer en el corto plazo?

La nueva Ley abre la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para la gestión ante la Administración pública de algunos atributos de identidad. Para utilizar los que se refieren a la identificación de las personas, como nombre y apellidos y número de DNI, o la denominación o razón social para las empresas y otras personas jurídicas, habrá que esperar un poco, ya que la legislación estatal lo prohíbe de momento.

Pero la norma aragonesa abre la posibilidad de utilizar blockchain para acreditar el resto de atributos de nuestra identidad que compartimos con la Administración en formato digital. Por ejemplo, nuestro número de cuenta bancaria para cobrar una subvención o un contrato público, nuestro teléfono o email en el que recibir comunicaciones. Nuestra edad, si fuera requisito necesario para obtener una determinada autorización, nuestra dirección postal. O nuestra condición de miembro de una familia numerosa para acceder a una subvención, y tantos y tantos otros atributos que conforman nuestra identidad.

Protección de la información de los ciudadanos

Todo con las máximas garantías de veracidad para la Administración. Pero también de seguridad para los ciudadanos de que esa información no será utilizada para fines diferentes. Y se hará en Aragón antes que en ningún otro lugar del territorio nacional.

 ¿Hasta qué punto puede afectar al desarrollo de usos o aplicaciones de la identidad digital en Aragón el hecho de que el Gobierno central no haya legislado al respecto?

El gobierno central está esperando una posible regulación europea. La presidenta Von Der Leyden, en su discurso sobre el Estado de la Unión el pasado septiembre, anunció una propuesta de  identidad electrónica europea segura. Hacerlo con blockchain es una posibilidad, y en ese sentido se está trabajando, en la parte regulatoria y también en la infraestructura que permita gestionar la identidad digital autosoberana.

Interés del sector público y privado

¿Sabe si el Gobierno central está haciendo algo al respecto?

No tengo información, pero entiendo que esperarán a la normativa europea. Lo cual no quita para que algunas Comunidades Autónomas, como Aragón y Cataluña, definan sus propias políticas de identidad digital, en el marco de sus competencias, y que sean favorables a la gestión de determinados atributos de identidad digital ante sus administraciones. Hay iniciativas privadas que ya están promoviendo esta gestión autosoberana de ciertos atributos de identidad. El interés en los mismos no es sólo del sector privado, sino también del sector público. Nuestro número de cuenta bancaria interesa lo mismo a una empresa energética con la que contratamos el suministro eléctrico que a la Administración, para que nos ingrese una subvención. O nos abone una factura por la ejecución de un contrato público.

Papel relevante de los smart contracts

¿Qué papel desempeñarán los contratos inteligentes en el desarrollo de la ley?

Están llamados a jugar un papel fundamental, ya que una de las tendencias de «simplificación» pasa por la automatización de la toma de decisiones administrativas. Y aquí la Ley es clara: la utilización de smart contracts desplegados en una blockchain tendrá plena validez legal para la tramitación administrativa automatizada.

¿Se han acercado a ustedes desde otras universidades o administraciones para pedir consejo?

Prácticamente, recibo iniciativas todas las semanas. Con algunas colaboro activamente, ya que, como universitario, veo grandes posibilidades de avance y también me interesa su desarrollo desde el punto de vista científico.

30 procedimientos trazados en blockchain

Antes de aprobarse la Ley de Simplificación Administrativa, Aragón ya fue pionera en la adjudicación de contratos públicos en blockchain ¿Cómo surgió todo?

El proyecto del registro distribuido de ofertas nace a partir de una formación a empleados públicos que promoví en 2017, durante mi etapa como Director General de Contratación pública del Gobierno de Aragón. El caso de uso lo concebimos de manera conjunta con un grupo de funcionarios. No voy a ocultar que al principio no fue un «camino de rosas». El sector público todavía es reticente a introducir innovaciones en sus procesos internos. Y hacerlo en un ámbito tan «estratégico» como son los contratos públicos no fue nada fácil. Pero logramos configurar un equipo interdisciplinar que descubrió y diseñó el proyecto desde dentro, reteniendo el «know how», que sigue disponible en la Administración aragonesa para aplicarlo a otros casos de uso si lo desean.

¿Cómo ha evolucionado el uso de blockchain en la adjudicación de contratos públicos en blockchain en Aragón?

A finales del año pasado se habían tramitado alrededor de 30 procedimientos con este sistema. La verdad es que es una herramienta con mucho potencial, aunque no se agota en los casos de uso desarrollados. Son solo dos piezas del puzzle de la contratación pública. El resto están por desarrollar para tener un proceso completo. La identidad digital, y más smart contracts, son elementos por desarrollar para integrarlos en el procedimiento distribuido de contratación pública.

Foto de intervención de Miguel Ángel Bernal en Universidad de Castilla-La Mancha

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Por Covadonga Fernandez

Directora de Observatorio Blockchain

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