El Ministerio de Hacienda de España propone para embargar criptomonedas y NFT a los contribuyentes que tengan deudas fiscales. El plan es realizar una reforma legislativa a la Ley General Tributaria que amplíe su autoridad para confiscar criptoactivos en el país. La medida llega poco después de la aprobación de un Real Decreto que añade a las entidades de pago y de dinero electrónico como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria. La medida forma parte de una modificación del Reglamento General de Recaudación.
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España quiere embargar criptomonedas
Además de a las criptomonedas, el brazo regulatorio de Hacienda quiere alcanzar a los NFT, tal y como reporta el diario El Economista. Para llevar a cabo la acción, el organismo quiere reformar el artículo 162 de la Ley General Tributaria, para añadir los criptoactivos a la recaudación tributaria. De este modo, la agencia podría embargar directamente cualquier criptoactivo en posesión de un contribuyente, empresa o particular, que tenga deudas con el fisco español.
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Esta medida extenderá el alcance de la entidad española en cuanto a la regulación y supervisión de las criptomonedas. A partir de enero de 2024, la entidad cuenta por primera vez con información más detallada con respecto a las transacciones en criptomonedas realizadas por usuarios en plataformas de intercambio, custodia o prestador de servicio cripto regulado. Esta información adicional, prevista por los modelos 172 y 173, incluye saldos, tipo de monedas o su valor en euros.
Hacienda también ha puesto su atención sobre las criptomonedas de los contribuyentes en el extranjero. A través del modelo tributario 721, las personas físicas y jurídicas con saldos mayores a 50.000 euros deberán declarar por sus tenencias de criptoactivos en plataformas ubicadas en el extranjero.
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A la espera de MiCA
La Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA) que traerá por primera vez una regulación integral para las criptomonedas y las stablecoins, entrará en vigencia a partir del próximo mes de junio. Hacienda reconoce que deberá realizar modificaciones a su normativa tributaria para alinearse con el marco regulatorio europeo, que plantea una definición de criptomonedas distinta a la adoptada en España. La nación española ha sido una de las primeras interesadas en integrar MiCA. De hecho, notificó el adelanto de seis meses la implementación de la ley.
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