En los mercados emergentes, los activos digitales funcionan a la vez como un motor de inclusión financiera y como un rompecabezas para los reguladores, y ese es precisamente el caso de Kontigo en Venezuela. La combinación de hiperinflación y sanciones ha favorecido la irrupción de plataformas que operan en una zona gris, a medio camino entre la ayuda humanitaria y el auxilio financiero a un gobierno sancionado.
De hecho, el caso de Kontigo Inc. es un ejemplo crítico de esta dualidad. Su escrutinio no solo expone las fallas de control en Silicon Valley, sino que muestra la sofisticada arquitectura creada para evadir a la OFAC. Al final, las restricciones impuestas a estas fintechs marcan un precedente inevitable sobre la supervisión de herramientas financieras en zonas de alto riesgo.
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Activos digitales en un contexto de crisis macroeconómica
Para comprender el auge de las fintechs en Venezuela es importante analizar las condiciones que convirtieron a los activos digitales en una necesidad operativa para la población y, eventualmente, para el propio Estado. Venezuela ha pasado por uno de los periodos de inestabilidad monetaria más severos de la historia contemporánea, con una inflación que alcanzó aproximadamente el 600 % en el 2025. En este entorno, la moneda local, el bolívar perdió su función como reserva de valor y medio de cambio confiable, impulsando una dolarización de facto que encontró en las stablecoins, particularmente en el USDC y el USDT, una infraestructura digital duradera.
El uso de estos activos no es marginal. Se estima que para el primer trimestre de 2026, el 10% de las transacciones en cadenas de supermercados venezolanas se realizarán mediante activos digitales. Esto ha hecho que empresas locales como Crixto desarrollen billeteras que permiten pagos en comercios sin necesidad de terminales especializados, facilitando que el ciudadano común proteja sus ahorros de la devaluación constante. Sin embargo, esta misma infraestructura ha sido aprovechada por el gobierno para movilizar ingresos que el sistema bancario tradicional, restringido por el sistema SWIFT y las sanciones de la OFAC, no podría procesar.
El caso Kontigo
Pero si bien el caso de Crixto resulta llamativo, hay un caso aún más grave: Kontigo Inc. Esta empresa inicialmente se posicionó como un neobanco diseñado para «ciudadanos globales», con un enfoque particular en el mercado latinoamericano.
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Fundada en 2023 por Jesús Castillo, la empresa logró atraer capital de inversores de primer nivel, incluyendo a Y Combinator, Coinbase Ventures, Soma Capital y DST Global. La narrativa pública de Kontigo enfatizaba la lucha contra la exclusión financiera y la protección contra la inflación. No obstante, detrás de esta fachada de innovación se escondía una estructura operativa diseñada para interactuar con la economía venezolana de manera que desafiaba las prohibiciones de la OFAC.
La estructura «espejo» y la elusión de términos legales
Las operaciones de Kontigo revelan una contradicción fundamental entre sus documentos legales y su actividad comercial. Mientras que sus términos y condiciones prohíben explícitamente el uso de la plataforma a personas en países sancionados como Venezuela.
Pese a que el país no figura en la lista de países de su Web principal, su estrategia de marketing en redes sociales estaba dirigida casi exclusivamente al público venezolano, utilizando influencers locales para promover el lanzamiento de la aplicación en el país.
Para facilitar estas operaciones, Kontigo Inc. (registrada en Delaware) operaba en Venezuela a través de una subsidiaria local denominada Oha Technology C.A. Esta estructura de tercerización de actividades permitía un mecanismo de arbitraje donde los usuarios podían depositar dólares en efectivo en bancos locales venezolanos, los cuales eran convertidos internamente en USDC dentro de la aplicación.
Este proceso generaba un punto ciego para las autoridades estadounidenses, ya que el capital de origen venezolano se transformaba en activos digitales «limpios» dentro de una plataforma respaldada por infraestructura financiera de los Estados Unidos. Dicho punto ciego se complementaba con un incumplimiento de la normativa KYC/AML, puesto que Kontigo está sujeta al cumplimiento de estas medidas, algo que los venezolanos no podrían superar debido a las sanciones impuestas al país.
De esta manera, Kontigo habilitaba una actividad ilegal y abría las puertas para que el Estado venezolano pudiera saltarse las sanciones.
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La anomalía de la licencia Sunacrip
Por supuesto, esto no sería posible sin la participación directa del estado venezolano, la cual tiene una clara presencia: SUNACRIP, el organismo de control de criptomonedas. Y es que el 9 de enero de 2025, Oha Technology C.A. recibió la licencia de intercambio de criptoactivos No: LFCI-SUNA-001-2025.
Hasta aquí todo parece normal, pero lo que resulta altamente irregular es que esta licencia fue emitida por un organismo que ha estado bajo una junta interventora desde 2023, tras el desfalco multimillonario conocido como «PDVSA-Cripto». En dicho desfalco realizado por Tarek El-Aissami, se sustrajeron un total de 25 mil millones de dólares, una idea clara del nivel de participación del gobierno en los esquemas cripto.
Por ello, la obtención de la licencia en esta fecha, especialmente de un regulador técnicamente paralizado, sugiere la existencia de arreglos directos con el régimen de Nicolás Maduro, y con el de ahora, Delcy Rodríguez. Esto vincula institucionalmente a la fintech con la cúpula del poder venezolano en un momento en que la mayoría de las licencias de otros actores del ecosistema permanecían congeladas.
El colapso del puente financiero
El fin de Kontigo comenzó, cuando el hecho de estas «inofensivas coincidencias» comenzaron a captar la atención de los inversores de Kontigo. Y es que sabiendo que la operatividad de Kontigo dependía de su capacidad para conectar el mundo de los activos digitales con el sistema bancario tradicional de los Estados Unidos, lo que estaba a punto de pasar con eso tiraría por el suelo todo.
En primer lugar, la fintech no mantenía una relación directa con los grandes bancos, sino que utilizaba a un intermediario tecnológico llamado Checkbook, que a su vez tenía cuentas de custodia en JPMorgan Chase. Esta estructura permitía a los usuarios de Kontigo acceder a cuentas de cheques virtuales y realizar transferencias en dólares, utilizando la marca de Chase Bank en su publicidad.
La alarma de JPMorgan
Pero a finales de diciembre de 2025, JPMorgan Chase tomó la decisión drástica de congelar las cuentas de Kontigo y de otra fintech similar, BlindPay. Esta medida no fue un ataque contra la tecnología de las stablecoins, sino una acción de cumplimiento regulatorio motivada por tres señales de alerta críticas:
- Vínculos con Venezuela: Los sistemas de monitoreo del banco detectaron operaciones que se originaban o terminaban en una jurisdicción bajo vigilancia estricta de la OFAC, violando las políticas de riesgo jurisdiccional.
- Actividad operativa inusual: Se registró un aumento masivo en los chargebacks (reclamos de devolución de dinero) y devoluciones ACH. Según el CEO de Checkbook, PJ Gupta, esto fue consecuencia de un crecimiento descontrolado de la base de usuarios de Kontigo, que «abrió las compuertas» a miles de registros por internet sin los controles de seguridad adecuados.
- Riesgo legal y reputacional: JPMorgan, como custodio final, optó por cortar el acceso de los intermediarios para protegerse de posibles multas multimillonarias derivadas de la facilitación involuntaria de evasión de sanciones.
La desconexión de JPMorgan provocó un efecto dominó que llevó a Stripe, Bridge y Lead Bank a cesar su relación con Kontigo, dejando los fondos de miles de usuarios bloqueados en cuentas de custodia que ahora son objeto de investigación judicial.
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El informe de Jason Mikula y los vínculos con el poder político
Pero la situación de Kontigo pasó de ser un problema operativo a todo un escándalo de corrupción de alto nivel tras la publicación de un informe de investigación por parte del periodista Jason Mikula en Fintech Business Weekly.
Según esta investigación, Kontigo no solo era una plataforma de servicios financieros, sino que presuntamente funcionaba como una herramienta de evasión diseñada en colaboración con figuras prominentes del régimen de Maduro.
Vínculos familiares y el papel de Y Combinator
El reporte de Mikula alega conexiones directas entre la directiva de Kontigo y familiares de Nicolás Maduro, mencionando específicamente al hijo del mandatario como uno de los enlaces clave en la estructura de poder que facilitó la obtención de licencias estatales.
Esta revelación puso bajo una luz muy crítica a los inversores de Silicon Valley. Tom Blomfield, ex-CEO de Monzo y socio de Y Combinator, fue señalado por liderar la relación con la startup, lo que ha generado preguntas sobre la calidad de la auditoría (due diligence) realizada por estos fondos antes de inyectar capital en una entidad con exposición tan alta a sanciones.
La respuesta de Kontigo a esto: total rage y agresividad. El episodio de agresividad online por parte de la compañía fue tal que amenazaron directamente al CEO de Klarna por «difundir falsedades». Sin embargo, al momento de las acusaciones, las cuentas de Kontigo ya estaban bajo escrutinio y se había comenzado ya con el maremoto de revisiones, ya no podían argumentar «falsedad» ante un hecho claro, y que incluso la misma empresa ha aceptado, tal como lo dejaron en evidencia en un reciente comunicado en la red social X.
El golpe final
Además, estos eventos coincidieron con los del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de los Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Caracas, marcando el fin de su mandato y el inicio de una transición forzada. Pocos días después de este evento, Kontigo anunció que había sufrido un «hackeo», una narrativa que muchos analistas consideran una cortina de humo para justificar la parálisis de fondos que ya habían sido congelados por las autoridades federales en el marco de la investigación por evasión de sanciones.
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Así, lo que comenzó como una herramienta de empoderamiento para ciudadanos asfixiados por la inflación se transformó en un sofisticado motor de evasión que sirvió a los intereses de un régimen sancionado. En este momento, Kontigo está en terapia intensiva, su operatividad y continuidad penden de un hilo, sobre todo con la actual investigación a la empresa, pero las evidencias son claras. De hecho, no lo ocultaron mucho cuando en sus eventos, mostraban con cierto orgullo como la app servía para evadir las sanciones a nivel de Gobierno.