Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, carga contra la propuesta de reglamento conocida como «ChatControl», con la que la Unión Europea pretende obligar a las empresas tecnológicas a escanear los mensajes e imágenes privados de sus usuarios. Para Buterin, la iniciativa amenaza derechos fundamentales y se basa en un doble rasero difícil de justificar.
El desarrollador denuncia que la idea de garantizar la seguridad debilitando la privacidad de millones de ciudadanos europeos es una contradicción en sus propios términos. Según afirma, los gobiernos no pueden exigir a la población sistemas de vigilancia masiva mientras buscan eximirse ellos mismos de esas obligaciones, tal y como recogen documentos internos filtrados sobre la tramitación de la norma.
Europa pone en peligro la privacidad de nuestros chats con una Ley
Vigilancia masiva con ChatControl
El Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual infantil (CSAR), apodado ChatControl por sus críticos, obligaría a plataformas como WhatsApp, Signal o Telegram a analizar todos los mensajes e imágenes antes de que se apliquen mecanismos de cifrado. La obligación se extendería también a correos electrónicos, redes sociales, servicios en la nube, aplicaciones de citas y videojuegos con chat integrado, según indica el ingeniero francés Metalhearf.
El sistema se apoyaría en algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar tres categorías: material ilegal ya registrado, imágenes sospechosas aún no catalogadas y posibles comportamientos de acoso en las conversaciones. En caso de alerta, el contenido se remitiría automáticamente a las autoridades.
Para los detractores, este modelo convierte cualquier dispositivo conectado en una estación de vigilancia que examina la vida digital de sus propietarios de forma permanente. Es el equivalente a instalar micrófonos en todos los hogares y oficinas bajo el pretexto de la seguridad, resume Metalhearf en su análisis.
Riesgos para la privacidad y la innovación
Expertos en criptografía y asociaciones de derechos digitales advierten de que el proyecto rompe de facto el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de la seguridad en internet. Lo que hoy solo pueden leer emisor y receptor, pasaría a ser analizado en origen, abriendo la puerta a vulnerabilidades que podrían ser explotadas por delincuentes, gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros.
MIMBLEWIMBLE Y LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO CERO, EN EL OJO DE EUROPA
A los problemas técnicos se suma el riesgo de falsos positivos. Un informe de las fuerzas de seguridad irlandesas reveló que casi el 80% de los avisos automáticos generados por sistemas similares resultaron ser errores, con consecuencias tan graves como la denuncia de padres que compartían imágenes médicas de sus hijos con sus pediatras.
El impacto económico tampoco es menor. Empresas centradas en la privacidad como Signal o Proton han advertido que podrían abandonar Europa antes que implementar sistemas de vigilancia que comprometen la confianza de sus usuarios.
Divisiones en la Unión Europea
El debate en Bruselas está lejos de resolverse. De los 27 Estados miembros, 12 países apoyan la iniciativa, Francia, Dinamarca y España entre ellos, mientras que 7 se oponen frontalmente, como Austria, Estonia, Países Bajos o Polonia. Otros 8 países, entre ellos Alemania e Italia, mantienen posiciones indecisas. La Presidencia danesa del Consejo de la UE ha fijado el 14 de octubre de 2025 como fecha límite para intentar aprobar la norma.
Precedente global
Más allá del debate europeo, críticos como Buterin subrayan que la aprobación de ChatControl sentaría un precedente internacional. Países con regímenes autoritarios podrían utilizar la legislación comunitaria como justificación para reforzar sus propios programas de vigilancia masiva.
El mensaje de Buterin refuerza la oposición de expertos, empresas tecnológicas y defensores de la privacidad digital. Todos coinciden en señalar que la seguridad de los menores no debe convertirse en el pretexto para instaurar un sistema de monitorización constante sobre 450 millones de ciudadanos europeos.