El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba el acuerdo de financiación de 40 meses para El Salvador, con acceso a $1.400 millones, pero con la condición de reducir su participación en Bitcoin.
El Salvador, Bitcoin y el FMI
Desde que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, el FMI ha expresado su preocupación por los riesgos que esta medida supone para la estabilidad financiera. Con este nuevo acuerdo, el gobierno de Nayib Bukele deberá limitar significativamente su participación en Bitcoin y llevar a cabo las siguientes restricciones:
- Eliminación de la obligatoriedad de aceptar Bitcoin en comercios y transacciones dentro del país.
- Prohibición de transacciones gubernamentales en Bitcoin, asegurando que el Estado opere exclusivamente con dólares estadounidenses.
- Reducción progresiva del uso de la billetera estatal Chivo, que ha sido una de las principales herramientas de adopción de Bitcoin.
- Mayor regulación y supervisión de los activos digitales, en línea con estándares financieros internacionales.
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El Salvador se ha posicionado como país pionero en la adopción de Bitcoin, con su presidente Bukele promoviendo la criptomoneda como una herramienta de independencia económica, inclusión financiera y atracción de inversiones extranjeras. Sin embargo, el FMI insiste en que la volatilidad de Bitcoin pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
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El acuerdo con el FMI limita seriamente la capacidad del gobierno para promover y utilizar la criptomoneda, obligándolo a reducir su participación en el ecosistema cripto y a priorizar políticas económicas más tradicionales. Como resultado de la firma, el FMI podría frenar la propuesta de Bukele de convertir al país en un hub global de criptomonedas
No obstante, El FMI reconoce que El Salvador ha logrado avances en remesas, turismo y seguridad, pero también apunta que que el país se enfrenta grandes desafíos financieros. Como altos niveles de endeudamiento y déficits fiscales. Reservas internacionales limitadas y baja inversión extranjera y falta de transparencia en la gestión de activos digitales. .