¿Basta con una SEC y una CFTC favorables a las criptomonedas o Estados Unidos sigue necesitando la Ley CLARITY? Los reguladores nombrados por Donald Trump han avanzado más que sus predecesores en la definición del mercado de activos digitales, pero su capacidad para sustituir al Congreso tiene límites jurídicos, institucionales y políticos
La cuenta atrás ha comenzado para la Ley CLARITY, ya que el Senado estadounidense afronta esta semana sus últimos días de actividad antes del receso de agosto. A medida que se reduce el margen para sacar adelante la esperada reforma del mercado de activos digitales, la industria cripto hace sus cábalas sobre qué ocurrirá si el Congreso no llega a aprobar la ley cripto.
La SEC y la CFTC, favorables
Estados Unidos cuenta actualmente con los responsables de la Securities and Exchange Commission (SEC) y de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) más favorables al desarrollo de la industria cripto de su historia reciente. Paul Atkins preside la SEC y Michael Selig dirige la CFTC. Ambos fueron nombrados por el presidente Donald Trump y confirmados por el Senado.
La coincidencia entre una Casa Blanca favorable a los activos digitales y unos reguladores alineados con esa estrategia ha cambiado por completo el panorama regulatorio respecto al que existía hace apenas dos años. Durante la presidencia de Gary Gensler, gran parte de la industria reclamaba una ley que pusiera fin a la incertidumbre regulatoria y delimitara claramente las competencias de los organismos federales.
Aunque el contexto regulatorio ha cambiado de forma significativa y tanto la SEC como la CFTC disponen de un amplio margen para aprobar reglamentos, emitir interpretaciones, conceder exenciones y fijar criterios de supervisión dentro de las competencias que les reconoce la legislación federal, ninguna de las dos puede sustituir al Congreso. Solo el poder legislativo puede modificar el marco jurídico sobre el que actúan los reguladores.
Mercado spot de activos digitales
Esa es la principal diferencia entre regular y legislar. La SEC y la CFTC pueden desarrollar las leyes vigentes, pero no pueden crear un nuevo régimen jurídico ni atribuirse competencias que el Congreso no les haya delegado.
Ese límite resulta especialmente evidente en el mercado spot de los activos digitales. La CFTC supervisa los mercados de derivados sobre materias primas digitales y puede perseguir el fraude y la manipulación, pero no dispone de una autoridad federal integral sobre los mercados al contado de los criptoactivos que no son considerados valores. Precisamente uno de los principales objetivos de CLARITY es cubrir ese vacío competencial.
La SEC afronta una limitación similar. Puede interpretar la legislación sobre valores y determinar cuándo un activo digital queda sujeto a su supervisión, pero no puede modificar por sí sola la definición legal de security ni decidir qué competencias corresponden a la CFTC. Ese reparto solo puede establecerlo el Congreso mediante una ley.
Regulación más flexible
Existe, además, un elemento jurídico que refuerza la importancia de CLARITY. En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la sentencia Loper Bright Enterprises v. Raimondo, puso fin a la denominada doctrina Chevron, que durante décadas había concedido un amplio margen a las agencias federales para interpretar leyes ambiguas. Desde entonces, los tribunales ejercen un control mucho más estricto sobre esas interpretaciones.
Para el mercado de los activos digitales, la consecuencia es significativa. Una SEC y una CFTC favorables pueden impulsar una regulación más flexible, pero disponen de menos margen para construir un nuevo marco regulatorio únicamente mediante interpretaciones administrativas. Cuanto más ambiciosas sean sus decisiones, mayor será la probabilidad de que acaben siendo revisadas por los tribunales.
En ese contexto, CLARITY adquiere una importancia que va más allá del debate político. La ley no pretende sustituir a la SEC y a la CFTC, sino proporcionarles una base legal clara sobre la que ejercer sus competencias y reducir la incertidumbre jurídica que ha acompañado al sector durante años.
Perder impulso político
La cuestión cobra aún más relevancia por el momento político que atraviesa el proyecto. CLARITY ya superó la Cámara de Representantes con un amplio respaldo bipartidista, pero su recorrido en el Senado está siendo más complejo. La Cámara Alta trabaja sobre su propia versión del texto y varios senadores demócratas han condicionado su apoyo a la incorporación de normas más estrictas sobre conflictos de interés y ética pública relacionados con los negocios de activos digitales del presidente Donald Trump y de su entorno familiar. Los republicanos y buena parte de la industria sostienen, por el contrario, que ambas cuestiones deberían debatirse por separado para no retrasar una reforma que consideran estratégica para la competitividad de Estados Unidos.
Si la ley no consigue avanzar antes del receso parlamentario de agosto, no decaerá automáticamente, pero sí podría perder impulso político. A la vuelta del verano tendrá que competir con la negociación del presupuesto federal, la financiación de la Administración y una agenda legislativa cada vez más condicionada por las elecciones de noviembre.
Mientras tanto, la SEC y la CFTC seguirán marcando el ritmo de la regulación estadounidense. Continuarán aprobando reglamentos, interpretaciones y criterios supervisores que condicionarán la evolución del mercado. Sin embargo, ninguna de esas decisiones podrá ofrecer por sí sola la estabilidad jurídica que proporciona una ley aprobada por el Congreso.