El Gobierno de Francia ha publicado su primera Guía de uso de la IA para los funcionarios del Estado, un documento interministerial dirigido a cerca de 2,5 millones de funcionarios y concebido para establecer unas reglas comunes sobre el uso de estas tecnologías en la administración pública. El objetivo del documento es poner orden en un fenómeno que ya se ha instalado en sus administraciones. Los funcionarios utilizan inteligencia artificial generativa en su trabajo diario, pero muchas veces lo hacen sin un marco claro que determine qué pueden hacer, qué deben evitar y qué riesgos implica su uso.
Francia regula el uso cotidiano de la IA entre sus funcionarios
La iniciativa ha sido impulsada por la Dirección Interministerial de lo Digital (DINUM), en colaboración con la Dirección Interministerial de la Transformación Pública (DITP) y la Dirección General de la Administración y la Función Pública (DGAFP). La publicación llega en un contexto en el que la IA generativa ya forma parte del día a día de una parte importante del personal público francés, con o sin autorización formal.
Según explicó Ishan Bhojwani, responsable del departamento de IA de la DINUM, muchos agentes que trabajan en administraciones que todavía no disponen de una carta o guía propia reclamaban un marco claro que les permitiera distinguir qué usos están permitidos y cuáles no.
La preocupación no es únicamente teórica. Un estudio interno realizado durante la primera mitad del año reveló que más de la mitad de los agentes públicos ya utilizaba herramientas de IA generativa por iniciativa propia, muchas veces sin supervisión y sin conocer plenamente los riesgos asociados. Es el fenómeno conocido como shadow AI o IA en la sombra. Es decir, empleados que recurren a herramientas de inteligencia artificial al margen de los sistemas y procedimientos establecidos por sus organizaciones.
La propia guía deja claro su alcance y se presenta como un documento de referencia interministerial destinado a homogeneizar las prácticas y acompañar a los agentes públicos, pero sin otorgarle por sí mismo valor normativo o reglamentario. En lugar de desarrollar un extenso marco teórico o jurídico, el documento apuesta por un enfoque eminentemente práctico, basado en recomendaciones operativas, ejemplos concretos y puntos de atención que puedan aplicarse directamente al trabajo cotidiano de los funcionarios.
Actualizar la guía periódicamente
Está previsto que la guía se actualice periódicamente para adaptarse tanto a la evolución de las tecnologías de inteligencia artificial como a los cambios en el marco legal, especialmente los derivados del Reglamento europeo sobre inteligencia artificial y del Reglamento General de Protección de Datos. En la introducción del documento, el ministro de Acción y Cuentas Públicas subraya que la inteligencia artificial ya no pertenece al futuro y que está presente en las administraciones, en los distintos oficios públicos y en la vida cotidiana de los organismos del Estado.
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David Amiel insiste también que la IA nunca sustituirá el criterio de un agente público bien formado y consciente del alcance de sus decisiones. Precisamente porque no lo reemplaza, sostiene, la inteligencia artificial puede convertirse en un apoyo real para el trabajo de los funcionarios, siempre que se utilice correctamente.
La guía sitúa la responsabilidad humana como eje de cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del sector público. Ningún contenido generado por estos sistemas puede utilizarse sin una verificación previa adaptada a su nivel de sensibilidad. La precaución debe extremarse especialmente cuando la IA intervenga en una decisión administrativa, una comunicación institucional, un análisis jurídico o financiero o en el tratamiento de datos personales.
La igualdad de trato
La advertencia responde a limitaciones conocidas de los actuales modelos de inteligencia artificial: posibilidad de generar errores o información inexacta, presencia de sesgos, fenómenos de alucinación y una comprensión limitada del contexto real de cada situación.
La conclusión práctica es que la IA puede asistir, pero el funcionario continúa siendo responsable de comprobar y validar el resultado. El Gobierno francés también establece límites claros sobre hasta dónde puede llegar la automatización de la administración. Uno de los principales es que la inteligencia artificial no tomará decisiones administrativas de forma autónoma.
Tampoco deberá sustituir a los profesionales que mantienen un contacto directo con la ciudadanía, como docentes, personal sanitario, trabajadores sociales o agentes de atención al público. Según las comunicaciones oficiales, se trata de una línea tanto reglamentaria como política en un terreno especialmente sensible, especialmente ante la posibilidad de utilizar la automatización para sustituir personal por razones presupuestarias. Para el Gobierno, esa posibilidad resulta inaceptable.
La guía refuerza asimismo otro principio esencial de la administración pública: la igualdad de trato entre los ciudadanos. El empleo de inteligencia artificial no puede provocar discriminaciones ni romper el principio de igualdad, una cuestión especialmente relevante después de las críticas recibidas por algoritmos de perfilado utilizados en el pasado para detectar posibles fraudes en prestaciones sociales, un asunto que continúa pendiente de resolución judicial.
El plan «Notre IA»
La guía forma parte de un plan más amplio denominado Notre IA, con el que Francia pretende proporcionar a su administración herramientas de inteligencia artificial seguras y soberanas. Entre ellas destaca L’Assistant, un asistente conversacional desarrollado por la DINUM junto con Mistral AI y alojado en infraestructuras de Outscale, filial de computación en la nube de Dassault Systèmes.
La herramienta ya está disponible para el conjunto de los agentes del Estado y permite realizar tareas como resumir informes, reformular notas, extraer información de documentos o traducir textos. Además, recientemente ha incorporado funciones que permiten crear proyectos apoyados en bases documentales propias. El plan incluye también herramientas dirigidas a necesidades específicas de determinados organismos.
Una de ellas es Langage Clai”, utilizada por el personal de la Dirección General de Finanzas Públicas para reformular cartas administrativas en un lenguaje más sencillo y accesible, pero sin perder precisión. También se preven aplicaciones específicas para el Ministerio de Justicia destinadas a la síntesis de expedientes y la transcripción de audiencias, con el objetivo de reducir plazos y aliviar la carga de trabajo del personal.
Formar a funcionarios
El Gobierno francés parte la premisa de que establecer reglas no sirve de mucho si quienes deben aplicarlas no entienden cómo funciona la tecnología. Por eso, la publicación de la guía está acompañada de una estrategia de formación. A partir de septiembre, los futuros Institutos del Servicio Público incorporarán contenidos relacionados con la inteligencia artificial a sus programas de formación inicial y continua. La iniciativa se suma a programas que ya estaban disponibles a través de la plataforma interministerial MENTOR.
Entre ellos figura un curso introductorio de seis horas dedicado a los conceptos, retos y oportunidades de la inteligencia artificial, así como otro programa más breve, desarrollado junto con el instituto de investigación INRIA, centrado específicamente en el funcionamiento de la IA generativa y en las buenas prácticas para utilizarla.
La estrategia se apoya también en trabajos previos desarrollados por la DGAFP en materia de gestión de recursos humanos, orientados a promover un uso ético de la inteligencia artificial y centrado en las personas. A ellos se añaden las recomendaciones formuladas por la Comisión Superior de lo Digital y de Correos sobre el empleo de la inteligencia artificial dentro del sector público.
Inquietudes legítimas sobre el futuro del empleo público
La filosofía que recorre el documento puede resumirse en una idea defendida por el propio David Amiel: la tecnología debe servir para reducir la carga administrativa de los empleados públicos, no para sustituirlos. La estrategia intenta así resolver una contradicción que las administraciones públicas empiezan a afrontar de manera directa.
Por un lado, la IA generativa ofrece herramientas capaces de acelerar tareas, resumir documentos, reformular textos, procesar información y reducir determinadas cargas burocráticas. Por otro, su utilización sin controles introduce riesgos relacionados con los errores, los sesgos, la protección de datos, la responsabilidad administrativa y la igualdad de trato. El propio Gobierno reconoce, además, que la llegada de estas tecnologías provoca inquietudes legítimas sobre el futuro del empleo público.
La guía y las medidas de formación y acompañamiento que la rodean pretenden, al menos en parte, responder a esas preocupaciones. Con este primer marco común, la apuesta de Francia no pasa por expulsar la inteligencia artificial de la administración, sino por determinar dónde puede utilizarse, bajo qué condiciones y, sobre todo, dónde debe detenerse.
De hecho, el principio que atraviesa todo el documento es que la IA puede ayudar al funcionario, pero la decisión y la responsabilidad deben seguir siendo humanas.