La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) exige a los proveedores de servicios criptográficos (CASP) retirar del mercado las stablecoins no conformes con MiCA a finales del primer trimestre de 2025. Según las directrices emitidas por ESMA, en los casos necesarios, los CASP proporcionarán únicamente servicios de liquidación bajo la modalidad de solo venta.
ESMA afirma que en la Unión Europea los CASP deben alinear sus operaciones relacionadas con stablecoins con el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA). Dicho reglamento entró en vigor el 30 de diciembre 2024 y establece un marco legal uniforme para estas actividades.
ESMA y las stablecoins
La ESMA destaca que las stablecoins no conformes con MiCA, es decir, aquellas que no han sido autorizadas o admitidas en la UE bajo esta regulación, deben ser retiradas del mercado por parte de CASP. Dichos proveedores tienen hasta el final del mes de marzo de 2025 para cesar la oferta de stablecoins no autorizadas.
La regulación considera como infracciones graves cualquier actividad que involucre la emisión, oferta al público o admisión a negociación de stablecoins sin la debida autorización bajo los Títulos III y IV de MiCA.
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Para cumplir con estas disposiciones, los CASP deberán dejar de ofrecer ARTs y EMTs no autorizadas a través de plataformas de negociación. Implementar campañas informativas para explicar la los inversores as restricciones y las opciones disponibles para liquidar o convertir sus activos. Asimismo, deberán desarrollar mecanismos que permitan a los inversores convertir sus posiciones en stablecoins no autorizadas a alternativas conformes a MiCA.
Autoridades nacionales
Con estas medida, ESMA busca garantizar una transición ordenada para los inversores, minimizando posibles disrupciones en el mercado de criptoactivos.
Para facilitar este proceso, las Autoridades Nacionales Competentes (NCA) trabajarán en estrecha colaboración con los CASP, supervisando que las medidas se implementen de manera uniforme en toda la UE. Con estas medidas, la ESMA, además de proteger a los inversores europeos, busca posicionar a la UE como líder en la regulación de criptoactivos, estableciendo un estándar internacional para el manejo de stablecoins.