La IA puede ahorrar siglos de trabajo al sector público, dice OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe que examina más de 200 casos de uso de inteligencia artificial (IA) en once funciones centrales de los gobiernos. El estudio detalla cómo las administraciones públicas aplican esta tecnología en áreas como la prestación de servicios, la administración de justicia, la lucha contra la corrupción, la gestión de las finanzas públicas y la reforma de la función pública, destacando tanto los beneficios como los riesgos asociados a su adopción.
La IA y el trabajo en el sector público
Según la OCDE, la IA puede transformar la gestión pública mediante procesos automatizados, decisiones más precisas, detección de fraudes y mejoras en la eficiencia del empleo público. Un ejemplo citado es el del Instituto Alan Turing, que estima que la automatización de tareas rutinarias podría ahorrar al servicio público británico el equivalente a 1.200 años-persona de trabajo anual. No obstante, el informe subraya que la adopción gubernamental de la IA avanza más lentamente que en el sector privado.
La OCDE identifica 200 casos de uso de IA para los gobiernos
El análisis revela que el uso de la IA es más frecuente en la prestación de servicios públicos, justicia y participación ciudadana, mientras que su presencia es menor en áreas como la reforma administrativa o la gestión tributaria, debido a limitaciones legales y normativas. En cambio, su aplicación en la administración de justicia o la gestión financiera crece ante la necesidad de responder a la alta demanda y a la complejidad de los procesos públicos.
Pérdida de empleos públicos
Entre los principales riesgos, la OCDE advierte sobre los sesgos algorítmicos, la falta de transparencia, el uso indebido de datos, la dependencia tecnológica y la pérdida de empleos públicos si la IA reemplaza —en lugar de complementar— las capacidades humanas. También alerta de que no aprovechar la IA representa un riesgo en sí mismo, ya que amplía la brecha entre el sector público y el privado y debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para innovar.
Los indicadores de OCDE para medir capacidades globales en IA
El informe identifica además varios desafíos en la implementación, entre ellos la falta de habilidades técnicas, los problemas para compartir datos de calidad, los costes financieros y la escasez de directrices concretas que orienten las estrategias de IA gubernamentales. Estas carencias, combinadas con una fuerte aversión al riesgo, hacen que muchos proyectos permanezcan en fase piloto y que los gobiernos tengan dificultades para medir su impacto o justificar su inversión.
Métricas para evaluar los resultados de la IA
Para garantizar un uso confiable de la IA, la OCDE propone tres pilares: habilitadores, salvaguardas y participación. Los habilitadores incluyen una gobernanza sólida, infraestructura digital adecuada, competencias técnicas y recursos financieros. Las salvaguardas abarcan normas de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de supervisión. La participación se centra en involucrar a ciudadanos, sociedad civil y empresas en el diseño y evaluación de las políticas de IA.
El organismo recomienda además que los gobiernos prioricen aplicaciones de alto beneficio y bajo riesgo, fomentando la transparencia, la equidad y la seguridad en todas las etapas del desarrollo tecnológico. La mayoría de los países, señala la OCDE, aún carecen de métricas claras para evaluar los resultados de la IA, como la eficiencia del gasto público o el impacto social.
Finalmente, la OCDE subraya que muchos programas gubernamentales de IA todavía están en una fase inicial, pero ya ofrecen lecciones valiosas sobre cómo aprovechar esta tecnología para generar valor público. El objetivo, concluye el informe, es que los gobiernos evolucionen de simples usuarios de tecnología a creadores activos de soluciones basadas en una IA confiable, justa y segura.