Si alguien nos hubiera dicho en 2025, que veríamos a una administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela, coordinando flujos de caja administrados por la Casa Blanca de Donald Trump, hubiéramos pensado que era ficción. Pero tras el sismo político del 3 de enero, con la captura de Maduro y el inicio del cambio de régimen, Venezuela ha entrado en territorio inexplorado.
Y es que lo que los venezolanos están viviendo en este primer trimestre de 2026 no es una simple transición; es una cirugía a corazón abierto de la economía nacional, abriendo por primera vez en 25 años las puertas a un cambio de modelo que podría sacar al país del foso en donde se encuentra.
Una terapia de shock geopolítica
La administración interina, bajo la tutela de Washington, ha logrado establecer un mecanismo de flujo de divisas que utiliza a terceros países, específicamente un fondo catarí, para canalizar recursos provenientes de la venta de crudo venezolano directamente al mercado interno. Este mecanismo no solo busca financiar el gasto público, sino principalmente estabilizar un sistema cambiario que durante 2025 sufrió una depreciación del bolívar superior al 80% y una inflación que rozó el 500%.
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De hecho, ya se ha realizado una inyección inicial de 300 millones de dólares, que fueron directamente administrados por bancos privados, y que ha tenido un efecto brutal en la economía: reducir la brecha cambiaria. Y no hablamos de unos pocos puntos porcentuales, hablamos de una bajada del 50% en la brecha. El dólar de mercado o paralelo en Venezuela, ha pasado de los 900 Bs por dólar, a poco más de 450 bs por dólar. Todo ello, impulsado por la expectativa de estas nuevas ventas privadas de dólar y a precio de mercado.
Pero lo más sorprendente es que, pese a que este fenómeno de apreciación del bolívar no responde a una mejora en la productividad interna, sino a una intervención exógena masiva diseñada para cerrar la brecha cambiaria, la respuesta ha sido extremadamente positiva, y todo apunta a que la tendencia seguirá. Por supuesto, la tasa de cambio puede volver a subir, pero el único detonante hacia esa línea recae en el Gobierno de Delcy Rodríguez, y la aplicación o no, de la receta económica servida por Washington, y escrita por Marco Rubio y su equipo.
Reestructuración interna
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela, está fuera de la ecuación en este esquema, y eso manda un poderoso mensaje: el estado venezolano comienza a dejar de lado su altísimo intervencionismo para dar espacio a que el mercado respire y se desarrolle por sí mismo.
La política monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV) durante el chavismo ha sido «errática», según analistas de la UCAB, lo que ha generado una desaceleración persistente del consumo privado y una caída dramática del crédito bancario. Con un encaje legal situado en el 73% (y que ha llegado al 100%), el sistema financiero tradicional se encuentra incapacitado para actuar como motor de crecimiento, lo que reduce los créditos del país a apenas el 2% del PIB, una cifra insignificante comparada con el promedio latinoamericano de entre 40% y 50%. Esta restricción del crédito obliga a los agentes económicos a operar en un entorno de «supervivencia de flujo de caja», donde el acceso a dólares líquidos es la única garantía de continuidad operativa.
Esto se hace más visible ahora, ya que con la liberación de dólares a bancos privados, estos han comenzado de inmediato a lanzar productos de crédito e inversión. Y eso ha demostrado ser una potente herramienta de transformación financiera, que puede cambiarlo todo en el país.
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Dinámica de precios y la inercia de la inflación
Pero quizás uno de los hallazgos más críticos tras el 3 de enero de 2026, es la desconexión parcial entre la caída del precio del dólar y el ajuste de precios de productos y servicios. A pesar de que el dólar paralelo bajó de 900 a cerca de 400-480 bolívares en algunas ventanas del mes, los precios de la canasta básica no mostraron una reducción proporcional. Este fenómeno de rigidez de precios a la baja se explica por la estructura de inventarios: la mayoría de los comercios adquirieron su mercancía cuando la divisa se encontraba en sus máximos históricos de 2025, y reducir los precios de inmediato implicaría reconocer pérdidas masivas sobre el patrimonio.
Esto ha hecho que la «inflación en dólares» se haya consolidado como la métrica real de la pérdida de poder adquisitivo. Para mediados de enero de 2026, se estima que el costo de vida en dólares ha aumentado un 21,3% interanual, impulsado por el encarecimiento de los servicios y la logística. Una familia de cinco personas requiere aproximadamente 564,97 dólares mensuales solo para cubrir la canasta alimentaria básica, un monto que contrasta con la realidad de una clase trabajadora cuyos ingresos, aunque ahora priorizados por el uso de los fondos petroleros, siguen siendo insuficientes ante la volatilidad del mercado.
Disparidad de precios
Así, la disparidad en los precios refleja que los rubros perecederos y de alta rotación (carne, pollo) han comenzado a mostrar ajustes a la baja por la presión de la competencia y la mejora en la oferta, mientras que los productos importados o con mayor componente logístico (aceite, lácteos, arroz) mantienen una tendencia alcista impulsada por las expectativas de devaluación a largo plazo. La inflación proyectada para el cierre de 2026 por el FMI alcanza el 682,1%.
Solo por ofrecer un dato sobre el impacto de todo esto, un docente universitario público cobra en Venezuela unos 2$ mensuales de salario, algo que ha denunciado la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. La subsistencia del mismo depende de lo que el Gobierno llama «Bonos de Guerra», que son unos 120 dólares al mes. Así, el salario quedaría en unos 122 $ al mes, muy lejos del coste de la canasta básica. La perspectiva es que con esta apertura financiera y económica, 2026 sea un año de cambios, en la que esta situación mejore de forma considerable, mejorando así la calidad de vida de los trabajadores, aunque no será una solución total ni mucho menos definitiva.
Reforma petrolera como eje de la estabilidad fiscal
El principal motor de ese cambio será el sector petrolero venezolano, el cual ha entrado en una fase de «análisis y recuperación» bajo la nueva gestión de Delcy Rodríguez. El objetivo declarado para 2026 es incrementar los ingresos en divisas en un 37%, aprovechando los acuerdos alcanzados con la administración Trump para redirigir las exportaciones de crudo desde China hacia los Estados Unidos y Europa. En el esquema previo, más del 80% de las ventas se concentraban en China bajo condiciones de fuertes descuentos y acuerdos de pago de deuda, lo que limitaba el flujo de caja neto para el Estado venezolano.
El fin de la Ley de Hidrocarburos del Chavismo
Pero la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entregada al Parlamento en enero de 2026 y aprobada el pasado 22 de enero, elimina las trabas para la inversión extranjera, permitiendo que empresas como Chevron no solo operen como socios minoritarios, sino que tengan pleno control sobre la producción y comercialización. Recordemos que el país produce actualmente cerca de 700 mil barriles diarios, pero el potencial de recuperación es inmenso si se logran las inversiones estimadas en 100.000 millones de dólares necesarias para retornar a los niveles de 4 millones de barriles en la próxima década.
LAS CRIPTOMONEDAS COMO ALTERNATIVA AL CONTROL FINANCIERO EN VENEZUELA
De lograrse esos números, la recuperación de la economía venezolana podría saltar a números de hasta el 20% del PIB para 2027-2028. Además, la nueva ley incorpora el arbitraje internacional para la resolución de controversias, entre otras medidas fiscales que buscan hacer del negocio petrolero, algo más lucrativo para las empresas, sobre todo teniendo en cuenta que las ganancias anteriores para las empresas (en la Ley de 2006) eran de un 3-5% del total comercializado. Pero nuevamente, todo depende de la apertura política y del delicado equilibrio actual, que mantiene fuertes recelos en empresas extranjeras para entrar en Venezuela y hacer inversiones.
Stablecoins y su consolidación como infraestructura de liquidación
En este contexto de fragilidad institucional y volatilidad cambiaria, las criptomonedas han dejado de ser un activo especulativo para convertirse en una infraestructura de liquidación de facto. Venezuela es actualmente la cuarta economía de Latinoamérica que más criptoactivos recibe, con un flujo aproximado de 47.500 millones de dólares en 2025. El uso de stablecoins, particularmente de USDT (Tether), se ha consolidado como un «engranaje silencioso» de la economía cotidiana, permitiendo a las empresas y ciudadanos proteger su patrimonio frente a una devaluación que en 2025 superó el 300% en términos de inflación acumulada.
Este nivel de adopción es una respuesta pragmática a las limitaciones del sistema financiero tradicional, controlado por el BCV y que ahora está en revisión. Por ello, el USDT se utiliza hoy para la fijación de precios en bolívares, como método de pago en comercios que carecen de divisas en efectivo para dar cambio (el fenómeno del «vuelto») y como herramienta esencial para la gestión de tesorería intradía en el sector B2B.
Un medidor de desconfianza
Sin embargo, el USDT también es un medidor de la desconfianza. Tras el 3 de enero, su subida hasta los 900 Bs/USDT (o dólar) mandaba un claro mensaje de que el país estaba en un punto de quiebra. La respuesta interna y el control de Washington evitaron eso, pero ello no elimina el problema central de un régimen que ahoga a los venezolanos y su economía.
Antes de la venta de los 300 millones por parte de los bancos, USDT registro una fuerte baja, alcanzando niveles tan bajos como 370 Bs/USDT. La buena expectativa de cambio es lo que impulso esto, pero la venta limitada de esos dólares bancarios, ha llevado a USDT a subir un poco, llevándole a su precio actual: 450 Bs/USDT. Si las ventas de dólares bancarios no se dan en tiempo y orden, lo que veremos nuevamente es que el USDT comenzará su ascenso, la inflación golpeará los precios y volverá la misma dinámica caótica.
De hecho, se estima que en este caso, para finales de 2026, la cotización del USDT podría cerrar en unos 1200 bolívares por dólar, reflejando su papel como el verdadero termómetro de la economía real y de las expectativas de cambio en Venezuela.
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El regreso de los organismos multilaterales
De allí que sea tan importante la reestructuración de la deuda de Venezuela, la cual asciende a más de 170 mil millones de dólares, y el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para la refinanciación del país.
Y es que tras años de relaciones suspendidas, el gobierno de Delcy Rodríguez ha comenzado a sostener reuniones exploratorias que buscan determinar las condiciones técnicas para que Venezuela pueda acceder a cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y asistencia financiera para su reconstrucción estructural. Este es un reconocimiento tácito de la situación en Venezuela: una deuda asfixiante, generalmente a China en condiciones absurdas (petróleo con descuentos, y deuda con hasta 13% de interés), lo que mantenía al país en decadencia y con una producción petrolera secuestrada.
Frente a esto, las condiciones del FMI y el Banco Mundial (generalmente prestamos a largo plazo y con 5% de interés), son mucho más flexibles, pero no por ello menos costosas. Las reformas fiscales, de gasto y políticas exigidas, llevarán inexorablemente al desmantelamiento del modelo económico social-comunista que ha imperado en Venezuela desde 2003. Un golpe que costará mucho a la población, pero que en el largo plazo podrá llevar a una mejoría general de sus condiciones económicas.
Sin embargo, los principales obstáculos para todo esto siguen siendo la escasez de estadísticas oficiales confiables y el estatus de reconocimiento político internacional, pero la voluntad de Washington de flexibilizar sanciones petroleras adicionales ha abierto una ventana de oportunidad inédita. Y todo parece apunta que la Venezuela de Delcy Rodriguez no quiere perderse esa oportunidad.