JP Morgan Chase Bank, uno de los bancos más grandes del mundo, ha sido acusado de habilitar y facilitar un masivo esquema ponzi en criptomonedas operado por Goliath Ventures. Se trata de una demanda colectiva presentada el pasado 10 de marzo de 2026 en Estados Unidos en la que acusan a la citada firma de recaudar al menos $328 millones de más de 2.000 inversores entre enero de 2023 y enero de 2026.
El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A, fue presentado por el inversor Robby Alan Steele en representación de una clase nacional de víctimas. Steele alega que liquidó su cuenta de retiro y transfirió los fondos a una cuenta de Goliath Ventures en JP Morgan Chase, para luego verlos desaparecer tras el colapso del esquema. El papel de JPMorgan Chase según la demanda sostiene que Chase fue la infraestructura bancaria esencial del fraude durante casi dos años y medio (de enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025).
JP Morgan y un esquema Ponzi cripto
Según los documentos, Goliath Ventures utilizó principalmente cuentas bancarias en JP Morgan Chase como el núcleo de su operación financiera. Entre ellas destacaba una cuenta comercial que terminaba en 0305, en la cual Christopher Alexander Delgado, CEO de la empresa, figuraba como el único firmante autorizado.
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Estas cuentas sirvieron como el principal canal para recibir las transferencias de los inversores durante casi dos años y medio. A través de estas cuentas en Chase transitaron aproximadamente 253 millones de dólares, lo que representa casi dos tercios del total de fondos recaudados por el esquema, estimado en 328 millones de dólares.
Los movimientos fueron caracterizados por entradas y salidas rápidas y de gran volumen, un patrón típico de operaciones sospechosas que no correspondían a una actividad de inversión legítima en criptomonedas. El banco procesó numerosas transacciones que alimentaron directamente el fraude: transferencias hacia exchanges como Coinbase, pagos falsos de supuestos «retornos» mensuales a inversores anteriores para mantener la ilusión de rentabilidad, y desembolsos directos para cubrir los gastos personales de lujo de Delgado. Como la compra de propiedades multimillonarias, vehículos de alta gama y eventos extravagantes.
Miles de inversores afectados
A pesar de estos flujos anómalos, JP Morgan Chase no intervino ni reportó las operaciones a las autoridades. La demanda colectiva sostiene que el banco ignoró múltiples banderas rojas evidentes, entre ellas patrones inusuales de transacciones, la ausencia total de actividad legítima relacionada con criptoactivos, y claros indicios de posibles violaciones a las normas anti-lavado de dinero (AML).
Asimismo, se argumenta que Chase incumplió sus obligaciones regulatorias de debida diligencia, incluyendo los procedimientos de «Conoce a tu Cliente» (KYC) y el monitoreo continuo de cuentas de alto riesgo. Al no actuar pese a estas señales claras, JP Morgan Chase permitió que el esquema Ponzi continuara operando durante años y, «peor aún, le otorgó una apariencia de legitimidad al ser procesados los fondos a través de una de las instituciones financieras más reconocidas del mundo». Según los demandantes, esta omisión facilitó el engaño a miles de inversores y contribuyó directamente a la magnitud de las pérdidas sufridas.
La querella califica la conducta del banco como negligencia, facilitación o incluso ayuda y complicidad en el fraude, y busca daños compensatorios, punitivos y medidas cautelares para las víctimas.
Un arrestado
El fraude salió a la luz el 24 de febrero de 2026, cuando las autoridades federales arrestaron a Christopher Alexander Delgado, de 34 años, de Apopka, Florida,, CEO y presidente de Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm). Fue acusado de fraude por transferencia electrónicay lavado de dinero, cargos que conllevan hasta 30 años de prisión si es condenado.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, Goliath se promocionaba como una plataforma de inversión en «piscinas de liquidez» de criptomonedas que prometía retornos mensuales garantizados del 3% al 8%, hasta 48% anual en algunos casos. En realidad, operaba como un clásico esquema Ponzi, donde los fondos de nuevos inversionistas pagaban «retornos» a los anteriores, mientras Delgado usaba el dinero para lujos personales, incluyendo cuatro propiedades residenciales valoradas entre $1.15 y $8.5 millones, vehículos de alta gama y fiestas extravagantes.