criptomonedas para evadir sanciones

Cuando los Estados eligen las criptomonedas para evadir sanciones y financiar operaciones

13 enero, 2026 3 min read

El volumen de transacciones ilícitas alcanzó un récord histórico de 154 mil millones de dólares en 2025, lo que significa un incremento del 162% respecto al año anterior. A diferencia de periodos anteriores, donde predominaban actores aislados o redes profesionales, el panorama actual está dominado por la actividad masiva de estados-nación que utilizan la infraestructura criptográfica para evadir sanciones internacionales y financiar operaciones estatales a una escala global.

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Naciones-estados, principales impulsores de la ilegalidad

Los datos de un reciente reporte de Chainalysis revelan que actores estatales como Rusia, Corea del Norte e Irán son los principales motores de esta escalada. El lanzamiento de la stablecoin rusa A7A5, respaldada por el rublo, facilitó por sí sola más de 93,3 mil millones de dólares en transacciones ilícitas en menos de un año, sirviendo como herramienta clave para eludir bloqueos financieros.

Por su parte, el grupo norcoreano Lazarus ejecutó el mayor robo de la historia contra el intercambio Bybit, contribuyendo a un botín estatal de 2 mil millones de dólares solo en 2025. Esta participación soberana ha provocado un aumento del 694% en el valor recibido por entidades sancionadas, consolidando a las criptomonedas como un recurso estratégico para la evasión de controles internacionales.

El éxito de esta ofensiva estatal se apoya en un cambio radical en los activos utilizados: las stablecoins ahora representan el 84% de todo el volumen ilícito, desplazando al Bitcoin debido a su baja volatilidad y facilidad para las transferencias transfronterizas. Paralelamente, redes de lavado de dinero, particularmente desde China, han profesionalizado el «lavado como servicio», permitiendo que estas naciones-estado oculten sus rastros con una eficacia operativa alarmante.

Este nuevo paradigma no solo amenaza la integridad del sistema financiero digital, sino que vincula la actividad en la cadena de bloques con la violencia física y la inestabilidad geopolítica, elevando los riesgos para la seguridad nacional y la protección del consumidor a niveles nunca antes vistos.

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Stablecoins, el medio preferido

Por su parte, las stablecoins se han convertido en el activo dominante para las actividades ilícitas, desplazando significativamente a Bitcoin. En 2025, las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas, mientras que Bitcoin cayó a aproximadamente el 7%.

Su papel crítico se debe a varias ventajas prácticas que los actores ilícitos y los estados nación aprovechan como lo son; la baja volatilidad y alta utilidad, ya que facilitan el resguardo de valor sin las fluctuaciones de otras criptomonedas. Además, las stablecoins facilitan las transferencias transfronterizas, permitiendo mover grandes sumas de dinero a través de fronteras de manera rápida.

Otro gran punto a favor es la enorme liquidez y acceso global de las stablecoins. Un ejemplo de esto lo vemos en los hackers norcoreanos, quienes priorizan stablecoins como USDT y USDC, debido a su alta liquidez y facilidad de acceso en intercambios globales. Por supuesto, corren el riesgo de que los fondos sean congelados si son detectados, pero los hackers suelen hacer movimientos rápidos de fondos para despistar y terminar en esquemas mixtos de criptomonedas que dificultan su rastreo con el pasar del tiempo.

Profesionalización del crimen

El incremento en la actividad de los estados-nación y la profesionalización del crimen en la cadena de bloques representan riesgos sistémicos que amenazan la estabilidad global del ecosistema cripto. Esta tendencia no solo pone en jaque la seguridad nacional mediante la evasión masiva de sanciones, sino que también dificulta la protección del consumidor frente a ataques de alta sofisticación. Al integrarse actores soberanos con cadenas de suministro ilícitas ya existentes, se eleva drásticamente la complejidad para las agencias gubernamentales, transformando el sector en un tablero de conflicto geopolítico donde la integridad del mercado se ve constantemente socavada.

A nivel humano, la criminalidad ha trascendido el ámbito digital para manifestarse en un alarmante aumento de la violencia física. Los denominados «ataques de coerción física», que suelen repuntar junto con el precio de los activos, demuestran una conexión directa entre la actividad on-chain y el peligro real para los usuarios. Esta amenaza se ve potenciada por una infraestructura criminal resiliente y de «pila completa», diseñada específicamente para resistir sanciones y cierres legales, lo que permite tanto a delincuentes comunes como a grupos estatales, operar con una impunidad casi imparable.

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Finalmente, la magnitud del capital ilícito, que ha llegado a registrar transacciones por 154 mil millones de dólares, impone una presión regulatoria sin precedentes sobre las empresas legítimas. Y, si este esquema de criminalidad profesionalizada persiste, el sector corre el riesgo de degradar su legitimidad, convirtiendo una infraestructura financiera innovadora en una herramienta de inseguridad y violencia sistemática.