asil prohíbe las stablecoins en los pagos internacionales
asil prohíbe las stablecoins en los pagos internacionales

Brasil prohíbe las stablecoins en los pagos internacionales para blindar su banca tradicional

Brasil se convierte en la primera gran economía democrática en cerrar la puerta a las stablecoins como vía de pago internacional. Las autoridades del país han debido pensar que funcionan demasiado bien como banca paralela, así que han decidido cortarlas de de raíz para que el control vuelva al Banco Central de Brasil. Aunque China fue el primer país en prohibir todo lo relacionado con cripto, Brasil es el primero en prohibir específicamente su función como puente de divisas en una economía abierta y digitalizada.

En este sentido, el Banco Central de Brasil publicó ayer, 30 de abril de 2026, la resolución N.° 561 de la BCB, en la que prohibe el uso de criptomonedas en los pagos y transferencias internacionales realizados a través de plataformas digitales. A partir de la  nueva normativa, este tipo de operaciones solo podrá realizarse mediante canales financieros tradicionales y supervisados.

Brasil y las stablecoins

Aunque la norma no menciona explícitamente a las stablecoins, su impacto recae directamente sobre ellas. Al prohibir el uso de activos virtuales en los pagos internacionales digitales, el Banco Central de Brasil cierra la puerta a un mecanismo cada vez más utilizado por fintech y empresas para mover dinero al extranjero de forma rápida y barata.

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Las stablecoins, criptomonedas vinculadas al dólar como USDT o USDC,  funcionaban en la práctica como un atajo frente al sistema bancario tradicional. Con esta decisión, el regulador pretende evitar que operen como una infraestructura paralela de pagos y garantizar que todas las transacciones internacionales pasen por canales controlados y trazables.

Las stablecoins se han convertido en una herramienta ampliamente utilizada en Brasil para pagos y transferencias internacionales. Gran parte del volumen cripto del país está vinculado a estos activos, que muchas empresas y usuarios emplean como un puente para enviar dinero al extranjero de forma más rápida y barata que a través del sistema bancario tradicional. En la práctica, funcionaban como una infraestructura paralela, a menudo combinadas con sistemas locales como Pix. Con la nueva norma, el regulador busca frenar ese uso y recuperar el control sobre unos flujos financieros que ya se estaban desplazando fuera de los canales supervisados.

Según Chainalysis, Brasil mueve cerca de 90.000 millones de dólares en cripto al año, y el 80% de ese flujo es en  stablecoins. Lo que significa que las empresas brasileñas estaban construyendo una autopista financiera paralela para mover dinero por el mundo sin esperar tres días a que un banco les diera el visto bueno.

Las transacciones deberán pasar por el sistema financiero regulado

La medida ha sido presentada como parte de una actualización regulatoria que pretende endurecer el control sobre los llamados pagos internacionales digitales, es decir, aquellos que se realizan desde aplicaciones, fintech o plataformas online para enviar o recibir dinero del extranjero sin recurrir a una transferencia bancaria clásica.

Con este cambio, todas las transacciones deberán pasar por el sistema financiero regulado, utilizando cuentas bancarias u otros mecanismos oficiales. El objetivo es garantizar que los movimientos de dinero sean trazables y reducir riesgos como el fraude o el blanqueo de capitales.

Además de vetar las criptomonedas, la norma introduce límites de hasta 10.000 dólares en determinadas operaciones, como compras online en el extranjero o transferencias vinculadas a inversiones. También establece nuevas obligaciones para las empresas que ofrecen estos servicios, que deberán reforzar sus controles, verificar mejor a sus clientes y conservar la información de las operaciones durante varios años.

A partir del 1 de octubre

La regulación también amplía el número de entidades que pueden prestar estos servicios, incluyendo fintech y otras instituciones de pago autorizadas, aunque bajo condiciones más estrictas. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, dando margen a las empresas para adaptarse a un entorno más controlado en un mercado en rápido crecimiento.

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