Reino Unido aprueba ley para proteger la propiedad cripto. Reino Unido ha aprobado una ley que reconoce los activos digitales como objetos de propiedad personal. La Property (Digital Assets etc) Act 2025 aprobada por el Parlamento británico establece que los bienes digitales y electrónicos pueden ser objeto de derechos de propiedad, al igual que las posesiones físicas o los derechos financieros tradicionales.
Lo que hace la ley británica es normalizar el uso jurídico de los activos digitales y que lo que antes era considerado un experimento tecnológico ahora tiene valor legal. Esto significa que la blockchain puede integrarse plenamente al sistema financiero, porque sus activos ya cuentan con reconocimiento y protección jurídica. Por ejemplo, si alguien te roba tus bitcoins o NFTs puedes reclamar ante un tribunal británico con una base legal clara.
Reino Unido y la propiedad cripto
El texto, publicado como Capítulo 29 del año legislativo, es breve pero de enorme alcance. Su artículo primero especifica que: «una cosa (incluyendo una cosa que sea digital o electrónica en su naturaleza) no está impedida de ser objeto de derechos de propiedad personal únicamente porque no sea una cosa en posesión ni una cosa en acción»
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En términos prácticos, la ley reconoce legalmente los activos digitales, como criptomonedas, tokens no fungibles (NFT), datos tokenizados o activos en blockchain, como bienes que sus titulares pueden poseer, heredar, transferir o reclamar ante los tribunales.
Hasta ahora, el derecho británico distinguía entre things in possession (bienes tangibles) y things in action (derechos exigibles, como deudas o contratos). Los activos digitales, al no encajar en ninguna de esas categorías, se encontraban en un vacío jurídico. Con esta ley, Reino Unido se convierte en una de las primeras jurisdicciones del mundo en reconocer explícitamente los activos digitales como propiedad protegida por ley, reforzando su posición como centro global para la innovación financiera y tecnológica.
Impacto tokenización
La Property (Digital Assets etc) Act 2025 fue elaborada a partir de las recomendaciones de la Law Commission of England and Wales, que en 2023 propuso crear una tercera categoría de propiedad: things in data o bienes basados en información digital. El objetivo, según los legisladores, es ofrecer seguridad jurídica a inversores, empresas y tribunales ante posibles conflictos relacionados con la titularidad y la custodia de activos digitales.
La aprobación de la ley afecta directamente a las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT), los activos tokenizados y los contratos inteligentes. Al reconocerlos como objetos de propiedad, la norma permite que los titulares de wallets digitales ejerzan con mayor claridad sus derechos ante los tribunales en casos de robo, fraude o incumplimiento de custodia.
También abre la puerta a una nueva generación de productos financieros tokenizados, ya que los bancos, fondos y custodios podrán tratar los activos digitales con el mismo estatus jurídico que los instrumentos financieros tradicionales. Al reconocer las criptomonedas y los tokens como propiedad personal, Reino Unido otorga a bancos, fondos de inversión y custodios institucionales la posibilidad de tratarlos igual que cualquier otro activo financiero, como acciones, bonos o divisas.
Herencia digital
El reconocimiento de los activos digitales como propiedad también podrá facilita la herencia digital y la transferencia de tokens o criptomonedas en sucesiones y procedimientos concursales. El texto legal especifica que la norma se aplica a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y que entra en vigor inmediatamente, es decir, el mismo día de su aprobación parlamentaria, el 2 de diciembre de 2025.
Al definir los activos digitales como bienes de propiedad, el país sienta las bases de un marco legal estable y competitivo frente a otras jurisdicciones. Para abogados, reguladores y otros actores del sector, la nueva ley significa que el valor digital también es propiedad, una declaración de principios que sitúa a Reino Unido a la vanguardia del derecho tecnológico global.

