Italia penaliza con penas de hasta cinco años de cárcel por la creación y difusión de deepfakes en su ley marco nacional sobre IA. En dicha ley, el gobierno italiano también refuerza la protección de los derechos de autor frente a obras generadas por máquinas y establece un marco ético y legal para el uso de la IA en sanidad, educación, justicia y administración pública. Con esta iniciativa, el país se convierte en el primero de la Unión Europea en aprobar una ley marco nacional sobre IA, con un modelo diseñado a la medida humana.
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Cárcel por deepfakes en Italia
La Ley n.º 132/2025, publicada en el Diario Oficial el 25 de septiembre, marca un paso decisivo hacia la regulación ética, segura y humanista de esta tecnología, en sintonía con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). La norma, en forma de ley delegada, establece los principios, directrices políticas y criterios éticos para el uso de la IA en sectores estratégicos como la sanidad, la educación, la justicia y la administración pública, dejando en manos del Gobierno su implementación práctica. Además, tipifica nuevos delitos, como la creación y difusión de deepfakes, y refuerza la protección de los derechos de autor frente al contenido generado por máquinas.
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El objetivo central de la ley es promover un uso antropocéntrico, ético y transparente de la inteligencia artificial, maximizando sus beneficios y minimizando riesgos sociales, económicos y sobre los derechos fundamentales. Italia asegura la coherencia normativa con el AI Act europeo, adoptando sus definiciones sobre sistemas de IA, datos, modelos y niveles de riesgo.
La ley se sustenta en una serie de principios clave. Establece la supervisión humana obligatoria para toda decisión automatizada que afecte a derechos u obligaciones fiscales. Prohíbe expresamente la justicia predictiva, es decir, el uso de IA para emitir juicios o sentencias sin intervención humana. Refuerza la protección de datos y el derecho a la explicación, garantizando el cumplimiento del RGPD, la anonimización de los datos y el derecho de los ciudadanos a saber si una decisión fue tomada por una IA y a recibir una explicación comprensible.
Protección de los derechos de autor
Uno de los puntos más relevantes es la tipificación del delito de deepfake. La ley penaliza la difusión de contenidos generados o manipulados mediante IA sin consentimiento, si provocan daños reputacionales, psicológicos o económicos, con penas de prisión de uno a cinco años. En caso de que la víctima sea menor, persona incapaz o autoridad pública, la acción se iniciará de oficio. Además, se refuerzan los mecanismos de protección de los derechos de autor frente a obras generadas o alteradas por IA, garantizando que los creadores humanos mantengan la titularidad de sus obras originales.
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La aplicación de la ley estará coordinada por tres organismos principales. La Agencia para la Italia Digital (AgID) será responsable de la implementación técnica. La Agencia para la Ciberseguridad Nacional (ACN) supervisará la seguridad de los sistemas de IA. Y el Garante de la Privacidad mantendrá su papel en la protección de los datos personales, en consonancia con el RGPD. La normativa fomenta una estrategia nacional de IA “a medida humana”, inspirada en los principios de la Constitución italiana y orientada a la transparencia, sostenibilidad, proporcionalidad y respeto a la privacidad.
Fondo nacional de 1.000 millones de euros
Las empresas, los ciudadanos y la administración pública deberán cumplir con nuevas obligaciones. Los sistemas deberán clasificarse según su nivel de riesgo: inaceptables, altos, limitados o mínimos. Las aplicaciones deberán ser transparentes e informar a los usuarios cuando interactúan con una IA, como ocurre en el caso de los chatbots. Además, se exige documentación técnica, trazabilidad y auditoría de los sistemas. En el ámbito público, la ley impulsa una transformación digital ética, con formación obligatoria en IA para los funcionarios.
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La ley también apuesta por el impulso económico y la innovación. Crea un fondo nacional de 1.000 millones de euros destinado a startups, investigación y atracción de talento en inteligencia artificial, además de ofrecer incentivos fiscales para las empresas que adopten IA conforme a la nueva normativa. Asimismo, promueve programas para el retorno de profesionales italianos del extranjero, con el objetivo de recuperar capital humano especializado.
Con esta legislación, Italia se adelanta al resto de Europa en el desafío de armonizar innovación y derechos humanos, inaugurando una nueva etapa en la gobernanza de la inteligencia artificial. Su modelo, pionero en el continente, servirá como referencia para los demás países de la Unión Europea en la aplicación práctica del AI Act.