El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia histórica al obligar al Gobierno español a entregar el código fuente de la aplicación BOSCO, utilizada para conceder el bono social eléctrico. El fallo consagra la transparencia algorítmica como garantía de justicia y establece que el software público no puede blindarse con copyright, sentando un precedente clave en el uso de IA en la Administración.
Bono social eléctrico
Así, la Sentencia núm. 1119/2025 del Tribunal Supremo de España sobre el acceso al código fuente de la aplicación BOSCO marca un precedente histórico en el ámbito de la inteligencia artificial pública y la transparencia algorítmica. El fallo no solo obliga a entregar el código fuente de esta aplicación, utilizada para determinar el acceso al bono social eléctrico, sino que establece principios de gran alcance: la transparencia como medida de seguridad, la imposibilidad de blindar el software público bajo copyright y la necesidad de que las decisiones automatizadas puedan ser auditadas para garantizar el control judicial. En otras palabras: sin transparencia algorítmica no hay justicia.
Contexto del caso
La recurrente es la Fundación Ciudadana Civio, mientras que la parte recurrida es el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), representado por el Abogado del Estado. El litigio se centra en la solicitud de acceso a información pública sobre la aplicación informática BOSCO, encargada de verificar si un solicitante cumple los requisitos para recibir el bono social eléctrico.
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Durante años, el Gobierno español defendió que BOSCO era una simple calculadora. Sin embargo, miles de solicitudes legítimas de ayuda fueron denegadas sin explicación. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos como ahora el Tribunal Supremo confirmaron que BOSCO tomaba decisiones automáticas con efectos legales, sin supervisión humana.
Fallo del Supremo
La sentencia declara procedente el acceso al código fuente de BOSCO, en los términos que no vulneren límites legales, y pondera los intereses en juego concluyendo que la transparencia puede ser compatible con la protección de bienes jurídicos si se garantiza adecuadamente.
De este modo, establece doctrina sobre cuestiones clave como el alcance del derecho de acceso a la información pública en relación con el software público. La compatibilidad entre transparencia, propiedad intelectual y ciberseguridad y el reconocimiento de que la transparencia algorítmica es una garantía democrática y de justicia.
BOSCO y la IA
Aunque BOSCO no está definido oficialmente como un sistema de IA, sí opera como un sistema de decisión automatizada, evaluando sin intervención humana directa si una persona cumple los requisitos legales para recibir el bono social eléctrico. Por ello, el Supremo lo sitúa en el ámbito de la inteligencia artificial con impacto legal directo.
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Las claves son las siguientes:
Transparencia algorítmica. El fallo reconoce que cualquier sistema automatizado con efectos jurídicos debe ser auditable. Acceder al código fuente es imprescindible para garantizar derechos fundamentales como la defensa, la igualdad y la legalidad.
Gobernanza ética de la IA. La sentencia se alinea con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que exige transparencia, trazabilidad y supervisión humana en sistemas de alto impacto. España se convierte así en uno de los primeros países en consagrar judicialmente la transparencia sobre algoritmos públicos.
Derechos fundamentales y decisiones automatizadas. El Tribunal Supremo confirma que BOSCO no era una herramienta técnica neutra: sus decisiones afectaban derechos fundamentales. La opacidad del algoritmo impedía verificar si se aplicaban los criterios legales correctamente, lo que pudo provocar denegaciones injustas de ayudas.
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Software público y propiedad intelectual. El fallo establece que el software desarrollado por la Administración no puede escudarse en el copyright cuando afecta a derechos ciudadanos. La transparencia se interpreta como medida de seguridad, no como una amenaza.
Implicaciones
El caso BOSCO abre un nuevo escenario para la IA pública en España y posiblemente en Europa:
- Auditorías ciudadanas: organizaciones civiles podrán exigir acceso a algoritmos que afecten derechos.
- Código abierto y revisión externa: se refuerza la idea de sistemas públicos auditables.
- Precedente internacional: la doctrina podría aplicarse a otros sistemas automatizados en España y en otros países.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo subraya que los algoritmos públicos deben estar sujetos al mismo escrutinio que cualquier otra decisión administrativa. El futuro de la IA en el Estado pasa por la transparencia, la auditabilidad y la protección de los derechos ciudadanos.