El Gobierno de España transpone la directiva europea DAC8, que refuerza las obligaciones de información de los proveedores cripto y que permite a Hacienda el embargo de criptomonedas a los contribuyentes deudores. La disposición comunitaria ha iniciado su trámite de información pública tras aprobar el Consejo de Ministros en primera vuelta un anteproyecto de Ley para proceder a la transposición de la directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Hacienda de España y las criptomonedas
La nueva ley que prepara el Gobierno de España supondrá cambios normativos sobre las obligaciones tributarias relacionadas con el mercado de las criptomonedas. Así, permitirá a Hacienda conocer los saldos de cualquier criptoactivo que los contribuyentes tengan en el extranjero, algo que no sucede en la actualidad.
OCDE estandariza la información fiscal global sobre criptoactivo
El Gobierno informa que la DAC8 traslada al ámbito de la Unión Europea el marco de comunicación de información sobre criptoactivos de la OCDE. Un documento, que recoge algunas de las iniciativas recogidas en la Directiva. Como que las obligaciones de diligencia debida y de información sobre estas divisas en España que deberán cumplir los proveedores de servicios de estas afectarán tanto a los usuarios residentes como a los no residentes.
Tal y como informó Observatorio Blockchain, la OCDE, en colaboración con los países del G20, publicó un marco de transparencia fiscal mundial, donde preveía el intercambio automático de información fiscal sobre transacciones en criptoactivos. OCDE propuso en dicho documento un formato estandarizado para poder hacerse anualmene con las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes.
Vanguardia
La transposición de la DAC8, según el Gobierno, permite a España ponerse a la vanguardia europea en este sector. Su puesta en marcha permitirá constituir el marco regulatorio necesario para, una vez se comiencen las obligaciones de información, dar cumplimiento a las obligaciones de asistencia mutua con el resto de estados miembros de la Unión Europea. Algo que se extenderá a otras jurisdicciones con las que se intercambie la información, de conformidad
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