La Policía Metropolitana de Londres (Met) informó ayer la mayor incautación de criptomonedas del mundo (61.000 bitcoin), valorada en más de 5.500 millones de libras, tras una investigación que duró siete años. La operación culminó con la condena de Zhimin Qian, de 47 años, en el Tribunal de la Corona de Southwark por su papel como figura principal en un delito de fraude y lavado de dinero internacional.
Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquisición y posesión de bienes delictivos, en este caso criptomonedas, conforme a la Ley de Productos del Delito de 2002. La incautación se remonta a 2018, cuando el equipo de Delitos Económicos del Met confiscó 61.000 bitcoin vinculados a la ciudadana china, tras recibir información sobre la transferencia de activos ilícitos.
Bitcoin de China a Londres
Según Met, entre 2014 y 2017, Zhang orquestó en China un fraude a gran escala que afectó a más de 128.000 víctimas, ocultando las ganancias en Bitcoin. Huyó de su país con documentación falsa y entró en Reino Unido, donde en septiembre de 2018 trató de lavar las ganancias ilegales mediante la compra de propiedades. Para ello contó con la ayuda de Jian Wen, quien ya fue condenada en 2024 a seis años y ocho meses de prisión por su intervención en la operación criminal.
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Los investigadores británicos lograron rastrear y documentar las maniobras de Qian, que se mantuvo en la clandestinidad durante varios años. El arresto desencadenó una de las investigaciones más complejas en la historia reciente de la Met, que requirió pruebas de múltiples jurisdicciones y el análisis de miles de documentos.
Histórico caso de lavado de dinero
Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Met, indicó que se trata de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en la historia de Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor en el mundo. Lyne subrayó la cooperación con las autoridades chinas, clave para confirmar el origen ilícito de los criptoactivos.
Por su parte, Robin Weyell, fiscal jefe adjunto del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), afirmó que el caso ilustra la magnitud de los ingresos delictivos a disposición de los estafadores y que el CPS trabajará ahora para garantizar, mediante confiscación penal y procedimientos civiles, que los bienes permanezcan fuera de su alcance.