El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha publicado un informe en el que la transparencia de las blockchains públicas, que durante años fue visto como una amenaza para los reguladores, en una herramienta de control para el lavado de dinero. En su último boletín, firmado por Iñaki Aldasoro, Jon Frost, Sang Hyuk Lim, Fernando Perez-Cruz y Hyun Song Shin, el organismo plantea la creación de «puntuaciones de cumplimiento AML», una especie de calificación de pureza para cada unidad de criptoactivo.
Lavado de dinero
Según el documento, los métodos actuales de antilavado de dinero (AML) dependen en gran medida de intermediarios confiables, como bancos, lo que limita su efectividad en entornos descentralizados donde no hay una entidad central responsable. En cambio, la historia pública de transacciones en blockchains permite rastrear la procedencia de cualquier unidad o saldo de criptoactivos, incluyendo stablecoins. Lo que podría habilitar esfuerzos de cumplimiento para AMLy para regulaciones cambiarias (FX) y otras normas.
El BIS carga contra las stablecoins y propone un sistema financiero tokenizado
Uno de los puntos clave es la creación de una «puntuación de cumplimiento AML», que calificaría un criptoactivo en una escala de 0 a 100 según su proximidad a actividades ilícitas. Un puntaje alto indicaría fondos «limpios» provenientes de billeteras permitidas, mientras que uno bajo señalaría vínculos con billeteras en listas de denegación. Esta puntuación se verificaría en los «off-ramps», como intercambios cripto o emisores de stablecoins al convertir a moneda fiat, previniendo la entrada de proceeds de delitos al sistema bancario y fomentando una «cultura de deber de cuidado» entre participantes del mercado cripto.
Stablecoins, preferidas por criminales para lavado de dinero
El boletín destaca el crecimiento rápido de los criptoactivos y su integración con el sistema financiero tradicional, junto con preocupaciones crecientes por su uso en actividades ilícitas. Desde 2022, las stablecoins han superado al bitcoin como el activo preferido por criminales, representando alrededor del 63% de las transacciones ilícitas en 2024, con un volumen estimado de $51.3 mil millones. Estas cifras, según informes de Chainalysis y TRM Labs citados en el documento, son probablemente subestimadas, ya que excluyen lavado relacionado con crímenes no cripto.
En blockchains sin permiso, como Bitcoin (que usa el modelo UTXO) o Ethereum/Tron para stablecoins (basadas en cuentas), no hay intermediarios tradicionales. Sin embargo, el BIS argumenta que esta descentralización puede volverse una ventaja: la trazabilidad completa de transacciones permite evaluar billeteras y UTXOs. Para stablecoins, aunque las unidades se mezclan en billeteras, se puede mapear el árbol de direcciones hasta su minting o quema por el emisor.
Pablo Hernández de Cos, nombrado director general del BIS
El informe propone desde un modelo estricto que requiere listas de permitidos (allow-lists) con verificaciones KYC en todas las transacciones, hasta uno permisivo que solo bloquea vínculos directos con listas de denegación (deny-lists). Opciones intermedias podrían incluir criterios como el tiempo que los fondos han permanecido en billeteras limpias o patrones de transferencias sospechosas.
Multas de incumplimiento
Este sistema incentivaría a usuarios, intercambios y emisores a asumir un «deber de cuidado», posiblemente con multas por incumplimiento. Además, podría extenderse a reglas locales, como impuestos o protección al consumidor, y ayudar a preservar la soberanía monetaria en países con regulaciones cambiarias, dado el uso transfronterizo de stablecoins.
Los firmantes del informe argumentan que los criptoactivos no encajan en el principio de «mismo riesgo, misma regulación» debido a sus características únicas. Incorporar la procedencia en las normas podría diferenciar el valor de tokens «limpios» versus «manchados», generando incentivos positivos y loops de retroalimentación para mayor cumplimiento. La cooperación internacional es crucial, ya que los criptoactivos trascienden fronteras.
El boletín también considera respuestas endógenas, como el uso de mixers por actores ilícitos, pero sugiere que esfuerzos sistemáticos de evasión podrían detectarse y penalizarse en los off-ramps.