La OCDE ha presentado un informe sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en funciones básicas de gobiernos, en el que identifica 200 casos de aplicación en 11 áreas clave, desde los servicios públicos hasta la justicia. El organismo destaca los beneficios de la IA para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, pero advierte también sobre riesgos como sesgos algorítmicos, falta de transparencia y brechas digitales.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer hoy, 18 de septiembre, el documento Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions, en el que analiza el estado actual de la inteligencia artificial (IA) y el camino a seguir en las funciones gubernamentales básicas. La OCDE recuerda que la IA es una de las fuerzas más transformadoras del siglo XXI y que se está convirtiendo en parte integral del gobierno digital a nivel mundial.
Casos de uso de IA en los gobiernos
El organismo ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la IA en 11 funciones centrales de gobierno, en 200 casos de uso sobre cómo la tecnología puede servir a los ciudadanos.
Los resultados muestran que la IA se emplea con mayor frecuencia en los servicios públicos y en la justicia y la participación cívica, con un uso relativamente menor en la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma del servicio civil. En un nivel intermedio se encuentran la contratación pública, la gestión financiera, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública, así como el diseño y la ejecución regulatoria.
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Las diferencias se explican, según la OCDE, porque algunas funciones abarcan una mayor variedad de aplicaciones (como los servicios públicos), mientras que otras son más limitadas (por ejemplo, la administración tributaria o la reforma del servicio civil). Además, hay funciones sujetas a restricciones regulatorias más estrictas, como la tributaria, frente a otras con menos barreras que pueden madurar más rápido, como la participación cívica.
Beneficios del uso de la IA
En áreas como la administración de justicia, la presión ciudadana y los crecientes retrasos en los procesos aceleran la adopción de IA para abordar desafíos urgentes. En general, el uso es más frecuente en operaciones internas y en la prestación de servicios públicos, pero menos en la supervisión gubernamental y la formulación de políticas.
La mayoría de los casos de uso se apoyan en enfoques clásicos basados en reglas o en técnicas de aprendizaje automático, mientras que la inteligencia artificial generativa, incluidos los grandes modelos de lenguaje, sigue siendo menos común.
Según la OCDE, la adopción de IA por parte de los gobiernos puede facilitar la automatización y personalización de procesos internos y servicios públicos, mejorar la toma de decisiones y la previsión, optimizar la detección del fraude y elevar la calidad del trabajo y del aprendizaje de los funcionarios públicos.
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Automatizar las transacciones
Un ejemplo citado es el del Instituto Alan Turing, que estima que la IA podría automatizar hasta el 84 % de las transacciones repetitivas de servicios públicos en el Reino Unido, con un ahorro equivalente a 1.200 años-persona de trabajo anuales.
Pese a este potencial, el sector público avanza más lento que el privado. La mayoría de las iniciativas buscan automatizar procesos y servicios, facilitar mejores decisiones, fomentar la rendición de cuentas y detectar anomalías. Algunos casos, además, pretenden generar nuevas oportunidades para ciudadanos y empresas mediante el acceso a sistemas de IA gubernamentales, aunque se reconoce que aún es necesario intensificar los esfuerzos.
Riesgos del uso de IA en los gobiernos
La OCDE advierte que no existe una adopción de IA sin riesgos. Entre los más relevantes cita los algoritmos sesgados, que pueden producir resultados adversos; el uso indebido de la tecnología, que puede afectar derechos humanos; la falta de transparencia y explicabilidad, que erosiona la rendición de cuentas y la confianza ciudadana; y la dependencia excesiva, que puede agravar las brechas digitales o propagar errores sistémicos.
Estos riesgos se ven amplificados en países con menor protección de derechos humanos o pueden derivar del mal uso por parte de funcionarios públicos. También existe el riesgo de desplazamiento laboral en el servicio civil, si los gobiernos optan por sustituir capacidades humanas en lugar de potenciarlas.
Para la OCDE, incluso no adoptar la IA representa un riesgo, pues se pierden beneficios y se amplía la brecha entre el sector público y el privado. Ignorar esta transformación relega a los gobiernos al papel de receptores pasivos de tecnología, con elevados costos y desventajas.
Desafíos en la implementación
El informe señala que muchas iniciativas de IA gubernamental se quedan en fases piloto, debido a brechas de capacidades, dificultades en el acceso y gestión de datos de calidad, falta de orientación concreta y aversión al riesgo.
Los mecanismos de monitoreo insuficientes también dificultan medir avances, detectar riesgos y demostrar retorno de inversión. A ello se suman los costes financieros y limitaciones específicas, como las normativas complejas en la administración tributaria o la ausencia de reglas claras en contratación pública. La infraestructura tecnológica heredada, en funciones como la gestión financiera pública, también limita el desarrollo.
Garantizar un uso confiable
Para que la IA en gobiernos sea confiable, la OCDE recomienda establecer facilitadores (gobernanza, datos, infraestructura digital, habilidades, inversión, adquisiciones ágiles y alianzas con actores externos); barandillas (reglas, políticas, marcos de transparencia y órganos de supervisión); y enfoques de participación que involucren a ciudadanos, sociedad civil y empresas.
El organismo anima a los gobiernos a priorizar aplicaciones de alto beneficio y bajo riesgo, sobre todo en etapas iniciales de madurez, y a crear procesos para medir resultados de forma holística.
La OCDE concluye que, aunque la mayoría de las iniciativas aún están en sus primeras fases, ya existen experiencias valiosas. Se compromete a seguir ampliando la base de evidencia y a guiar a los gobiernos en el aprovechamiento de una IA confiable para generar beneficios sociales y económicos sostenibles.