MiCA afronta su primer gran examen apenas tres años después de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 9 de junio de 2023. Aunque su aplicación se diseñó de forma escalonada, el calendario regulatorio ya se ha completado. Las normas sobre stablecoins comenzaron a aplicarse el 30 de junio de 2024 y, seis meses después, el 30 de diciembre de 2024, entró en vigor el resto del reglamento, incluidas las obligaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
El proceso culminó el 1 de julio de 2026, cuando expiró el período transitorio del que se beneficiaban muchas empresas que ya operaban en la Unión Europea. Desde ese momento, MiCA es el único marco regulatorio plenamente aplicable para la prestación de servicios de criptoactivos en el mercado europeo.
Primera gran reforma MiCA
En apenas dos años, sus efectos ya son visibles. La retirada de stablecoins que no cumplían los nuevos requisitos, la reestructuración de los principales exchanges para adaptarse al régimen de licencias europeo y la salida de Binance del mercado comunitario tras no obtener una autorización MiCA antes de expirar el período transitorio ilustran hasta qué punto la normativa ha comenzado a transformar el ecosistema de los criptoactivos.
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Con este primer ciclo de implantación prácticamente completado, la Comisión Europea considera que ha llegado el momento de hacer balance. Bruselas quiere identificar qué aspectos de MiCA han funcionado, cuáles han generado fricciones y qué nuevos desafíos han surgido desde que se diseñó el reglamento.
El objetivo no es reescribir la norma desde cero, sino adaptarla a una industria que ha evolucionado mucho más rápido de lo que anticipaban los legisladores. El avance de stablecoins internacionales, la tokenización de activos financieros y el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) centran ahora el debate sobre la que podría convertirse en la primera gran reforma de MiCA.
Para ello, la Comisión Europea ha puesto en marcha un amplio proceso de consulta con la industria para evaluar qué aspectos de MiCA funcionan correctamente, cuáles generan cargas regulatorias innecesarias y, sobre todo, qué nuevas actividades del ecosistema de los activos digitales deberían incorporarse a la normativa. Las aportaciones recibidas servirán de base para los informes que la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo y podrían desembocar en una futura propuesta legislativa que amplíe significativamente el alcance del reglamento.
El proceso es el primer intento de adaptar MiCA a un mercado profundamente distinto al que existía cuando comenzó a redactarse el texto entre 2020 y 2022.
Un mercado que ha cambiado mucho en poco tiempo
Cuando MiCA fue concebido, el debate regulatorio giraba principalmente en torno a los exchanges de criptomonedas, la emisión de tokens y la protección de los consumidores tras el boom de las ICO. Hoy el panorama es muy diferente.
La tokenización de activos financieros ha comenzado a extenderse entre bancos, gestoras de activos y grandes entidades financieras. Las stablecoins se han convertido en una infraestructura de pagos utilizada por millones de personas y empresas en todo el mundo. Las finanzas descentralizadas (DeFi) continúan desarrollando nuevos modelos de intermediación financiera, mientras que actividades como el staking o el préstamo de criptoactivos han adquirido una dimensión económica que apenas existía cuando se negoció el reglamento.
Todo ello ha llevado a la Comisión Europea a preguntarse si MiCA sigue siendo suficiente o necesita evolucionar para poder ofrecer seguridad jurídica sin frenar la innovación tecnológica.
Stablecoins emitidas fuera de Europa
Uno de los capítulos más relevantes de la consulta se centra en los Asset-Referenced Tokens (ART) y los Electronic Money Tokens (EMT), las dos categorías de stablecoins reguladas por MiCA. La preocupación de Bruselas tiene que ver con el creciente peso que están adquiriendo emisores establecidos fuera de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario quiere determinar si las obligaciones actuales son suficientes para supervisar stablecoins comercializadas entre usuarios europeos cuando sus emisores se encuentran en terceros países. La consulta plantea cuestiones relacionadas con los riesgos transfronterizos, la concentración del mercado, la protección de los consumidores y la necesidad de garantizar que los emisores extranjeros respeten exigencias equivalentes a las previstas por MiCA en materia de reservas, segregación de activos y derechos de reembolso.
La tokenización y las fronteras regulatorias
Otro de los grandes debates abiertos afecta a la creciente convergencia entre los mercados financieros tradicionales y la tecnología blockchain. La Comisión reconoce que cada vez más acciones, bonos, participaciones en fondos o instrumentos financieros nacen directamente sobre infraestructuras basadas en tecnología de registro distribuido (DLT). Esta evolución plantea una cuestión fundamental: ¿deben estos activos seguir regulándose exclusivamente mediante la legislación financiera tradicional, como MiFID II, o resulta necesario crear un marco regulatorio más integrado junto a MiCA?
La respuesta tendrá implicaciones relevantes para bancos, infraestructuras de mercado, plataformas de tokenización y emisores de activos digitales, ya que determinará cómo se desarrollará el mercado europeo de valores tokenizados durante los próximos años.
DeFi, staking y préstamos, grandes ausentes de MiCA
Quizá el aspecto más significativo de la revisión sea que Bruselas reconoce explícitamente la existencia de ámbitos que quedaron fuera del diseño original del reglamento. La consulta solicita información específica sobre las finanzas descentralizadas (DeFi), el préstamo de criptoactivos, las actividades de staking y determinados modelos de emisión masiva de NFT utilizados con fines de inversión.
Lejos de plantear soluciones cerradas, la Comisión busca conocer cómo funcionan realmente estos modelos de negocio, cuáles son sus riesgos y qué tipo de regulación consideran adecuada los distintos participantes del mercado. Esta aproximación refleja un cambio de enfoque respecto a los primeros años de MiCA. En esta ocasión, antes de legislar, Bruselas quiere comprender mejor tecnologías cuya evolución ha sido extraordinariamente rápida.
Menos burocracia
La consulta no se limita a estudiar nuevas obligaciones regulatorias. En línea con la agenda europea de simplificación administrativa y mejora de la competitividad, la Comisión también pregunta a las empresas si determinadas obligaciones introducidas por MiCA generan costes desproporcionados o podrían simplificarse sin reducir la protección del inversor.
El objetivo es identificar posibles cargas administrativas que dificulten la competitividad de las empresas europeas frente a otros mercados. Sobre todo, en un contexto de creciente competencia internacional por atraer inversiones relacionadas con los activos digitales y la tokenización.
El inicio de una nueva etapa para MiCA
Aunque todavía no existe una propuesta legislativa concreta, la consulta deja entrever que la Comisión considera que MiCA no debe entenderse como un texto cerrado, sino como un marco regulatorio en evolución. Las respuestas que reciba durante los próximos meses servirán para elaborar los informes previstos en el propio reglamento y ayudarán a decidir si resulta necesario modificar la legislación europea para incorporar nuevas actividades, ajustar determinadas obligaciones o responder a desafíos que hace apenas unos años no figuraban entre las prioridades regulatorias.
Pese a que el documento de consulta establecía inicialmente el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para presentar aportaciones, Bruselas amplió posteriormente el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 con el objetivo de facilitar una mayor participación de empresas, entidades financieras, asociaciones sectoriales, autoridades nacionales y otros actores del ecosistema de los criptoactivos.