Las ventas de criptomonedas confiscadas en China, provenientes de actividades ilícitas como el lavado de dinero, el fraude en línea y los juegos de azar ilegales, están transformando las finanzas de los gobiernos locales y generando un debate urgente sobre la necesidad de regular un mercado que, aunque prohibido, mueve miles de millones de dólares.
En un contexto de economía en desaceleración, las autoridades locales han encontrado en la liquidación de bitcoins y otros tokens digitales una fuente crucial de ingresos para reponer sus arcas públicas. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio claro ha dado lugar a prácticas opacas e inconsistentes, que expertos advierten podrían fomentar la corrupción y debilitar la aplicación de la ley en un país donde el comercio de criptomonedas está estrictamente vetado.
China y las criptomonedas
Según documentos judiciales y registros de transacciones revisados por Reuters, los gobiernos locales han recurrido a empresas privadas para vender criptomonedas incautadas en mercados offshore, convirtiendo los activos digitales en efectivo que luego se transfiere a cuentas públicas. Estas operaciones, que han generado ingresos significativos, posicionaron a China como el 14 mayor tenedor de bitcoins del mundo al cierre de 2023, con un estimado de 15.000 bitcoins valorados en 1.400 millones de dólares, según la firma de inversión River. Sin embargo, esta práctica, descrita como una “solución provisional” por Chen Shi, profesor de la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan, entra en conflicto con la prohibición oficial del comercio de criptomonedas en China, donde los tokens digitales no son reconocidos como moneda de curso legal ni como activos.
Qué tener en cuenta ante un posible rebote del mercado cripto
El aumento exponencial de delitos relacionados con criptomonedas ha intensificado la presión por un cambio regulatorio. Según SAFEIS, una firma de seguridad blockchain, el dinero involucrado en estos crímenes alcanzó los 430.700 millones de yuanes (59.000 millones de dólares) en 2023, un incremento diez veces mayor respecto a años anteriores. El principal fiscal de China reportó que, en el mismo año, 3.032 personas fueron procesadas por lavado de dinero ligado a criptomonedas.
Pilar financiero para gobiernos locales
El auge delictivo ha coincidido con un récord en sanciones e ingresos confiscatorios, que sumaron 378 mil millones de yuanes en 2023, un 65% más que hace cinco años, según datos oficiales. Las criptomonedas incautadas se han convertido en un pilar financiero para algunas ciudades, donde la facilidad de transferir estos activos de manera anónima y transfronteriza las hace especialmente atractivas para los delincuentes.
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En este contexto, abogados, jueces superiores y oficiales de policía han intensificado los debates sobre cómo manejar estos activos. En seminarios recientes, como uno celebrado en enero de 2025, se discutieron propuestas para reformar las reglas actuales. Guo Zhihao, abogado de Shenzhen y socio del bufete Beijing Yingke, argumenta que la prohibición del comercio de criptomonedas choca con la necesidad práctica de liquidar los activos confiscados. Guo sugiere que el Banco Popular de China asuma un rol central, ya sea vendiendo las criptomonedas en mercados internacionales o creando una reserva estratégica de tokens, similar a la propuesta de Donald Trump en su segunda presidencia, quien busca desregular las criptomonedas y establecer una reserva nacional de bitcoins en Estados Unidos.
Yuanes en bancos locales
La ausencia de regulaciones específicas también ha generado preocupación sobre las empresas privadas que facilitan estas ventas. Jiafenxiang, una firma tecnológica con sede en Shenzhen, ha vendido criptomonedas por más de 3.000 millones de yuanes desde 2018 en nombre de gobiernos locales, incluyendo los de Xuzhou, Hua’an y Taizhou, según informa Reuters.
Los ingresos, obtenidos en dólares en mercados offshore, se convierten a yuanes a través de bancos locales antes de ser transferidos a cuentas públicas. Sin embargo, la falta de supervisión sobre estas compañías ha llevado a expertos como Liu Honglin, asesor de gobiernos locales, a exigir reglas claras para garantizar la transparencia y evitar abusos. No hay normativas que regulen a estas empresas, y eso debe cambiar, afirmó Liu.
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Mientras tanto, el consenso entre los participantes de los seminarios y los actores del mercado apunta a dos reformas clave: el reconocimiento judicial de las criptomonedas como activos y la creación de un procedimiento uniforme para su disposición. Sun Jun, abogado especializado en criptomonedas y socio de Shanghai Landing Law Offices, propone aclarar los atributos de propiedad de los tokens digitales, establecer una agencia dedicada a su manejo y supervisar rigurosamente a las empresas de terceros. Por su parte, Ru Haiyang, codirector de HashKey, el mayor exchange de criptomonedas con licencia en Hong Kong, sugiere que China podría seguir el ejemplo de Trump y mantener los bitcoins confiscados como una reserva estratégica.
Casos penales relacionados con criptomonedas
Otra propuesta innovadora proviene de Winston Ma, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y exdirector de China Investment Corp. Ma aboga por una gestión centralizada de las criptomonedas incautadas, posiblemente a través de un fondo soberano en Hong Kong, donde el comercio de criptomonedas es legal. «Una gestión más centralizada maximizaría el valor de estos activos y alinearía a China con las tendencias globales», explicó Ma. Esta idea cobra relevancia en un momento de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, especialmente bajo la segunda presidencia de Trump, cuya agenda de desregulación criptográfica contrasta con la postura restrictiva de Pekín.
A medida que los casos penales relacionados con criptomonedas siguen en aumento, el debate sobre su regulación se ha convertido en una prioridad. Empresas como Bit Jungle, proveedor de servicios blockchain, defienden la legitimidad de las ventas actuales, siempre que se realicen a través de exchanges offshore autorizados y cumplan con las normativas de gestión de capital. Sin embargo, el carácter “altamente rentable” de este negocio, como lo describe Sun Jun, está atrayendo a más actores, lo que incrementa la urgencia de establecer controles estrictos.