La propuesta ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes en 2025. Ahora deberá coordinarse con la versión impulsada por el Comité de Agricultura del Senado antes de someterse a votación en el pleno de la Cámara Alta, donde necesitará al menos 60 votos para avanzar.
En caso de superar esa etapa, el texto pasará a un proceso de reconciliación legislativa con la Cámara de Representantes antes de llegar finalmente a la mesa del presidente Donald Trump para su firma definitiva.
El problema que intenta resolver
Durante años, Estados Unidos reguló el mercado de criptomonedas principalmente mediante acciones judiciales y procedimientos de cumplimiento, en lugar de aprobar una legislación específica para el sector. Cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) consideraba que una empresa cripto incumplía la normativa, presentaba demandas argumentando que determinados tokens debían clasificarse como valores financieros.
Sin embargo, cuando las compañías solicitaban reglas claras o procedimientos de registro adaptados a los activos digitales, la SEC respondía que debían registrarse sin ofrecer un marco específico diseñado para esta tecnología.
El resultado fue un ecosistema marcado por una profunda incertidumbre jurídica. Las empresas desconocían si sus tokens serían considerados valores o materias primas. Las bolsas y plataformas de negociación no sabían con claridad ante qué regulador debían responder. Además, los inversores institucionales, que necesitan reglas estables y previsibles, se mantuvieron alejados de un mercado donde las normas podían cambiar mediante litigios en lugar de legislación formal.
La Ley CLARITY busca acabar con esa situación trasladando las reglas directamente al texto legal. En esencia, se trata de una ley de estructura de mercado para criptomonedas destinada a crear normas federales claras para los activos digitales y resolver definitivamente el conflicto de competencias entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La batalla entre la SEC y la CFTC
Hasta ahora, tanto la SEC como la CFTC han reclamado autoridad sobre distintas partes del ecosistema cripto, generando un escenario de superposición regulatoria. La SEC ha defendido durante años que muchos tokens funcionan como valores financieros y, por tanto, deben someterse a las normas tradicionales del mercado bursátil estadounidense.
La CFTC, por su parte, ha tratado de ampliar su papel en la supervisión de los mercados de criptomonedas, especialmente en aquellos activos considerados materias primas digitales. En la práctica, esta situación dejaba a bolsas, plataformas y empresas cripto enfrentadas a interpretaciones contradictorias y a obligaciones regulatorias potencialmente duplicadas.
La Ley CLARITY intenta resolver este problema estableciendo una división formal de responsabilidades entre ambas agencias. La SEC mantendría la supervisión de los valores de activos digitales, mientras que la CFTC recibiría autoridad exclusiva sobre los mercados al contado y en efectivo de materias primas digitales.
Bajo este nuevo marco, las bolsas, corredores y distribuidores de materias primas digitales deberán registrarse ante la CFTC y someterse a su supervisión. Además, el proyecto obliga a ambos organismos a coordinarse para definir conceptos clave, regular las plataformas mixtas y establecer criterios sobre exclusión de activos de cotización.
Cómo define la ley qué es una mercancía digital y qué es un valor
Uno de los aspectos más importantes de la ley es que intenta definir jurídicamente cuándo un activo digital debe considerarse una mercancía digital y cuándo debe tratarse como un valor financiero. Según el artículo 103 del proyecto, una mercancía digital es un activo digital cuyo valor está “intrínsecamente vinculado” al uso de la blockchain a la que pertenece.
Por el contrario, si el valor de un token depende principalmente de los esfuerzos de un equipo centralizado o promotor, es más probable que se considere un valor bajo el marco descrito en el artículo 201, relativo a los activos de contratos de inversión. La ley también introduce una prueba de “madurez” para medir el grado de descentralización de un proyecto.
Última hora: El Senado de Estados Unidos aprueba la ley cripto CLARITY
Para que un activo pueda acogerse al marco regulatorio de la CFTC, ningún grupo privilegiado podrá controlar más del 20% del poder de voto ni poseer más del 20% del suministro total de tokens. En el caso de blockchains existentes antes de la entrada en vigor de la ley, al menos la mitad de los tokens deberá estar en manos de personas ajenas al equipo fundador.
El proyecto también prevé que los proyectos puedan recaudar fondos inicialmente bajo normas de valores sin que sus tokens queden clasificados como valores de forma permanente.
Las empresas más afectadas
La legislación está dirigida principalmente a las empresas que actúan como intermediarios en el mercado cripto. Entre ellas se encuentran las casas de cambio de criptomonedas, los corredores, las plataformas de negociación y las compañías vinculadas a stablecoins. También se incorporarían al nuevo marco regulatorio los intermediarios de futuros y los mercados de contratos designados que actualmente ya están regulados por la CFTC.
El texto se centra especialmente en los intermediarios centralizados y deja relativamente fuera del marco regulatorio a los usuarios particulares, validadores de blockchain y gran parte de los desarrolladores de software de código abierto.
El papel de las stablecoins
La Ley CLARITY también establece cómo encajan las stablecoins dentro de la estructura regulatoria estadounidense. Empresas como Circle, Tether o Paxos se verían directamente afectadas. No obstante, el proyecto deja gran parte de las normas específicas sobre emisión de stablecoins a la Ley GENIUS. Mientras GENIUS se enfocaría en las reglas de emisión y respaldo, CLARITY se centra principalmente en cómo las stablecoins pueden negociarse y utilizarse dentro de plataformas reguladas.
La ley establece tres grandes categorías regulatorias
Los valores digitales seguirán bajo jurisdicción de la SEC. Las materias primas digitales pasarán a estar bajo supervisión de la CFTC. Las stablecoins constituirán una categoría separada con supervisión compartida entre ambas agencias. Esta clasificación pretende cerrar definitivamente años de disputas legales y regulatorias sobre la naturaleza jurídica de los activos digitales.
Lo que cambia con Clarity, la nueva ley cripto de Estados Unidos
El proyecto contempla además un período inicial de transición. Las empresas que se registren durante los primeros 180 días podrán operar bajo un régimen provisional mientras la CFTC desarrolla la normativa definitiva. Durante ese período deberán proteger los activos de sus clientes, permitir acceso regulatorio a libros y registros contables y cumplir obligaciones básicas de supervisión y transparencia. La autorización provisional expirará a los cuatro años.
Prohibición de una moneda digital estatal
Otro de los puntos más relevantes del proyecto es que prohíbe a la Reserva Federal emitir una moneda digital de banco central dirigida directamente a particulares, ya sea de forma directa o indirecta. Esta disposición refleja la creciente oposición política dentro de Estados Unidos a la creación de un dólar digital controlado por la Reserva Federal.
La Ley CLARITY representa un cambio radical en la política estadounidense hacia las criptomonedas, ya que por primera vez, Estados Unidos intenta sustituir la regulación basada en demandas judiciales por un marco legislativo específico que defina qué son los activos digitales, quién los regula y bajo qué condiciones pueden operar las empresas del sector.
El resultado podría transformar por completo la relación entre Wall Street, la industria cripto y los reguladores federales, al proporcionar el tipo de claridad jurídica que durante años reclamaron empresas, inversores institucionales y plataformas de negociación.