El sector cripto de Venezuela ¿próximo objetivo de Trump?. La reciente incautación del petrolero venezolano, Skipper, mediante asalto aéreo y marítimo de fuerzas estadounidenses marca un giro drástico en la política de sanciones hacia Venezuela. Y es que lo que antes eran advertencias burocráticas se ha transformado en una intervención física directa: helicópteros y fuerzas especiales abordando un «buque fantasma» para confiscar 1,8 millones de barriles de crudo bajo la acusación de financiar redes ilícitas.
Cripto, Venezuela y Trump
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia este acto como «piratería» y «robo», los expertos legales advierten que esta estrategia de «máxima presión» física puede tener su contraparte inminente en el mundo digital. El objetivo ya no es el extinto «Petro», sino cerrar las vías de escape que ofrecen tokens de uso global (como USDT o similares) que el gobierno podría estar utilizando para mover los fondos de ese petróleo.
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Si bien la Orden Ejecutiva 13827 de 2018 se diseñó específicamente para prohibir el Petro, el marco legal estadounidense ha evolucionado para considerar cualquier criptoactivo en manos del gobierno venezolano como un blanco legítimo.
De hecho, los precedentes legales indican que la OFAC no necesita crear nuevas leyes para atacar el uso de stablecoins. Le basta con aplicar la Orden Ejecutiva 13808 y la 13850. Bajo estas normativas, si PDVSA utiliza tokens digitales para cobrar exportaciones, Estados Unidos puede clasificar esa operación como una «extensión de crédito» ilegal o una transacción con «propiedad bloqueada».
Medida de presión adicional
El caso de petrolero Skipper demuestra que Washington está dispuesto a perseguir los activos venezolanos donde sea que intenten ocultarse, ya sea cambiando la bandera de un barco o utilizando «mixers» en la blockchain. Y en ese sentido, la OFAC ya ha establecido que identificar direcciones de billeteras digitales asociadas a funcionarios sancionados (SDN) es una prioridad alta.
Así, las autoridades podrían enfrentarse al sector cripto en Venezuela en medio de esta escalada. Por ejemplo, podrían tratar cualquier token que toque una billetera vinculada al gobierno venezolano con la misma hostilidad que al Skipper: incautándolo, bloqueándolo y aislándolo del sistema financiero global. De esta forma, impondrían una responsabilidad estricta a cualquier intermediario que facilite la operación.
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Golpe digital con grandes repercusiones
¿Qué daño puede hacer esto al gobierno de Venezuela en caso de que Donald Trump solicite tomar este tipo de medidas? Pues bien, el bloqueo de operaciones con plataformas de criptomonedas afectaría a Venezuela profundizando su aislamiento financiero y cerrando una de las pocas «válvulas de escape» que el gobierno y sus ciudadanos han utilizado para mover fondos y eludir las sanciones tradicionales.
El caso de del petrolero Skipper demuestra que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza física para detener el contrabando de petróleo. Sin embargo, el gobierno venezolano ha intentado utilizar criptomonedas para monetizar esas exportaciones sin pasar por el sistema bancario internacional (SWIFT), el cual ya está bloqueado a nivel gubernamental en varios niveles.
En este escenario, un bloqueo adicional sobre las operaciones con plataformas cripto, haría que Venezuela pierda la capacidad de cobrar por el petróleo que logra contrabandear. Y eso dejaría al gobierno con menos recursos para operar. No solo eso, desde la perspectiva de Estados Unidos, esto sería un golpe con efecto, ya que golpearía no solo a Venezuela, sino también a Cuba, Irán y Rusia, los tres principales países que triangulan el contrabando de petróleo venezolano.
Los otros afectados por la medida
El gobierno de Venezuela no sería el único afectado, también podrían serlo los propios ciudadanos del país, no relacionados con el gobierno, y que usan las criptomonedas como un medio de subsistencia.
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Y esto sería así, porque según el análisis legal de Willkie Farr & Gallagher, la OFAC aplicaría una «responsabilidad estricta». Esto significa que, las plataformas pueden ser multadas incluso sin saber que está procesando una operación sancionada.
Esto no es nuevo y existe un precedente: BitPay. Esta empresa pagó más de medio millón de dólares en multas por procesar transacciones de usuarios con direcciones IP de jurisdicciones sancionadas. Algo parecido puede pasar, especialmente ahora, que el gobierno de Donald Trump sigue presionando con fuerza.