El Senado de Estados Unidos ha aplazado hasta septiembre la votación de la Ley CLARITY, la legislación con la que Washington pretende establecer un marco federal integral para el mercado de criptomonedas. El retraso coincide con una negociación política especialmente delicada entre republicanos y demócratas, que intentan acordar nuevas reglas éticas para limitar los negocios cripto del presidente Donald Trump.
Una de las propuestas obligaría al presidente a desprenderse de determinados negocios relacionados con activos digitales, una operación que, según Bloomberg y Reuters, podría permitirle diferir durante años el pago de millones de dólares en impuestos sobre ganancias de capital.
CLARITY, a septiembre
La aprobación de la Ley CLARITY tendrá que esperar, al menos, hasta septiembre. El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, confirmó a The Block que la Cámara Alta aplazará hasta después del receso de agosto la votación procedimental necesaria para avanzar con la legislación.
El Senado comienza este viernes 7 de agosto un receso de aproximadamente un mes y los legisladores regresarán a mediados de septiembre. El calendario añade presión al proyecto, ya que después quedarán pocas semanas antes de que las elecciones legislativas de noviembre concentren buena parte de la atención política.
Las negociaciones de los últimos días muestran que todavía no existe un acuerdo suficiente para garantizar los votos necesarios. Según The Block, los demócratas identifican tres grandes cuestiones pendientes: las normas éticas, las medidas contra las finanzas ilícitas y el texto procedente del Comité de Agricultura del Senado.
Si se pueden resolver esas tres piezas, entonces definitivamente podemos vernos queriendo avanzar, declaró a The Block un miembro del personal demócrata del Senado. De todas ellas, la cuestión ética se ha convertido en uno de los principales obstáculos porque afecta directamente a los intereses económicos de Trump en la industria de las criptomonedas.
Memecoin Trum y World Liberty Financial
Entre esos intereses figuran la memecoin TRUMP y los negocios de su familia en World Liberty Financial. En este contexto, los senadores Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, y Ruben Gallego, demócrata por Arizona, enviaron la semana pasada a la Casa Blanca una nueva propuesta bipartidista para intentar desbloquear las negociaciones.
Según Reuters, la disposición ética continúa negociándose entre el Congreso y la Casa Blanca y uno de sus elementos fundamentales sería exigir al presidente que se desprenda de determinados negocios relacionados con criptomonedas. La medida busca reducir los conflictos de interés derivados de la participación económica de Trump en una industria cuyas reglas están siendo redefinidas por el Congreso y su propia Administración.
La solución, sin embargo, podría tener una consecuencia inesperada. Según Bloomberg, una desinversión obligatoria podría permitir a Trump acogerse a mecanismos fiscales para diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital derivadas de esos activos, con un ahorro potencial de millones de dólares. Reuters, al informar sobre las negociaciones de CLARITY, recoge igualmente este posible beneficio fiscal.
Normas éticas
La dimensión económica de los intereses cripto del presidente ayuda a entender por qué las normas éticas se han convertido en uno de los asuntos centrales de la negociación. Tal y como informó Observatorio Blockchain, Trump declaró en junio más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de los negocios de criptomonedas de su familia durante el año anterior, una cifra que muestra el peso adquirido por los activos digitales dentro de los negocios de la familia presidencial.
Este vínculo entre poder político e intereses económicos está precisamente en el centro de las exigencias demócratas. Reuters señala que las normas éticas son fundamentales para conseguir el respaldo de determinados senadores demócratas, que reclaman mayores restricciones para impedir que los responsables políticos puedan beneficiarse personalmente de negocios relacionados con criptomonedas mientras participan en la elaboración de las reglas que afectan al sector.
Los fiscales generales estatales
La capacidad para hacer cumplir esas normas constituye otro de los puntos de fricción. Los demócratas reclaman que los fiscales generales estatales puedan actuar ante posibles incumplimientos de las disposiciones éticas, mientras que la versión respaldada anteriormente por Trump reservaba esa capacidad al Departamento de Justicia.
Aquella propuesta prohibía además a determinados funcionarios públicos y a sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales, pero no extendía las mismas restricciones a otros miembros de sus familias. También incluía una cláusula de caducidad que habría puesto fin a las restricciones en enero de 2029.
Los demócratas cuestionan tanto el alcance como la duración de esas limitaciones. Según explicó a The Block un miembro del personal demócrata del Senado, las nuevas reglas deberían permitir la actuación de los fiscales generales estatales, incluir una disposición de desinversión y eliminar la fecha de caducidad. El objetivo es que las normas éticas no estén diseñadas exclusivamente para la presidencia de Trump, sino que permanezcan vigentes y puedan aplicarse también a futuros presidentes, vicepresidentes y legisladores.
Insuficiente lenguaje ético
Trump, por su parte, no se ha cerrado a aceptar normas sobre conflictos de interés y ha mostrado su disposición a incorporar algún tipo de lenguaje ético a la legislación. El desacuerdo está en su alcance. Los demócratas consideran insuficiente la fórmula planteada hasta ahora porque no extiende de igual manera las restricciones a otros miembros de la familia, deja su aplicación en manos del Departamento de Justicia e incluye la fecha de expiración de enero de 2029.
La negociación, por tanto, ya no gira tanto en torno a la existencia de normas éticas como a hasta dónde deben llegar, quién tendrá capacidad para hacerlas cumplir y si deben permanecer vigentes más allá del actual mandato presidencial.
La Casa Blanca tampoco tiene la última palabra sobre la redacción de CLARITY. Como explicó a The Block un miembro del personal demócrata del Senado, los legisladores no necesitan la aprobación previa de Trump para incorporar al proyecto las normas éticas que consideren necesarias. El presidente, sin embargo, conservaría posteriormente la capacidad de vetar la legislación.
De ahí el difícil equilibrio que buscan los negociadores: conseguir suficientes votos demócratas para que CLARITY avance en el Senado, mantener el respaldo republicano y, al mismo tiempo, alcanzar una redacción que Trump esté dispuesto a firmar.
DeFi, el otro frente
La ética no es el único obstáculo. Según The Block, los demócratas también mantienen importantes reservas sobre las disposiciones destinadas a combatir las finanzas ilícitas y sobre las herramientas que la futura regulación proporcionará a las autoridades.
Una de las voces más críticas ha sido la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, que ha expresado reiteradamente su preocupación por que el proyecto no proporcione suficientes instrumentos a las fuerzas de seguridad y a los organismos encargados de proteger a los consumidores. A estas objeciones se ha sumado la National Sheriffs’ Association, que cuestiona algunas excepciones contempladas en CLARITY en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones y requisitos de identificación de clientes, según recoge The Block.
Una ley clave para la industria cripto
La industria cripto rechaza estas críticas y sostiene que algunas organizaciones policiales están interpretando de manera incorrecta el tratamiento que CLARITY plantea para las finanzas descentralizadas. Así, pese a la fuerte presión ejercida en los últimos días por el sector para acelerar la aprobación de CLARITY, las diferencias políticas han terminado imponiéndose. Como informó Observatorio Blockchain, las principales compañías y organizaciones de la industria han cerrado filas en torno a una ley que consideran clave para obtener mayor seguridad jurídica, atraer inversión y facilitar la integración de los activos digitales en el sistema financiero estadounidense.
La ley CLARITY pretende establecer un marco federal definido para los activos digitales, delimitar las competencias de los diferentes reguladores y otorgar a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) una mayor autoridad sobre determinados activos y mercados digitales.