Chile ha publicado la «Guía básica sobre inteligencia artificial generativa para el ejercicio de juezas y jueces (2026)», un documento para orientar a la judicatura en el uso responsable de herramientas de IA generativa en el trabajo diario de los juzgados.
La guía reconoce que esta tecnología ofrece importantes oportunidades para modernizar el sistema judicial. Entre sus principales beneficios destaca la optimización de procesos administrativos internos, la aceleración de la tramitación de causas, la mejora de la calidad y predictibilidad de las resoluciones judiciales y la reducción de las brechas de acceso entre la judicatura y la ciudadanía.
Chile ya tiene una guía de IA para los juzgados
Sin embargo, el documento advierte que la incorporación de la IA también plantea riesgos institucionales y democráticos significativos. Entre las principales amenazas identificadas figuran la opacidad de los procesos de decisión algorítmica, la posible deshumanización de los procedimientos judiciales, eventuales vulneraciones de las garantías del debido proceso y la pérdida progresiva de capacidades cognitivas y analíticas críticas si los operadores jurídicos delegan excesivamente sus funciones en sistemas automatizados.
Por ello, la guía subraya que la capacitación permanente de jueces y funcionarios no constituye una opción, sino una obligación ética. El objetivo es que quienes integran el sistema judicial comprendan plenamente las capacidades y limitaciones de estas herramientas antes de utilizarlas en cualquier etapa de su trabajo.
El documento concluye con un llamado a priorizar plataformas institucionales y corporativas previamente validadas para proteger la soberanía de la información judicial y garantizar la reserva estratégica de los datos que maneja el sistema de justicia.
Estándares éticos para la judicatura
La guía establece que la incorporación de sistemas algorítmicos en el ámbito judicial debe estar sometida a estrictos criterios éticos que eviten la vulneración de derechos fundamentales. Para ello recopila principios internacionales que deberían orientar cualquier proceso de adopción tecnológica dentro de los tribunales.
El texto señala que la implementación de sistemas de IA no puede profundizar las desigualdades socioeconómicas ni generar nuevas barreras de acceso para las personas que carecen de alfabetización digital o recursos económicos suficientes. La guía recuerda que regulaciones pioneras como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea consideran la utilización de IA en la administración de justicia una actividad de alto riesgo. Esta clasificación afecta especialmente a sistemas diseñados para asistir a magistrados en la investigación de hechos, la valoración de pruebas o la interpretación normativa y doctrinal del derecho.
Por ello, cualquier despliegue de estas tecnologías requiere auditorías rigurosas y salvaguardas legales previas a su implementación.
Supervisión humana indelegable
Uno de los principios centrales del documento es que el derecho a ser juzgado por una persona constituye una garantía fundamental del debido proceso.
La IA, sostiene la guía, debe desempeñar exclusivamente un papel de apoyo técnico y nunca reemplazar el juicio ético, valorativo y jurídico de jueces y juezas. El magistrado debe conservar en todo momento la capacidad de supervisar, modificar o rechazar cualquier resultado generado por un sistema algorítmico cuando detecte errores, sesgos o inconsistencias.
Según el documento, la legitimidad democrática de una resolución judicial emana de la autoridad constitucional de quien la dicta y no de la capacidad de procesamiento de una máquina. La guía establece que cualquier persona afectada por una resolución asistida por inteligencia artificial tiene derecho a comprender de manera clara los fundamentos de dicho proceso.
Por ello, todo borrador, documento procesal o evidencia generada con apoyo de modelos de IA debe identificarse expresamente como tal. Asimismo, se recomienda que jueces y funcionarios mantengan registros detallados de los prompts utilizados y de sus interacciones con estas herramientas para facilitar la fiscalización, el control judicial y el escrutinio público.
Sesgos algorítmicos y discriminación
El documento advierte que los sistemas de IA pueden reproducir sesgos históricos presentes en los datos con los que fueron entrenados o incorporar errores derivados de su diseño. Estas distorsiones pueden traducirse en decisiones discriminatorias que afecten especialmente a minorías o grupos vulnerables.
Por esta razón, corresponde a los jueces fiscalizar activamente los resultados generados por estas tecnologías para preservar la imparcialidad judicial. La guía prohíbe introducir información confidencial o datos sensibles de causas judiciales en plataformas comerciales gratuitas.
Según el texto, muchos proveedores se reservan contractualmente la posibilidad de utilizar la información ingresada por los usuarios para entrenar modelos futuros, lo que podría comprometer la confidencialidad de los expedientes. Además, se enfatiza que la responsabilidad final por cualquier resolución errónea o defectuosa recae siempre en el juez firmante, independientemente de que haya utilizado herramientas de inteligencia artificial durante su elaboración.
La guía también recomienda la creación de mesas de trabajo multidisciplinarias integradas por representantes del Poder Judicial, la academia y la sociedad civil para supervisar los procesos de adquisición y uso de estas tecnologías bajo un modelo de «humano en el bucle».
Marco ético y normativo chileno
El documento destaca que la judicatura chilena ya ha comenzado a incorporar estos desafíos dentro de su marco regulatorio. Uno de los instrumentos citados es el Artículo 17 del Código de Ética Judicial (Acta N.º 244-2025), que regula específicamente el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías dentro de los tribunales.
La norma prohíbe incorporar de manera automática e irreflexiva textos generados por IA en actuaciones o sentencias judiciales. Asimismo, establece que herramientas de transcripción automática o traducción solo pueden utilizarse como apoyo preliminar y siempre deben ser revisadas y certificadas por una persona.
La guía también menciona la «Guía de Buenas Prácticas Judiciales en Temas Éticos de la Academia Judicial», cuya séptima sección aborda específicamente los desafíos asociados a la inteligencia artificial.
Entre sus principales directrices figuran la protección de la información confidencial mediante entornos tecnológicos seguros, la obligación de explicar de manera comprensible el uso de herramientas tecnológicas a los usuarios del sistema, la necesidad de formación continua y la reafirmación de que la tecnología puede mejorar la eficiencia, pero no sustituir el razonamiento jurídico.
Cómo redactar prompts para el trabajo judicial
La segunda parte de la guía está orientada a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el trabajo cotidiano de los tribunales. El documento propone una estructura formal para la elaboración de prompts eficaces, compuesta por cuatro elementos esenciales:
- Rol: definir la función que debe asumir el modelo.
- Tarea: especificar claramente la acción solicitada.
- Contexto: aportar antecedentes relevantes y datos de la causa.
- Restricciones: establecer límites de formato, extensión o estilo.
La guía recomienda además aplicar principios como la máxima especificidad en las instrucciones, la referencia explícita al marco normativo aplicable, la definición precisa del formato de respuesta, la anonimización rigurosa de datos personales y la revisión obligatoria de cualquier contenido generado por IA.
El documento recuerda que incluso los mejores prompts no eliminan el riesgo de errores o alucinaciones, por lo que toda información debe ser verificada antes de incorporarse al trabajo judicial.
Herramientas recomendadas
La guía analiza diversas plataformas de inteligencia artificial y describe sus posibles aplicaciones dentro del ámbito judicial. Entre ellas destaca NotebookLM, de Google, definida como una de las herramientas más seguras para analizar expedientes, documentos y material probatorio al limitar sus respuestas exclusivamente a la información aportada por el usuario.
También menciona Pinpoint, igualmente desarrollada por Google, que permite analizar grandes volúmenes de documentos, grabaciones y transcripciones para identificar patrones, términos relevantes y actores de interés. En el ámbito de los modelos conversacionales, la guía incluye a ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic, señalando que destacan por su capacidad para redactar textos complejos, revisar borradores y mejorar la coherencia argumentativa de documentos jurídicos.
Asimismo, analiza MagnarAI, enfocada en la automatización jurídica, y Co-Counsel, desarrollada por Thomson Reuters, especializada en investigación legal y análisis documental avanzado.
Casos prácticos de uso
La guía concluye con una serie de videotutoriales y ejemplos prácticos destinados a mostrar cómo puede utilizarse la inteligencia artificial en tareas concretas del ámbito judicial. Entre ellas se encuentran la transcripción automatizada de audiencias con identificación de hablantes, la anonimización de documentos mediante la detección automática de datos sensibles, el análisis forense de expedientes civiles, la extracción de hitos procesales y la revisión crítica de sentencias para detectar inconsistencias jurídicas.
También se incluyen ejemplos de redacción asistida de resoluciones judiciales, como la elaboración de borradores relacionados con medidas cautelares en procedimientos penales. Pese a estas posibilidades, el mensaje final de la guía es inequívoco: la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y apoyar determinadas tareas técnicas, pero la responsabilidad, el criterio jurídico y la decisión final seguirán siendo, en todo momento, competencia exclusiva de jueces y juezas.