Turquía, uno de los epicentros de la adopción de activos digitales del mundo, se prepara para cerrar el grifo de la exención fiscal cripto. El Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), actualmente en el gobierno, ha presentado en el Parlamento un ambicioso proyecto de ley para regular y, sobre todo, recaudar de un mercado que hasta ahora operaba en una zona legal gris. La propuesta parece ser la respuesta final del Gobierno para capturar parte de ese flujo masivo de capital que, hasta el momento, circulaba al margen del sistema tributario tradicional.
Turquía y las ganancias cripto
En esencia, la propuesta turca convierte a los exchanges en recaudadores automáticos del Estado cada tres meses. Según informa Reuters, la plataforma calcula cuánto has ganado con tus operaciones y te retiene directamente el 10% de ese beneficio para entregárselo a Hacienda. A diferencia del modelo español, donde tú gestionas tus ganancias todo el año y rindes cuentas en una única declaración anual (pagando entre el 19% y el 30%), el sistema turco te quita liquidez de forma constante. Esto significa que, aunque el porcentaje sea más bajo que en España, el inversor pierde capacidad de reinversión trimestral, ya que el Gobierno pasa la factura cuatro veces al año en lugar de una.
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Por su parte, los exchanges deberán pagar un impuesto a las transacciones del 0,03% sobre cada venta o transferencia que realicen o en la que medien. Los que operen fuera de plataformas autorizadas no escaparán al radar, ya que sus ganancias deberán ser reportadas y tributadas en las declaraciones anuales.
200.000 millones de dólares en 2025
Turquía, según datos de Chainalysis, figura entre los 20 países con mayor adopción de criptomonedas. Con una inflación persistente, millones de ciudadanos han visto en Bitcoin y las stablecoins un refugio financiero. Según datos de Chainalysis, el volumen de transacciones alcanzó los 200.000 millones de dólares en 2025.
La propuesta significa un punto de inflexión, ya que aunque la regulación aporte legitimidad institucional al sector, el impuesto del 10% podría desincentivar el trading de alta frecuencia o empujar a ciertos usuarios hacia métodos de custodia propia más difíciles de fiscalizar.