Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, ha publicado en su cuenta de X un documento en el que defiende de manera extrordinaria al desarrollador Roman Storm, pendiente de juicio por su desempeño en el desarrollo del protocolo de privacidad Tornado Cash. El caso ha abierto un debate en el mundo tecnológico sobre los límites de la responsabilidad penal de los desarrolladores de software.
Tornado Cash es un protocolo de software de código abierto basado en contratos inteligentes que permite realizar transacciones privadas con criptomonedas. Sus desarrolladores no controlan los fondos de los usuarios ni pueden modificar o detener el sistema una vez desplegado. El carácter no custodio es clave en la defensa de Storm.
Vitalik, el Estado y los desarrolladores de software
En su documento, Vitalik advierte que el enjuiciamiento de Storm puede marcar un antes y un después en la relación entre el poder del Estado y el desarrollo de software. Storm, cofundador del protocolo de privacidad Tornado Cash, fue arrestado en agosto de 2023 y fue acusado por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York de conspiración para cometer lavado de dinero, violar sanciones internacionales y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La acusación sostiene que el software de código abierto que ayudó a desarrollar fue utilizado para canalizar más de mil millones de dólares en transacciones ilícitas. Storm fue acusado de ayudar a ciberdelincuentes, como al temido grupo de hackers de Corea del Norte.
Tras un largo juicio, en agosto de 2025 el jurado declaró a Storm culpable del cargo de transmisión de dinero sin licencia, penado con hasta cinco años de prisión, pero no logró ponerse de acuerdo sobre los delitos que conllevan penas de hasta 20 años. El Departamento de Justicia ha solicitado repetir el juicio en 2026 por dichos cargos.
En su declaración, Vitalik recuerda que Tornado Cash fue desarrollado, en parte, como consecuencia de una sugerencia suya, y afirma que no respaldar a Storm sería contrario al honor. Para Buterin, el caso plantea una cuestión de fondo clave. Si el desarrollo de software puede convertirse en una actividad penalmente perseguible por el uso que hagan terceros de él. En este sentido, argumenta que equiparar código con delito supone alterar los límites tradicionales de la responsabilidad legal.
Privacidad y poder en la era digital
Buterin defiende que la privacidad no es un privilegio ni una excentricidad tecnológica, sino una protección elemental frente al abuso de poder estatal y corporativo. Señala que la acumulación masiva de datos personales financieros, de localización o de comunicación está creando nuevas formas de vulnerabilidad, agravadas por filtraciones recurrentes de bases de datos públicas y privadas.
Desde esa perspectiva, rechaza la idea de que la privacidad deba sacrificarse en nombre de la seguridad. A su juicio, aceptar que el Estado tenga acceso ilimitado a la información personal no elimina riesgos, sino que los desplaza y, en muchos casos, los amplifica.
El proceso ha generado una gran movilización entre juristas, desarrolladores y empresas, que advierten que una condena basada en dicha interpretación podría tener un efecto paralizante sobre la innovación, al introducir inseguridad jurídica para quienes desarrollan herramientas abiertas y descentralizadas.
Cartas públicas
Storm ha abierto un sitio web, donde solicita cartas públicas de apoyo y donaciones para hacer frente a los costes del proceso judicial. La iniciativa ha logrado una amplia respuesta, con aportaciones que superan varios millones de dólares. Entre ellas destaca la donación de 750.000 dólares en junio de 2025 realizada por la Fundación Ethereum, que ha convertido la campaña en una de las movilizaciones más relevantes del sector. La Fundación defiende a un desarrollador que ha sido acusado por el uso que terceros han hecho de su software. En 2025, la causa de Storm recaudó 6.392.417 dólares.
Para Buterin, el resultado del caso Storm no afectará únicamente al mundo de las criptomonedas. Definirá, en buena medida, si escribir código seguirá considerándose una actividad legítima y protegida, o si los desarrolladores podrán ser responsabilizados penalmente por consecuencias que no controlan.