Una investigación de Reuters revela que los fundadores de Nobitex, la mayor plataforma de criptomonedas de Irán, pertenecen a la influyente familia Kharrazi, estrechamente ligada al poder político y religioso del país. La compañía se ha consolidado como un actor central en un sistema financiero paralelo que permite mover fondos al margen de las sanciones occidentales, según Reuters.
De acuerdo con el reportaje, los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi fundaron Nobitex en 2018 utilizando el apellido alternativo Aghamir. Desde entonces, la plataforma ha crecido hasta concentrar cerca del 70% del mercado cripto iraní y acumular más de 11 millones de usuarios, en un contexto en el que la población está prácticamente excluida del sistema financiero internacional.
Nobitex Irán
La investigación apunta a que Nobitex ha procesado entre decenas y cientos de millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades sancionadas, incluido el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Firmas especializadas en blockchain y exempleados aseguran que la plataforma se utilizó como canal para transferir fondos fuera del alcance de las sanciones.
Nobitex, por su parte, niega cualquier vínculo con el gobierno iraní y asegura que es una empresa privada independiente. La compañía sostiene que cualquier actividad ilícita se habría producido sin el conocimiento de su dirección y que cumple con políticas para detectar comportamientos sospechosos.
El reportaje destaca además el peso político de la familia Kharrazi, con vínculos históricos con los líderes supremos de Irán y presencia en instituciones clave del país. A pesar de ello, ni la empresa ni sus fundadores han sido sancionados por Estados Unidos u otros gobiernos occidentales, sin que esté claro el motivo.
Dificultad para separar el uso legítimo
Durante la guerra reciente en Irán, Nobitex continuó operando incluso en medio de cortes generalizados de internet, procesando más de 100 millones de dólares en transacciones, según datos de firmas de análisis. Este funcionamiento ha reforzado su papel como infraestructura clave tanto para ciudadanos como para actores estatales en un entorno de aislamiento financiero.
Expertos citados por Reuters advierten de la dificultad de separar el uso legítimo de la plataforma por parte de la población del posible uso por parte del régimen. Contiene tanta actividad de ciudadanos comunes que es difícil distinguirla de la del Estado, señaló Nick Smart, de la firma Crystal Intelligence.