La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha impuesto una multa de 193.000 dólares y otras sanciones a DoNotPay, una startup que se promocionaba como creadora del primer abogado robot con inteligencia artificial del mundo. La sanción responde a acusaciones de publicidad engañosa, ya que la empresa aseguró que su chatbot podía reemplazar a abogados humanos, sin ser cierto.
Abogado robot
Fundada en 2015 por el emprendedor británico Joshua Browder, DoNotPay ganó notoriedad por ofrecer servicios legales automatizados a bajo costo. Desde impugnar multas de tráfico hasta reclamar compensaciones por vuelos cancelados, su chatbot prometía democratizar el acceso a la justicia. Sin embargo, en 2023, usuarios y reguladores comenzaron a cuestionar seriamente su funcionamiento.
Algunos clientes denunciaron que la IA generaba documentos con errores, lo que les obligó a contratar abogados reales para corregirlos. En una denuncia presentada en septiembre de 2024, la FTC sostuvo que el chatbot no cumplía las promesas de sustituir a un abogado humano.
Según la Comisión, DoNotPay no demostró que su abogado de IA tuviera la capacidad de generar documentos legales ni de ofrecer asesoramiento con la calidad de un profesional cualificado. Además, no contrató abogados que evaluaran la precisión o validez de los documentos producidos por el sistema.
Multa de 193.000 dólares
La sentencia concluye que la empresa engañó a los consumidores al comercializar su herramienta como equivalente a un abogado, cuando en realidad no contaba con supervisión legal ni ofrecía garantías mínimas de calidad. La FTC también determinó que DoNotPay incurrió en marketing engañoso, utilizando el eslogan «abogado robot» y testimonios exagerados en redes sociales para atraer usuarios.
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DoNotPay ha aceptado la orden propuesta por la Comisión para resolver los cargos. El acuerdo obliga a la compañía a pagar 193.000 dólares y a enviar notificaciones a todos los consumidores suscritos entre 2021 y 2023, advirtiéndoles sobre las limitaciones del servicio. Asimismo, se prohíbe a la empresa afirmar que puede sustituir servicios profesionales sin pruebas verificables que respalden esas afirmaciones.
Este caso sienta un precedente clave para la regulación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito legal y subraya los riesgos de confiar en soluciones tecnológicas no supervisadas para resolver problemas jurídicos complejos.