Eduardo Taiano, fiscal federal argentino a cargo de la investigación sobre el caso LIBRA, investiga al presidente argentino Javier Milei por posibles delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias en la promoción de la criptomoneda. La causa busca rastrear los movimientos financieros y la posible manipulación del mercado.
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En el expediente caratulado como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, Taiano solicitará la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. También llevarán a cabo medidas de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Milei y LIBRA
El fiscal ha puesto especial énfasis en la preservación de pruebas digitales. Ha solicitado registros detallados de todas las transacciones vinculadas a LIBRA para identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de redes sociales, entre ellas, el tweet del presidente Milei del 14 de febrero, en el que promocionaba la criptomoneda.
Bloqueo de fondos y cooperación internacional
Taiano ordenó congelar direcciones digitales para evitar que los activos obtenidos a través de la presunta operación fraudulenta se dispersen o trasladen a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo. Además, trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a datos sobre transacciones realizadas en exchanges extranjeros, según informa el diario Ámbito financiero.
Junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, ya se han iniciado gestiones para obtener registros de los movimientos financieros relacionados con LIBRA. También ha solicitado registros de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, así como informes sobre comunicaciones telefónicas y una lista de testigos que puedan aportar información clave.
Papel de los organismos de control
El fiscal Taiano también analiza el marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina, con el fin de determinar si hubo irregularidades en la regulación y supervisión de LIBRA. Igualmente, se investiga el proceder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) respecto a la comercialización del criptoactivo.
¿Por qué se investiga a Milei en el caso LIBRA?
El escándalo LIBRA estalló el 14 de febrero, cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de X un enlace al contrato de LIBRA en la blockchain de Solana, promoviendo su compra como vía para financiar proyectos privados en Argentina. Tras la publicación, el precio del token pasó de $0,01 a $5, antes de desplomarse abruptamente. Según la denuncia, la caída habría sido provocada por una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Como resultado, un grupo reducido de billeteras electrónicas habría retirado aproximadamente 100 millones de dólares, perjudicando a más de 40.000 inversores.
Entre los investigados figuran, además de Milei, los empresarios Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Juan Grabois, impulsor de la denuncia, escribió en su cuenta de X el pasado mes de febrero: «El que las hace las paga, imputación para el criptochorro Milei por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente».
Milei se desvincula del caso
En el marco de la investigación, Taiano solicitó al presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, una copia de la reunión mantenida con especialistas en criptoestafas. Carro confirmó en sus redes sociales que la documentación ya fue remitida a la justicia.
Por su parte, el presidente Milei se ha desmarcado del escándalo, afirmando que «son problemas de terceros, no de mi Gobierno». Sin embargo, el fiscal Taiano continúa reuniendo pruebas y avanzando en la causa, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y determinar el alcance de la posible estafa financiera.