El Ministerio Público Fiscal argentino ha aprobado por primera vez un marco propio para regular el uso de inteligencia artificial. La norma prohíbe introducir datos de causas, información reservada o datos personales y sensibles en herramientas públicas de IA y establece supervisión humana, auditorías, capacitación obligatoria y el desarrollo progresivo de sistemas propios y seguros.
La Procuración General de la Nación aprobó los Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial, un documento que establece por primera vez principios, procedimientos y límites claros para la incorporación de estas tecnologías al trabajo cotidiano de fiscales, funcionarios y empleados.
Las nuevas reglas fueron aprobadas mediante la Resolución PGN 64/2026, firmada el 4 de septiembre de 2026 por la Procuración General de la Nación. La decisión llega cuando el uso de la inteligencia artificial generativa ya está ampliamente extendido dentro del organismo. Una encuesta interna muestra que ChatGPT es utilizado por el 90,2% de los agentes que recurren a herramientas de IA, muy por delante de Gemini y Copilot.
Regular una tecnología que sus profesionales ya están utilizando
Precisamente por ello, el Ministerio Público Fiscal ha optado por regular una tecnología que sus profesionales ya están utilizando en lugar de ignorar su presencia en las tareas diarias. La medida se inscribe en el Programa de Inteligencia Artificial creado en 2025 mediante la Resolución PGN 14/2025, cuyo objetivo es diseñar un abordaje estratégico e integral para la adopción de estas herramientas dentro del organismo.
Desde entonces, el programa relevó las necesidades institucionales vinculadas con el uso de IA y llevó adelante una encuesta interna anónima entre agosto y septiembre de 2025. Sus resultados, publicados en agosto de 2026, sirvieron como base empírica para elaborar los nuevos lineamientos.
ChatGPT, en el trabajo cotidiano del Ministerio Público Fiscal
El relevamiento interno, que alcanzó a cerca del 40% del personal del organismo, dejó un dato especialmente significativo: la inteligencia artificial generativa ya se utiliza ampliamente entre los agentes del MPF, tanto para tareas personales como laborales. Entre quienes utilizan estas tecnologías, el 90,2% emplea ChatGPT, seguido por Gemini, con un 40,6%, y Copilot, con un 16,7%.
Las principales aplicaciones están relacionadas con la búsqueda de información, la redacción y corrección de textos y las consultas de doctrina y jurisprudencia. Además, buena parte de esta adopción se está produciendo al margen de herramientas contratadas institucionalmente. Un 73% utiliza versiones gratuitas, mientras que otro 23% paga suscripciones personales con fondos propios.
Los resultados reflejan, por tanto, una adopción de facto de la inteligencia artificial anterior a la existencia de un marco específico para regularla. Pero la encuesta también mostró un respaldo muy amplio a que esa utilización deje de producirse sin unas reglas institucionales claras.
El 93,3% del personal se manifestó a favor de avanzar en el uso institucional de la IA, aunque acompañado de importantes salvaguardas. Un 77,7% reclamó garantías de supervisión humana constante; un 76,3% pidió reglas claras sobre los usos permitidos y prohibidos; un 74% exigió una tutela estricta de la privacidad y de los datos sensibles, y un contundente 90,4% solicitó un plan integral de capacitación práctica.
Estos números, según explica el propio texto de la resolución, funcionaron como capital institucional para transformar esa cautela reflexiva del personal en un modelo de gobernanza tecnológica sostenible.
Prohibido introducir datos de causas en ChatGPT y otras IA públicas
Una de las decisiones más importantes de la nueva normativa tiene aplicación inmediata y afecta directamente al uso de herramientas públicas de inteligencia artificial. Hasta que se dicte un régimen específico para el uso individual de herramientas de IA de acceso público, los agentes del Ministerio Público Fiscal no podrán introducir en ellas información reservada, datos correspondientes a causas en trámite, datos personales o sensibles ni metadatos que puedan comprometer la confidencialidad o permitir la reidentificación de personas.
La prohibición responde a uno de los principales riesgos que plantea el uso de modelos comerciales de inteligencia artificial generativa en el ámbito judicial: que información especialmente sensible salga de los sistemas que controla la propia institución.
El documento también advierte expresamente de otro problema: los usuarios no deben utilizar los chatbots de acceso público como buscadores fiables ni como bases documentales autorizadas. Según los lineamientos, estas herramientas se nutren de material publicado en internet, priorizan la probabilidad lingüística sobre la precisión jurídica y pueden generar contenidos aparentemente convincentes, pero falsos, incompletos, desactualizados o sesgados.
Por este motivo, los agentes deberán contrastar siempre con fuentes oficiales cualquier resultado que obtengan mediante inteligencia artificial y nunca podrán utilizarlo como único fundamento de una decisión.
Diez principios para gobernar la inteligencia artificial
El corazón normativo del nuevo marco está compuesto por diez principios rectores inspirados en estándares internacionales como los de la OCDE, UNESCO, OEA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), además de guías nacionales elaboradas por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Entre estos principios figuran la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales; la justicia, equidad y no discriminación; la finalidad pública y la eficiencia, y una gobernanza tecnológica basada en la innovación responsable. Uno de los ejes fundamentales es la supervisión humana significativa. Los sistemas de inteligencia artificial podrán asistir a los profesionales en tareas como el análisis o la clasificación de información, pero en ningún caso podrán sustituir el juicio jurídico ni la interpretación normativa.
Estas competencias seguirán bajo la responsabilidad exclusiva de los operadores del Ministerio Público Fiscal. La encuesta interna muestra que esta supervisión ya forma parte de la manera en que la mayoría de los trabajadores utiliza actualmente la IA.
El 96% del personal utiliza las respuestas generadas por inteligencia artificial como un insumo que posteriormente revisa o adapta. En concreto, el 60,5% redacta desde cero a partir de la información obtenida y el 35,5% adapta lo generado. Apenas el 0,4% utiliza directamente las respuestas de la IA sin revisión.
Los principios rectores se completan con exigencias de transparencia y trazabilidad de los sistemas, proporcionalidad y seguridad en su despliegue, protección de los datos personales conforme a la Ley 25.326, confiabilidad de los datos utilizados y responsabilidad institucional. Este último punto implica que cada agente será responsable del uso que realice de las herramientas de inteligencia artificial, incluso cuando estas sean proporcionadas por terceros.
Todo proyecto de IA tendrá un ciclo de vida regulado
Los nuevos lineamientos no se limitan a formular principios generales. También establecen un procedimiento concreto que deberá seguir cualquier proyecto institucional basado en inteligencia artificial. El proceso comienza con la identificación de una necesidad específica. Antes de desarrollar o contratar una solución basada en IA, deberá evaluarse si esta tecnología es realmente la herramienta más adecuada para resolver el problema planteado o si existen alternativas más sencillas y con menores riesgos.
Después comienza una etapa de planificación en la que será obligatorio clasificar los datos que se utilizarán, analizar sus fuentes y su calidad y realizar una evaluación de impacto. Ese análisis permitirá determinar el nivel de riesgo del proyecto, que podrá ser clasificado como inaceptable, alto, limitado o mínimo, siguiendo categorías inspiradas en estándares internacionales como los utilizados en el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.
Una vez aprobado el proyecto, el sistema podrá desarrollarse internamente o adquirirse a proveedores externos. La resolución considera preferible el desarrollo interno, debido a que permite ejercer un mayor control sobre los datos. Cuando se opte por una solución externa, las condiciones contractuales deberán garantizar la posibilidad de realizar auditorías y establecer mecanismos efectivos de control humano.
La regulación tampoco termina cuando la herramienta comienza a utilizarse. Tras su implementación, el sistema deberá pasar por etapas continuas de mantenimiento, supervisión y auditoría, bajo responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías y, en las instancias posteriores de control, de la Unidad de Auditoría Interna.
Capacitación obligatoria para aprender a cuestionar la IA
El Ministerio Público Fiscal no se limita a establecer prohibiciones, controles y procedimiento, también considera necesaria una capacitación específica de sus trabajadores. La resolución encomienda a la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, en coordinación con la Secretaría de Coordinación Institucional, el diseño de un Programa Permanente de Capacitación Práctica y Aplicada en Inteligencia Artificial.
La formación deberá proporcionar a los agentes competencias operativas concretas para trabajar con estas tecnologías. Entre ellas figuran la formulación de prompts, la validación crítica de los resultados proporcionados por los modelos y la identificación de posibles sesgos algorítmicos.
La capacitación responde, además, a una demanda muy extendida dentro de la propia institución: el 90,4% de los participantes en la encuesta interna reclamó un plan integral de formación práctica.
Sus propias herramientas de IA
Otro de los elementos relevantes de la resolución es la apuesta por reducir progresivamente la dependencia de plataformas comerciales cuando se trabaja con información especialmente sensible. La Procuración General encomienda a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías el desarrollo progresivo de entornos y herramientas propias y seguras.
Estos sistemas deberán atender las necesidades de análisis de datos y gestión documental de las diferentes dependencias del organismo y cumplir los estándares establecidos en los nuevos lineamientos. La apuesta de fondo es clara: reducir la dependencia de herramientas comerciales de acceso público allí donde estén en juego datos sensibles relacionados con causas judiciales.
La decisión cobra especial relevancia teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de los usuarios de IA del organismo recurre a versiones gratuitas y que una parte del personal incluso paga de su bolsillo las suscripciones a estas plataformas.
Revisar y actualizar periódicamente
El Ministerio Público Fiscal reconoce que estas primeras reglas difícilmente podrán permanecer inalteradas ante la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial. El propio documento advierte de que los lineamientos no deben entenderse como una normativa cerrada y definitiva, sino como el punto de partida de un proceso que se proyecta disruptivo para las prácticas del organismo.
La Procuración General asume que el ritmo de los desarrollos tecnológicos obligará a revisar y actualizar periódicamente el marco regulatorio. Sin embargo, establece desde el principio una frontera que pretende mantenerse independientemente de cómo evolucione la tecnología: la inteligencia artificial podrá asistir a fiscales y funcionarios, pero no sustituir su responsabilidad, su criterio jurídico ni las garantías que rodean el funcionamiento de la justicia.
La premisa que atraviesa el documento resume esa filosofía: la tecnología debe estar siempre al servicio de la justicia, y no la justicia al servicio de la tecnología.
Con la Resolución PGN 64/2026, el Ministerio Público Fiscal argentino se suma así a una tendencia creciente entre organismos judiciales y de justicia de la región que buscan ordenar, antes que prohibir, un uso de la inteligencia artificial generativa que ya se ha extendido entre sus profesionales.