Más datos y más control: el modelo de fiscalidad cripto de España

El Annual Global Crypto Tax Report 2026 de PwC,  sitúa a España entre las jurisdicciones que cuentan con un marco de control fiscal más avanzado. Dicho informe anticipa un cambio estructural a escala global impulsado por el Marco de Información Tributaria sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE y por la directiva europea DAC8.

CARF, de la OCDE, y la directiva europea DAC8 constituyen los dos grandes pilares regulatorios del nuevo orden fiscal cripto. El CARF es un estándar internacional diseñado para obligar a exchanges, custodios y proveedores de servicios cripto a recopilar y reportar de forma sistemática información detallada sobre las operaciones y saldos de sus usuarios, permitiendo a las administraciones tributarias intercambiar automáticamente estos datos entre países, de manera similar a lo que ya ocurre en las finanzas tradicionales.

La fiscalidad cripto en España

Por su parte, DAC8 traslada este marco al ámbito de la Unión Europea, haciendo obligatoria la aplicación del CARF para los Estados miembros y ampliando el intercambio automático de información fiscal a los criptoactivos, con el objetivo de reducir la evasión, reforzar la trazabilidad de las operaciones y homogeneizar el control tributario en el mercado digital europeo.

Según PwC,  la creciente regulación está transformando los modelos de negocio del sector y acelerando la convergencia entre el mundo cripto y los servicios financieros tradicionales. La fiscalidad y la transparencia tributaria se han convertido en ejes centrales de este proceso y el ecosistema cripto se encuentra en un momento decisivo, señala el informe.

España: reporting intensivo y alineación con DAC8

El informe confirma que España cuenta desde 2023 con normas específicas de reporte de operaciones con criptomonedas, aplicadas por primera vez en 2024, aunque el marco fiscal se apoya en gran medida en consultas vinculantes de la Agencia Tributaria y no en una ley cripto integral.

En términos fiscales, PwC resume que en el IRPF, el trading con criptomonedas genera ganancias o pérdidas patrimoniales. En el Impuesto sobre Sociedades, la tributación depende del tratamiento contable de los criptoactivos y las pérdidas solo son deducibles si están debidamente justificadas y documentadas.

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Uno de los puntos más exigentes del modelo español es el sistema de reporting para exchanges, custodios y proveedores de servicios, obligados a informar sobre operaciones y saldos, identificar a los sujetos implicados y declarar el valor de las criptomonedas a 31 de diciembre. Estas obligaciones se extienden también a criptomonedas custodiadas en el extranjero, con una exención cuando el saldo total no supera los 50.000 euros. En el plano europeo, PwC subraya que España trabaja en la implementación de DAC8, que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Intercambio automático de información

La nota de prensa de PwC que acompaña al informe sitúa el análisis español dentro de un proceso global mucho más amplio. La firma destaca que el mercado y las regulaciones sobre impuestos y criptomonedas avanzan rápidamente y están en constante evolución, impulsados por la adopción del CARF, el nuevo estándar internacional para el intercambio automático de información tributaria sobre activos digitales.

Este marco ya está siendo implementado por múltiples jurisdicciones. Canadá, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Liechtenstein y Gibraltar avanzan en desarrollos legales para iniciar reportes automáticos entre 2026 y 2028. Para PwC, este movimiento marca un cambio estructural profundo, ya que los criptoactivos pasan a integrarse plenamente en los sistemas internacionales de intercambio de información tributaria, con impactos directos sobre reguladores, plataformas y usuarios.

Chile como ejemplo regional

La nota de prensa dedica especial atención a Chile, donde el Servicio de Impuestos Internos emitió en agosto de 2025 las Resoluciones 113 y 114, que obligan a los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP) a presentar declaraciones juradas anuales con información detallada de las transacciones realizadas por contribuyentes chilenos y extranjeros, siguiendo los estándares del CARF.

El primer informe deberá presentarse antes del 30 de junio de 2026 e incluirá todas las operaciones realizadas durante el año 2025. En el caso de contribuyentes extranjeros, la información será compartida internacionalmente conforme al CARF. PwC subraya que, junto al reporting, muchos países están ajustando su fiscalidad interna en ámbitos como minería, staking, NFTs y clasificación de activos digitales, reforzando la trazabilidad del sector.