El Gobierno de Venezuela ha ratificado este jueves la prohibición absoluta de la minería de Bitcoin en todo el territorio nacional, una medida que las autoridades justifican por el aumento histórico de la demanda eléctrica y la actual crisis energética que atraviesa el país.
En el anuncio, el Ministerio de Energía advirtió que cualquier actividad relacionada con este sector será sancionada, intensificando los operativos de incautación de criptoactivos y equipos de procesamiento de datos en diversas regiones.
El colapso eléctrico como argumento regulatorio
La infraestructura eléctrica de Venezuela se encuentra en un punto crítico, lo que ha llevado al Ejecutivo a señalar a la minería de activos digitales como uno de los principales factores de inestabilidad del sistema.
Según las comunicaciones oficiales, el alto consumo de energía requerido por las granjas de minería interfiere directamente con el suministro para la población general. Esta narrativa busca legitimar un veto que, según el discurso gubernamental, prioriza el acceso al servicio eléctrico para los hogares venezolanos frente a la actividad industrial de la red blockchain.
Sin embargo, el sistema eléctrico nacional ha sufrido décadas de desinversión y falta de mantenimiento técnico, factores que preceden al auge de los criptoactivos en la región. Al prohibir la actividad, el Estado intenta mitigar de forma inmediata los picos de demanda sin abordar las fallas estructurales de la red, como la obsolescencia de las turbinas en la cuenca del Caroní o la degradación de las líneas de transmisión nacional.
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Un sistema en caos
Solo para ofrecer datos, el estado Carabobo, uno de los estados más industrializados del país, cuenta con unas 6 plantas termolectricas, que debería garantizar su estabilidad energética y ofrecer excedentes al país.
Sin embargo, de las 6 unidades, solo una de ellas opera de forma constante (Planta Centro, con unos 2500 MW de potencia) y lo hace de forma limitada en cuanto a su potencia máxima (generalmente, solo trabajan 2 unidades, el 50% de su capacidad). El resto están mayormente inoperativas quitando al país la capacidad de generar unos 2500 MW de energía que servirían paa atender a la población. ¿Razones? Falta de mantenimiento, fallas de enfriamiento de los sistemas y limitaciones a la hora de acceso al combustible.
La situación se repite en otros espacios. En la Zona Energética del Caroní, por ejemplo, las represas Guri, Caurachi y Macagua están operativas. Guri, la más vieja e icónica, opera por debajo de su capacidad operativa debido a fallas estructurales y producto del evento de 2019, que dejo al país sin electricidad por varios días. Caruachi y Macagua, son las que de momento están operativas dentro de rangos «nominales».
Pero aquí falta un proyecto, Tocoma. Este proyecto de la «era Chávez», sigue inoperativa tras los 23 años de desarrollo que lleva el proyecto. Todo ello, pese a que la represa está construida y casi lista para su operatividad.
La paradoja del hashrate venezolano: 5 EH/s en la clandestinidad
Y esto es lo que nos lleva al punto más irónico de todo: a pesar de la prohibición estricta y los operativos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Venezuela mantiene una relevancia estadística sorprendente en el ecosistema global de Bitcoin.
Datos recientes de Hashrate Index estiman que la potencia de cómputo (hashrate) originada en el país alcanza aproximadamente los 5 EH/s. Esta cifra es contradictoria con un escenario de prohibición total y sugiere que la actividad no ha cesado, sino que se ha desplazado hacia estructuras fuera del alcance del escrutinio público.
Además, existen fuertes indicios de que esta actividad persiste bajo el control de sectores vinculados al poder o en instalaciones estatales que operan al margen de las restricciones impuestas al sector privado. Mientras los mineros independientes son objeto de allanamientos y confiscaciones, grandes infraestructuras de procesamiento continúan activas, lo que apunta a que el veto es más una herramienta de centralización del negocio que una medida de ahorro energético.
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Tecnología en las sombras
En todo caso, la persecución contra los mineros de criptoactivos no solo afecta la economía digital, sino que también degrada el talento técnico del país. Y es que el éxodo de expertos en infraestructura y redes venezolanos, se hace sentir, sobre todo porque han tenido que pasar a la clandestinidad o abandonar el país ante el temor de represalias legales bajo el pretexto de «delitos energéticos».
De allí que los que aún siguen en el país, hagan uso de conexiones VPN de alta seguridad y la fragmentación de equipos en múltiples locaciones pequeñas para evitar ser detectados por el consumo eléctrico son prácticas comunes en este entorno. No obstante, estas medidas solo aumentan la ineficiencia técnica y no resuelven el problema de fondo: una red eléctrica nacional que se desmorona mientras el Estado utiliza la minería de activos digitales como un chivo expiatorio conveniente para ocultar la crisis sistémica de servicios públicos.
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Así, la situación en Venezuela refleja una tensión constante entre el potencial energético desperdiciado y una gobernanza que prefiere la restricción a la integración regulada. Mientras el hashrate global sigue creciendo, el país se queda rezagado en la captación de inversión transparente, manteniendo una actividad millonaria en la sombra que poco beneficia al ciudadano común que padece los constantes apagones.