En poco más de un año, Argentina ha protagonizado una de las evoluciones regulatorias más rápidas de América Latina en materia de tokenización de activos. En apenas un año y medio, el país ha pasado de no contar con normas específicas sobre esta tecnología a disponer de uno de los marcos regulatorios más completos de la región, impulsado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y complementado por la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y las recientes iniciativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El desarrollo de este ecosistema regulatorio se ha producido de forma progresiva, mediante distintas etapas que han ido ampliando el alcance de la tokenización y sentando las bases para la integración de los activos digitales en el sistema financiero tradicional.
La Ley 27.739, el punto de partida
El primer paso llegó con la aprobación de la Ley Nº 27.739, sancionada en 2024, considerada el pilar sobre el que se ha construido el actual marco regulatorio. La norma creó el registro obligatorio de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores. Además, su artículo 37 otorgó a la CNV amplias facultades para supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a estos proveedores.
Con esta legislación, el regulador argentino obtuvo la base jurídica necesaria para avanzar posteriormente hacia la regulación específica de la tokenización de activos.
Primera etapa: la tokenización de activos del mundo real
La siguiente fase llegó en junio de 2025. Tras una consulta pública iniciada en abril mediante la Resolución General Nº 1060, la CNV aprobó la Resolución General Nº 1069, que estableció el primer régimen regulatorio argentino para la tokenización de activos del mundo real (Real World Assets o RWA).
La normativa autorizó la representación digital de valores respaldados por fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados con oferta pública, siempre que los activos subyacentes fueran bienes físicos u otros activos admitidos por la regulación y no valores que ya cotizaran en los mercados.
El esquema diseñado por la CNV exige que los instrumentos financieros sean emitidos previamente mediante los mecanismos tradicionales y permanezcan depositados en un Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN).
A partir de ese momento pueden representarse mediante tokens utilizando Tecnologías de Registro Distribuido (TRD) y comercializarse a través de plataformas operadas por PSAV registrados ante la CNV.
El regulador fijó como objetivos garantizar la seguridad, la trazabilidad, la verificabilidad, la transferibilidad y la inmutabilidad de estos activos digitales, otorgándoles una equivalencia funcional con los instrumentos financieros tradicionales.
Segunda etapa: acciones, bonos y CEDEARs
El proceso regulatorio continuó apenas dos meses después. En agosto de 2025, la CNV amplió significativamente el alcance del régimen mediante la Resolución General Nº 1081. Mientras que la regulación inicial se centraba exclusivamente en activos del mundo real, esta nueva etapa incorporó la posibilidad de tokenizar acciones, obligaciones negociables, CEDEARs y otros valores negociables admitidos a oferta pública.
La medida consolidó además el papel de los PSAV como entidades habilitadas para custodiar digitalmente estos instrumentos financieros. Posteriormente, la Resolución General Nº 1087 terminó de completar el esquema regulatorio, configurando junto con las resoluciones anteriores el conjunto de normas que actualmente constituye la base del régimen argentino de tokenización.
Un sandbox regulatorio para probar el modelo
Todo este sistema funciona bajo un sandbox regulatorio, un entorno controlado diseñado para evaluar el funcionamiento de los valores tokenizados antes de establecer una regulación definitiva. Inicialmente, este periodo experimental tenía como fecha de finalización el 21 de agosto de 2026.
Sin embargo, en mayo de 2026 la CNV abrió una nueva consulta pública sobre seis proyectos normativos, identificados como las Resoluciones Generales Nº 1132 a 1137. Entre ellas destaca la Resolución General Nº 1137, que propone extender el sandbox hasta el 31 de diciembre de 2027 y ampliar considerablemente el universo de activos susceptibles de ser tokenizados.
La iniciativa plantea permitir la representación digital de prácticamente todos los valores negociables emitidos bajo regímenes de autorización automática, con la única excepción de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos. El objetivo es eliminar la fragmentación existente entre los distintos tipos de valores y simplificar el régimen de emisión.
La propuesta también prevé un tratamiento específico para los títulos emitidos por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los organismos multilaterales de crédito, que quedarían exentos de solicitar autorización previa de representación digital ante la CNV.
El papel del Banco Central
Paralelamente al desarrollo normativo impulsado por la CNV, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estudia modificaciones regulatorias que podrían ampliar la participación de la banca tradicional en el ecosistema de activos digitales. Entre las medidas analizadas figura permitir que los bancos comerciales ofrezcan servicios de compraventa y custodia de criptoactivos mediante unidades legales separadas.
De aprobarse esta iniciativa, supondría revertir la restricción vigente desde 2022 y abriría la puerta a una mayor implicación de las entidades financieras tradicionales en la infraestructura de custodia y distribución de activos tokenizados.
Argentina gana protagonismo en la región
Con este conjunto de medidas, Argentina se sitúa entre los pocos países latinoamericanos que cuentan con un marco regulatorio específico para la tokenización de valores negociables, junto a Brasil, a través de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), y Uruguay. No obstante, el enfoque regulatorio argentino presenta diferencias relevantes respecto al modelo brasileño.
Mientras Brasil ha centrado buena parte de su estrategia en el licenciamiento de exchanges y en la integración de los activos digitales con infraestructuras de pago como Pix, Argentina ha apostado por desarrollar un marco más amplio para la tokenización de valores negociables.
Además, la posibilidad de ampliar el sandbox regulatorio mediante resoluciones administrativas de la CNV, sin necesidad de aprobar una nueva ley, dota al sistema argentino de una mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución del mercado y de las tecnologías blockchain.
Esta combinación de regulación progresiva, supervisión específica y capacidad de adaptación está posicionando a Argentina como uno de los mercados más avanzados de América Latina en el desarrollo de infraestructuras para la tokenización de activos financieros.