La OCDE advierte que las estafas y los fraudes financieros se han convertido en uno de los principales riesgos para los consumidores y que su frecuencia y complejidad están aumentando al mismo tiempo que avanza la digitalización de los servicios financieros.
En su informe Protecting Consumers from Financial Scams and Frauds, publicado en junio de 2026, la organización analiza las causas del fenómeno y propone una agenda integral basada en prevención, detección, reparación y cooperación. El estudio, elaborado con información de 69 jurisdicciones y la perspectiva de 102 autoridades públicas, parte de una conclusión central: no existe una única medida capaz de proteger eficazmente a todos los consumidores frente a las estafas y fraudes financieros.
OCDE alerta de estafas en la era de la IA
La respuesta, según la OCDE, debe combinar regulación, capacidades de los proveedores financieros, educación, sistemas de denuncia y recuperación, análisis de datos y cooperación entre los diferentes actores que forman parte del ecosistema antifraude.
La organización plantea seis grandes líneas de actuación: establecer y hacer cumplir marcos sólidos de protección financiera del consumidor; desarrollar mecanismos de responsabilidad y reparación justos y accesibles; habilitar canales específicos para denunciar estafas y fraudes; utilizar una tipología común para recopilar y clasificar los datos; elevar los niveles de alfabetización financiera digital; y fortalecer la colaboración entre todos los participantes del ecosistema antifraude.
El problema se produce en un contexto en el que la digitalización de los servicios financieros ha ampliado de manera extraordinaria el acceso de las personas a medios de pago, ahorro, crédito e inversión. Sin embargo, esta transformación también ha creado nuevas oportunidades para los estafadores.
Inteligencia artificial y deepfakes
La expansión de la banca móvil, los pagos digitales, las redes sociales y las plataformas financieras ha modificado el entorno en el que se producen las estafas. Los delincuentes pueden aprovechar los canales digitales para llegar rápidamente a un gran número de potenciales víctimas y adaptar sus estrategias.
La inteligencia artificial y los deepfakes añaden una nueva dimensión al problema, ya que permiten generar contenidos y comunicaciones cada vez más convincentes y dificultan que una persona pueda distinguir entre una interacción legítima y una fraudulenta. El problema, sin embargo, no depende solamente de la sofisticación tecnológica de los delincuentes.
La OCDE destaca también la importancia de la alfabetización financiera y digital. Cuando los consumidores desconocen determinados riesgos, no comprenden las señales de alerta o no utilizan adecuadamente las herramientas de seguridad, aumenta su exposición a posibles fraudes. A ello se suma que las redes sociales y otras plataformas digitales pueden facilitar la difusión de contenidos financieros que no necesariamente han sido verificados.
Papel de las entidades financieras
El informe señala que los sistemas utilizados para detectar operaciones fraudulentas o no autorizadas no siempre son suficientemente robustos. Las entidades financieras tienen, por ello, un papel decisivo en la prevención de los fraudes y en la reducción de los daños que estos pueden provocar a los consumidores.
Las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, pueden mejorar la detección de patrones sospechosos, aunque su implementación puede resultar costosa, especialmente para las instituciones de menor tamaño.
Esta situación plantea un desafío de equilibrio. La innovación tecnológica debe utilizarse para mejorar la seguridad sin generar barreras excesivas para los consumidores ni trasladarles toda la responsabilidad sobre la prevención del fraude. La protección efectiva requiere procesos adecuados de autenticación, monitoreo y alerta, junto con mecanismos que permitan actuar con rapidez cuando una operación presenta indicios de fraude.
Seis recomendaciones
Una de las contribuciones más relevantes del informe es la propuesta de utilizar una tipología común para clasificar las estafas y los fraudes financieros. Disponer de información comparable sobre el tipo de fraude, el canal utilizado, el producto financiero afectado, el método de pago, la detección y la recuperación de los fondos permite a las autoridades identificar patrones, áreas de mayor riesgo y tendencias emergentes.
Esta perspectiva es especialmente importante para pasar de una política reactiva a una política preventiva. Si las autoridades conocen dónde, cómo y contra quién se producen los fraudes, pueden asignar mejor sus recursos, diseñar campañas específicas y anticipar nuevas modalidades delictivas. La calidad de los datos se convierte así en un componente esencial de las políticas de protección financiera.
La OCDE propone seis recomendaciones principales para reforzar la protección de los consumidores. En primer lugar, establecer y hacer cumplir marcos sólidos de protección financiera del consumidor. En segundo término, desarrollar mecanismos de responsabilidad y reparación que sean justos y accesibles para quienes resulten afectados.
América Latina
Establecer canales específicos para denunciar estafas y fraudes, facilitando que la información llegue rápidamente a las autoridades y proveedores correspondientes, se sitúa en tercer lugar. La cuarta recomendación consiste en utilizar una tipología para recopilar y clasificar los datos sobre fraudes. La quinta apunta a elevar los niveles de alfabetización financiera digital y promover una mayor conciencia sobre los riesgos. Finalmente, la sexta recomienda fortalecer la colaboración entre todos los participantes del ecosistema antifraude.
Esta última dimensión merece especial atención, ya que la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de los bancos o los reguladores. Las autoridades de protección al consumidor, los organismos de seguridad y justicia, los proveedores de telecomunicaciones, las redes sociales, las plataformas digitales y las entidades financieras pueden disponer de piezas diferentes de información. Compartir datos y coordinar respuestas puede permitir detectar antes las campañas fraudulentas y reducir su impacto.
Las recomendaciones de la OCDE resultan particularmente relevantes para América Latina, donde la rápida expansión de los pagos digitales y de los servicios financieros puede convivir con importantes brechas de alfabetización digital y financiera. Para los países de la región, el desafío consiste en avanzar simultáneamente en inclusión financiera y protección del consumidor.
Riesgo sistémico
Más digitalización no debería significar necesariamente más vulnerabilidad. Una agenda moderna de protección financiera debería integrar a supervisores, administraciones públicas, entidades financieras, empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, además de organizaciones de consumidores. También resulta fundamental facilitar mecanismos sencillos de denuncia y recuperación, mejorar la utilización de datos y desarrollar campañas permanentes de educación, y no solamente acciones de comunicación posteriores a una ola de fraudes.
La principal enseñanza del informe de la OCDE es que las estafas financieras deben ser consideradas un riesgo sistémico para la confianza en el ecosistema financiero digital. Sus efectos no se limitan a la pérdida económica sufrida por una persona. También pueden deteriorar la confianza en las instituciones, desalentar la utilización de servicios digitales y afectar a los avances logrados en materia de inclusión financiera.
Frente a un fenómeno que evoluciona con la misma velocidad que la tecnología, las políticas públicas deben ser dinámicas y estar basadas en evidencia. La combinación de regulación efectiva, sistemas de detección, mecanismos de reparación accesibles, datos de calidad, educación digital y cooperación interinstitucional ofrece una hoja de ruta concreta.