En la misma semana en que la Comisión Europea estrenaba sus nuevos poderes para hacer cumplir la AI Act, Patrick Collison, cofundador y CEO de Stripe, puso sobre la mesa otros de los grandes problemas tecnológicos del continente: las dificultades para crear y escalar empresas en Europa.
El 29 de agosto, Collison contó en X una conversación con un fundador alemán al que preguntó si las historias sobre los obstáculos para levantar startups en Alemania estaban exageradas. La respuesta fue clara: No, están subestimadas. Según Collison, el empresario pasó un día entero ante un notario mientras se leía un contrato de inversión de 90 páginas. La factura habría ascendido a 30.000 euros. Su siguiente empresa ya no fue constituida en Alemania.
La anécdota tiene base legal. El artículo 13 de la Beurkundungsgesetz alemana establece que el contenido de determinados documentos notariales debe ser leído ante las partes, aprobado y firmado. Eso no significa que cualquier inversión en una startup tenga ese coste ni que todos los contratos deban pasar por el mismo procedimiento, pero sí ilustra el peso que pueden alcanzar determinadas formalidades.
Paul Graham, cofundador de Y Combinator, contrapuso esa experiencia con los SAFE, contratos estandarizados que permiten invertir en una startup a cambio del derecho a recibir acciones en el futuro y que simplifican determinadas operaciones de financiación en Estados Unidos. Jitse Groen, fundador de Takeaway y Lieferando, añadió que en su caso la lectura del contrato se prolongó durante la noche y que, según recuerda, el procedimiento costó al menos 200.000 euros.
Son testimonios, no estadísticas oficiales, pero reflejan la percepción recurrente entre fundadores e inversores de que Europa sigue siendo un lugar complejo para construir empresas tecnológicas de rápido crecimiento.
Coincidencia con AI Act
El debate llega justo cuando Bruselas entra en una nueva fase regulatoria. Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea puede hacer cumplir determinadas obligaciones de la AI Act sobre los proveedores de modelos de IA de propósito general. A finales de agosto, la Oficina de IA comenzó a utilizar esos poderes mediante solicitudes formales de información.
La coincidencia es significativa, porque Europa intenta reforzar su soberanía tecnológica mientras sigue teniendo dificultades para crear gigantes propios. La AI Act no explica esa brecha, que viene de mucho antes, pero añade nuevas obligaciones sobre un ecosistema que ya compite en desventaja frente a Estados Unidos y China.
Por eso, la cuestión no es solo si Europa debe regular la inteligencia artificial. La pregunta es si puede hacerlo sin aumentar todavía más el coste de crear, financiar y escalar sus propias empresas.