La tramitación de la Ley CLARITY, el principal marco regulatorio para los activos digitales en Estados Unidos, se encalla en el Senado por los conflictos éticos de Trump con las criptomonedas pese a la intensa presión de la industria. Aunque los republicanos del Senado han presentado una nueva versión del proyecto, con un apartado específico sobre ética para altos cargos públicos, las modificaciones no han logrado disipar las críticas de los demócratas, que consideran insuficientes las restricciones impuestas al presidente Donald Trump y a sus negocios vinculados con las criptomonedas.
Así, mientras la industria intensifica su campaña para lograr una votación inmediata, el debate en Washington se ha convertido en una discusión sobre conflictos de interés, transparencia y ética pública. El bloqueo llega precisamente cuando las principales empresas y organizaciones del ecosistema cripto han desplegado una intensa ofensiva para convencer al Congreso de que apruebe cuanto antes la CLARITY.
55.000 millones de dólares al PIB
El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, pidió ayer públicamente al Senado que celebre la votación definitiva, calificando la iniciativa como el resultado de un verdadero compromiso bipartidista tras miles de horas de negociación. A su juicio, Estados Unidos necesita con urgencia un marco regulatorio que permita al país mantener el liderazgo mundial en innovación basada en blockchain.
A esta campaña se han sumado organizaciones como The Digital Chamber, que han aceptado que el texto implica concesiones para todas las partes, pero defienden que ya existe un consenso suficiente para convertirlo en ley.
La presión también se ha reforzado con argumentos económicos. Un informe elaborado para la National Cryptocurrency Association (NCA) sostiene que la industria aporta unos 55.000 millones de dólares al PIB estadounidense, proporcionar 232.000 empleos y genera 31.000 millones de dólares en salarios, cifras con las que el sector pretende demostrar que las criptomonedas ya representan una parte significativa de la economía del país.
Coinbase, además, asegura que cerca del 70 % de los estadounidenses apoya la aprobación de una legislación federal sobre criptomonedas y recuerda que la campaña impulsada por Stand With Crypto ha movilizado cerca de 950.000 comunicaciones enviadas al Congreso reclamando la aprobación de la CLARITY.
Pese a esta intensa movilización del sector, los demócratas no parecen dispuestos a acelerar la aprobación de la ley mientras persistan las dudas sobre los intereses económicos del presidente.
CLARITY y las cripto de Trump
Para buena parte de la oposición, el principal problema ya no reside en el contenido técnico de la regulación, sino en si resulta creíble aprobar una legislación sobre activos digitales cuando el propio presidente mantiene importantes intereses económicos en esta industria. En su opinión, cualquier marco regulatorio que no aborde de forma contundente esos conflictos de interés corre el riesgo de reforzar la percepción de que la legislación beneficia directamente a Trump.
Consciente de estas críticas, el nuevo borrador incorpora por primera vez un capítulo específico sobre ética aplicable al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso y otros altos funcionarios, además de sus cónyuges. Sin embargo, las medidas han sido recibidas con escepticismo por numerosos expertos.
La exjefa de gabinete de la SEC y actual directora de política financiera de Better Markets, Amanda Fischer, considera que las nuevas disposiciones apenas modifican la situación actual del presidente. En un análisis difundido tras conocerse el texto, Fischer resume las principales debilidades del acuerdo:
- Trump puede seguir obteniendo beneficios de las empresas de criptomonedas que ya posee.
- No existe obligación de vender sus participaciones.
- La normativa ética no comenzaría a aplicarse hasta transcurrido más de un año.
- Posteriormente será la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) quien determine el calendario para cualquier eventual desinversión.
- La aplicación de la norma dependería del Departamento de Justicia dirigido por Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente.
No cambia nada para Trump
Uno de los aspectos más controvertidos del texto es que no obliga al presidente a desprenderse de sus inversiones actuales en criptomonedas. La propuesta únicamente limita, en teoría, el lanzamiento o patrocinio de nuevos proyectos durante el ejercicio del cargo, pero permite conservar las inversiones existentes mediante un fideicomiso ciego o una futura desinversión sin plazos inmediatos.
Para Fischer, esta arquitectura legal deja abiertas numerosas vías para que Trump continúe beneficiándose económicamente de sus negocios digitales durante su mandato. El análisis de Better Markets sostiene además que la definición de patrocinio incluida en el proyecto resulta demasiado limitada.
Según Fischer, Trump podría seguir participando en actos públicos relacionados con sus proyectos de criptomonedas sin que ello activase automáticamente las restricciones previstas. Sus hijos no están incluidos entre las personas afectadas por la ley y podrían continuar promocionando las empresas familiares. Cualquier procedimiento sancionador dependería de que el Departamento de Justicia consiguiera demostrar una infracción concreta.
Las sanciones previstas tampoco resultan especialmente severas para un patrimonio de estas dimensiones. Las multas máximas quedarían limitadas a 500.000 dólares, además de la devolución de los beneficios obtenidos ilícitamente, cuya cuantía sería determinada por el propio Departamento de Justicia.
Los próximos 1.400 millones
Según la ex responsable de la SEC, la propuesta no cambia prácticamente nada respecto al negocio cripto ya existente del presidente. En su opinión, la ley no obliga a Trump a desinvertir y deja su aplicación en manos de quien fue su abogado personal, Todd Blanche, por lo que duda de que el régimen sancionador llegue realmente a aplicarse.
Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las voces más críticas con la industria cripto, añadió que el nuevo borrador no hace nada para impedir que el presidente Trump obtenga sus próximos 1.400 millones de dólares en criptomonedas. A su juicio, la propuesta acelerará la corrupción criptográfica de Trump y, por ello, considera que el proyecto debería llegar muerto desde el principio.
La oposición a la ley CLARITY también ha encontrado eco en la Independent Community Bankers of America (ICBA), que ha iniciado una campaña nacional contra el tratamiento que la legislación podría otorgar a las criptomonedas, alertando de que una regulación demasiado favorable perjudicaría a los bancos comunitarios y a las economías locales.
Los bancos también contrarios
Según la asociación, los bancos comunitarios conceden alrededor del 60 % de los préstamos a pequeñas empresas, más del 80 % del crédito agrícola y mantienen unos 4,1 billones de dólares en préstamos locales. La organización advierte de que permitir que los emisores de stablecoins remuneren estos activos podría provocar una salida de depósitos de hasta 1,3 billones de dólares, reduciendo la capacidad crediticia del sistema bancario en aproximadamente 850.000 millones de dólares.
Lo que parece cada vez más evidente es que la tramitación de la ley CLARITY ha dejado de ser únicamente un debate sobre la regulación de las criptomonedas para convertirse en una batalla política en torno al presidente Donald Trump. Mientras la industria insiste en que Estados Unidos necesita con urgencia un marco regulatorio estable para evitar la fuga de empresas y proteger a los consumidores, los demócratas sostienen que ninguna legislación será plenamente creíble mientras no resuelva los conflictos de interés derivados de los negocios cripto del propio presidente.