Las negociaciones para sacar adelante la Ley CLARITY, la principal reforma regulatoria del mercado de criptomonedas en Estados Unidos, han dado un nuevo paso. Según The Block, la Casa Blanca y el Congreso han alcanzado un principio de acuerdo sobre la cláusula ética que acompañará a la legislación, considerada el último gran obstáculo para desbloquear el proyecto de ley.
De acuerdo con tres fuentes citadas por el medio, el texto aceptado por el presidente Donald Trump prohibirá que altos cargos federales, entre ellos el presidente, el vicepresidente y los miembros del Congreso, emitan activos digitales mientras permanezcan en sus cargos. Sin embargo, el acuerdo todavía mantiene abierto quién será el encargado de hacer cumplir esas restricciones.
La Ley CLARITY Trump
Según The Block, la propuesta establece que el Departamento de Justicia (DOJ) será el principal organismo responsable de hacer cumplir la nueva disposición ética, en lugar de los fiscales generales de los estados.
Este aspecto podría complicar la aprobación definitiva de la Ley CLARITY, ya que numerosos legisladores demócratas han defendido durante las negociaciones que los estados también dispongan de competencias para supervisar el cumplimiento de estas normas. La senadora Angela Alsobrooks, una de las principales negociadoras demócratas del proyecto, rechazó abiertamente esa posibilidad.
¿Que el Departamento de Justicia imponga una cláusula ética? Es una propuesta poco seria, y no apoyaría el proyecto de ley si esa es la redacción. Pero seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo que nos responsabilice a todos, declaró a The Block.
El último obstáculo para la Ley CLARITY
La cláusula ética se ha convertido en el último gran escollo de una legislación que pretende definir el reparto de competencias entre la SEC y la CFTC y establecer un marco regulatorio para el mercado estadounidense de activos digitales.
Según The Block, Trump aceptó el lunes la inclusión de estas restricciones tras meses de negociaciones sobre cómo impedir que presidentes, vicepresidentes, miembros del Congreso y otros altos funcionarios obtengan beneficios personales derivados de actividades relacionadas con las criptomonedas durante el ejercicio de sus cargos.
La Casa Blanca no confirmó el contenido concreto del acuerdo, aunque aseguró que continúa trabajando con el Congreso para lograr la aprobación de la Ley CLARITY y responsabilizó a los demócratas de un eventual bloqueo.
El avance en las negociaciones coincide con el vencimiento del plazo fijado por la senadora Elizabeth Warren, quien solicitó al presidente Trump que publicara antes de mañana, 23 de julio, una declaración financiera actualizada con todas las ganancias obtenidas mediante criptomonedas durante la primera mitad de 2026.
1.400 millones de dólares
En la carta enviada el pasado 16 de julio, Warren sostiene que el Congreso necesita conocer la situación patrimonial actual del presidente antes de votar una legislación que podría beneficiar directamente a sus intereses en el sector. La senadora recordó que la declaración financiera divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental únicamente recoge los ingresos correspondientes a 2025, ejercicio en el que Trump declaró aproximadamente 1.400 millones de dólares relacionados con negocios de criptomonedas, principalmente a través de World Liberty Financial.
Para Warren, esa información resulta insuficiente mientras el Senado debate una ley que podría modificar el marco regulatorio del sector y, potencialmente, incrementar el valor de las inversiones del presidente y de su familia.

