A partir del 1 de enero de 2026, los usuarios de servicios de cripto en el Reino Unido deberán proporcionar información personal para comprar, vender, transferir o intercambiar criptoactivos como bitcoin o NFT, según Hacienda y Aduanas de Su Majestad (HMRC). La medida busca vincular las actividades con criptoactivos al historial fiscal de los usuarios para garantizar el cumplimiento tributario.
Reino Unido cripto
La normativa afecta a todos los usuarios que compren, vendan, intercambien o transfieran activos digitales como bitcoin, stablecoins, NFT o tokens de seguridad a través de servicios establecidos en Reino Unido, incluyendo aplicaciones de billetera, mercados de NFT y plataformas de gestión de carteras cripto.
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Los usuarios individuales deberán proporcionar su nombre completo, fecha de nacimiento, país y dirección de residencia, así como un número de identificación fiscal, como el número de Seguro Nacional o el UTR (Unique Taxpayer Reference) en el caso de los residentes británicos. Las entidades jurídicas, como empresas, fundaciones o fideicomisos, deberán aportar datos similares, incluyendo número de registro empresarial y detalles del país emisor de su NIF.
Además, los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a recopilar y reportar estos datos a HMRC, conforme a los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales de intercambio automático de información. Esto implica que las autoridades fiscales del Reino Unido compartirán los datos de los usuarios extranjeros con las autoridades tributarias de sus respectivos países, y viceversa.
Sanciones
El incumplimiento de estas obligaciones podrá conllevar sanciones de hasta 300 libras esterlinas por información inexacta o incompleta. El comunicado también recuerda que los usuarios deben declarar correctamente los beneficios obtenidos por la compraventa o recepción de criptoactivos. Las operaciones como ventas, intercambios o regalos pueden estar sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital. Por su parte, quienes reciben criptomonedas como pago por servicios, minería o actividades laborales deberán considerar posibles obligaciones en el impuesto sobre la renta y contribuciones a la seguridad social.
Con esta nueva regulación, Reino Unido refuerza su adhesión a estándares internacionales de fiscalización sobre criptoactivos, alineándose con marcos como el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) promovido por la OCDE, en un contexto de creciente presión regulatoria sobre el sector a nivel global.