Este lunes 26 de octubre, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) publicó un folleto en el que anima a los bancos comunitarios de Estados Unidos a entrar en el negocio de las stablecoins, solicitando permiso para emitir tokens vinculados al dólar bajo la ley GENIUS, en su propio nombre o a través de una filial.
El calendario mete prisa. Según el boletín del 21 de octubre, a partir del 18 de enero de 2027 solo un emisor autorizado podrá emitir una stablecoin de pago en el país, y hacerlo sin permiso conlleva penas criminales. El regulador, además, todavía no acepta solicitudes de emisión.
Quien ya emite puede pedir una exención temporal si su solicitud está sustancialmente completa el 18 de enero. La aritmética viene después: los bancos comunitarios son 3.818 de las 4.238 entidades aseguradas por la FDIC a 30 de junio, el 90% del censo, y suman 2,77 billones de dólares en activos con una mediana de 345 millones. Para ese banco mediano el marco no es un producto más, exige 5 millones de capital mínimo y un colchón de doce meses de gastos. La OCC usa a los pequeños como contrapeso de los grandes emisores y les pide una inversión que pocos pueden justificar solos.
Un negocio de 300.000 millones con dos dueños
El mercado al que se invita a entrar vale 299.998 millones de dólares y está partido en dos. Tether concentra 182.234 millones (el 60,75% del total) y Circle suma 71.675 con su USDC; entre las dos firmas se quedan con el 84,6% del dinero estable en circulación, según los datos de DefiLlama de este lunes.
El negocio del emisor es el diferencial de tipos, no la comisión. Las reservas deben estar en efectivo, depósitos a la vista, letras a 93 días o fondos que solo compren esos activos, y el rendimiento se lo queda la empresa que emite.
Con la letra a tres meses en el 4,22% y el retorno de las reservas de Circle en el 3,48% el trimestre pasado, cada 1.000 millones en circulación dejan entre 34 y 42 millones al año antes de costes.
Lo que el emisor no puede hacer es repartir ese rendimiento con quien tiene el token. La ley prohíbe pagar intereses o recompensas por mantener una stablecoin de pago, y la OCC acaba de reafirmar la prohibición sin la presunción contra los rodeos que había propuesto en marzo.
Lo que cuesta entrar, cinco millones y un año de gastos
El reglamento final, publicado en el Registro Federal el 23 de octubre y vigente desde el 18 de enero, fija un mínimo de 5 millones de dólares de capital que acompaña al emisor toda su vida, no solo en el arranque.
Encima va un colchón operativo separado de las reservas, con activos líquidos equivalentes a doce meses de gastos y deuda subordinada que puede cubrir como mucho la mitad. El incumplimiento tiene consecuencias escalonadas, y ninguna es decorativa.
El emisor avisa a la OCC en 24 horas si cae bajo el mínimo, publica cada trimestre si cumplió y, si cierra el trimestre en falta, deja de emitir tokens nuevos al mes siguiente.
Las reservas tienen reglas de forma. Valen al menos lo emitido, van segregadas del resto del balance y deben repartirse para no concentrar riesgo en una sola entidad; entran efectivo y saldos en la Reserva Federal, letras del Tesoro a 93 días, depósitos y fondos que solo inviertan ahí, incluidos ETF y versiones tokenizadas de esos mismos activos.
La OCC examinará a los emisores pequeños cada 18 o 24 meses, el mismo ciclo ampliado que ofrece a los bancos pequeños. La pregunta que se hará un consejero delegado no es si el token queda bonito, sino quién lo usa: sin red de comercios propia, el dólar digital de un banco de pueblo compite con la aplicación del banco grande que ya tiene al cliente en el móvil.
La puerta cerrada y el atajo de la exención
El folleto llega antes que la ventanilla. La OCC repite en su página del programa que no acepta solicitudes ni exenciones hasta que la Oficina de Gestión y Presupuesto apruebe la recogida de información de los formularios.
Un banco que quisiera presentar su expediente este lunes no tendría dónde entregarlo. Cuando abra, el reloj está reglado: la OCC tiene 30 días para decir si el expediente está sustancialmente completo y hasta 120 para resolver desde esa declaración.
Si sigue incompleto tras un primer requerimiento, lo devuelve en 60 días. La estructura importa más de lo que parece: la exención del artículo 5(f) cubre a la filial de una entidad asegurada, no a la entidad asegurada que emite en su propio nombre.
Existe una segunda puerta que no pasa por la OCC. La ley deja que un emisor con menos de 10.000 millones en circulación se acoja a un régimen estatal sustancialmente similar al federal, y quien supere ese umbral después tiene 360 días para pasar al marco federal o dejar de emitir. Para un banco de 2.000 millones, ese carril puede salir más barato que el examen federal si su estado certificó sus reglas.
Dos presiones sobre la misma caja
El regulador que pide a los pequeños que emitan recibe dos presiones que apuntan a su caja de depósitos. La primera es judicial: la ICBA, patronal de la banca comunitaria, demandó el 2 de octubre a la OCC y a su contralor, Jonathan Gould, por la norma que abrió la banca fiduciaria a empresas cripto.
El escrito pide anular esa norma, la carta interpretativa que la sostiene y la licencia de Protego, y recuerda que hay 21 licencias de banca fiduciaria aprobadas o aprobadas en condiciones, al menos 13 de ellas de firmas digitales.
La segunda presión es política. En mayo, la senadora Elizabeth Warren reclamó por al menos nueve licencias de banca fiduciaria concedidas a compañías cripto desde diciembre de 2025, con el argumento de que operan como bancos sin las obligaciones de un banco.
La OCC sostiene que aplica los mismos requisitos a emisores bancarios y no bancarios, con exámenes ajustados al tamaño de cada uno y un ciclo ampliado para los pequeños, de modo que el banco de pueblo no cargue con el mismo equipo que un gigante de custodia.
El otro frente es el rendimiento. La Asociación de Banqueros Americanos criticó el 21 de octubre que el reglamento final haya retirado la presunción contra los acuerdos que reparten rendimiento a través de exchanges y socios de distribución, y sostiene que así se paga de forma equivalente sin incumplir la letra de la ley.
De fondo está la fuga de depósitos, con estimaciones que no se parecen entre sí porque miden escenarios distintos. Las cuatro que circulan en el debate público van de una pérdida de 850.000 millones en crédito a una ganancia de 2.100 millones.
| Quién estima |
Qué mide |
Cifra |
| ICBA, mayo de 2026 |
Depósitos comunitarios perdidos si se permite rendimiento |
1,3 de los 4,8 billones, con 850.000 millones menos de crédito |
| Reserva Federal, en el cálculo que cita la ICBA |
Escenario de adopción alta |
1 billón en depósitos fuera del sistema y 1,26 billones menos de préstamos |
| Tesoro de EEUU, según la ABA |
Depósitos bancarios en riesgo |
6,6 billones |
| Consejo de Asesores Económicos, abril de 2026 |
Efecto de prohibir el rendimiento |
2.100 millones más de crédito, con 800 de coste neto |
La propia OCC admite en el folleto que el efecto sobre los depósitos comunitarios sigue sin resolverse. El dato que más pesa en su argumento es otro: la ley permite que los depósitos bancarios sirvan de reserva de las stablecoins, de modo que un banco pequeño puede ganar aunque no emita nada.
El emisor pequeño como escaparate
Vistas las piezas, la invitación tiene un destinatario más estrecho de lo que sugiere el titular. Un banco de 345 millones que emita su propio dólar digital asume capital mínimo, colchón de doce meses y equipo de cumplimiento para pelear en un mercado donde dos firmas se reparten el 84,6%.
Lo que gana sin discusión es el otro papel, el de depositario de las reservas de un tercero. Habrá que esperar a que la OMB apruebe los formularios para ver si el primero en la cola es un banco de 2.000 millones o un consorcio de pueblos.
La OCC ha puesto fecha, requisitos y una exención de hasta doce meses. Lo que todavía no ha puesto es un solo nombre, y esa ausencia dice más del calendario que del apetito de la banca comunitaria.
