La foto del martes 29 de septiembre, reunió en una misma sala a quienes compiten por construir la inteligencia más potente del planeta. Ese día, Donald Trump almorzó en la Casa Blanca con 31 invitados del sector tecnológico y salió con un documento firmado por él y siete ejecutivos, de Sundar Pichai a Elon Musk pasando por Jensen Huang: el White House Accord on Super Intelligence, un compromiso de autorregulación sin fuerza legal que Trump describió como moralmente vinculante
Tras meses de modelos saltándose sus jaulas de pruebas, hackeos a terceros y llamamientos a frenar de los propios jefes de los laboratorios, Washington optó por pedirles que se vigilen a sí mismos en lugar de imponerles reglas. Al otro lado del Atlántico, Bruselas hace exactamente lo contrario: multar hasta el 3% de la facturación mundial a quien incumpla su ley de IA.
La clave está en lo que el pacto dice, en lo que calla y en quién no estaba en la foto. Sam Altman, el rostro más famoso de la IA, faltó porque presentaba sus agentes Dots en San Francisco y firmó en su lugar su número dos. Y mientras Trump hablaba de autorregulación, anunciaba de paso que quiere rebautizar la inteligencia artificial como superinteligencia por decreto. Entender el documento es entender el tablero donde se juega el futuro de la IA, y su peso en la politica global.
Un pacto de gran peso
El texto, publicado por Trump en Truth Social, cabe en una página de principios y abre la puerta a futuras leyes sin comprometerse a ninguna. Las empresas se comprometen en cuatro pasos: controles internos sólidos, un auditor externo independiente que verifique que funcionan, un comité dentro de cada consejo de administración para evaluar ambos informes y la promesa de convertir todo eso en regulación si algún día hace falta. El documento menciona como objetivos eliminar riesgos de armas biológicas y químicas y evitar ciberataques.
El reparto de vigilancia tiene dos niveles más. Trump anunció que nombrará en los próximos días a una persona para supervisar el acuerdo tras consultar a la industria, y sugirió crear un comité de unas diez personas para vigilar toda la empresa. Las compañías, dijo, se juegan demasiado si algo sale mal como para permitirlo: sus empresas, sus reglas y su riesgo, todo en el mismo saco.
Después de todo, lo más sustancioso fueron las frases de los firmantes. Zuckerberg lo vendió como punto de partida para normas comunes del sector. Musk, más crudo, lo resumió en que los ejecutivos acordaron corregirse los deberes unos a otros, mucho mejor que si cada uno corrige solo los suyos. Amodei, el más cauto, recordó que los riesgos son muy reales y que el mecanismo para abordarlos sigue en discusión. Tres tonos para un mismo papel.
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¿Quién estaba y quién faltaba?
La lista de asistentes parecía la portada de una revista de negocios. Amodei de Anthropic, Zuckerberg de Meta, Huang de NVIDIA, Karp de Palantir, Brockman de OpenAI, Musk de xAI y SpaceX, Pichai de Google, Bezos de Amazon, Nadella de Microsoft y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, entre los 31 comensales. Faltó Altman, retenido por su DevDay, y su ausencia se notó más que muchas presencias: el hombre que pide frenar firmó por delegación mientras presentaba agentes autónomos.
Conviene matizar que la unidad era más escenográfica que real. Bessent, el secretario del Tesoro, y la jefa de gabinete Wiles miran con recelo el impacto económico de los modelos. Los centros de datos que consumen estas empresas han levantado una revuelta bipartidista en las comunidades donde se instalan, por consumo eléctrico y agua, y varios de los presentes llegaron a la mesa tras pedir públicamente ralentizar el desarrollo. Cientos de miles de millones en infraestructuras conviven con vecinos que ven subir su factura de la luz: esa fricción local, más que los modelos, puede decidir las midterms en varios distritos. Sentarse juntos no significa pensar igual.
De esta manera, la cumbre fue sobre todo una foto de alineamiento: la administración y los jefazos coincidiendo en las preocupaciones de palabra, sin resolver ni un solo problema de fondo. Como reconocieron las fuentes del encuentro, el almuerzo no iba a arreglar nada urgente, sino a poner a todos en la misma página. La página, eso sí, la escribió la industria. Y la Casa Blanca puso el mantel: legitimar sin legislar, el equilibrio que Trump prefiere en su pulso con China.
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El contraste europeo en una tabla
Al otro lado del Atlántico, el mismo problema se gestiona con ley, inspectores y multas. La comparación entre los dos modelos, que Euronews desmenuzó el 30 de septiembre, deja poco lugar a la ambigüedad.
Europa obliga desde agosto de 2025 a documentar los modelos de propósito general, compartir información con quienes los usan como base, respetar los derechos de autor y publicar un resumen de los datos de entrenamiento. Desde agosto de 2026 puede inspeccionar, evaluar modelos, exigir medidas y multar. Un código voluntario ayuda a cumplir, pero firmarlo es opcional y cumplir la ley, no. Los grandes laboratorios se dividieron ante ese código: los responsables de GPT, Claude y Gemini lo firmaron y Meta y los chinos no, una fractura que anticipa dónde caerán las primeras inspecciones. España, con su agencia de supervisión de la IA ya en marcha, aplicará ese calendario como el resto de Estados miembros.
La ironía no pasó desapercibida en Bruselas. Mientras Washington deja que las tecnológicas se vigilen a sí mismas, cualquier empresa que venda IA en Europa, esté radicada donde esté, responde ante la Oficina de IA. Dos filosofías para el mismo riesgo existencial: la americana confía en el interés propio, la europea en el expediente sancionador.
Lo que el pacto no resuelve
La primera laguna es la exigibilidad. Sin sanciones ni calendario, el acuerdo depende de que las empresas cumplan porque les conviene parecer cumplidoras, justo cuando la competencia por lanzar castiga cada frenazo. La historia de la autorregulación tecnológica, de las redes sociales a la privacidad, no invita al optimismo: los compromisos voluntarios sobreviven hasta que cuestan dinero.
La segunda es el respaldo invocado. Trump aseguró que ya existe regulación automática a través del Departamento de Justicia y el FBI, una afirmación que confunde perseguir delitos con supervisar modelos. Ni el FBI audita documentación técnica ni el Departamento de Justicia evalúa riesgos sistémicos: son la red de seguridad, no el inspector de obra.
La tercera es el calendario electoral. El Congreso se marcha de Washington en octubre y no vuelve hasta después de las midterms de noviembre, con apenas una veintena de días legislativos por delante. Cualquier intento de convertir el pacto en ley dormirá hasta la sesión del pato cojo o hasta 2027, y para entonces el mapa político puede haber cambiado. Los pactos morales no entienden de calendarios electorales; las leyes, sí.
Y queda el remate folclórico con fondo serio. Trump anunció que firmaría un documento para rebautizar la inteligencia artificial como superinteligencia, porque la inteligencia, dijo, no es artificial. El gesto parece una anécdota, pero revela la filosofía completa: ni siquiera el nombre se regula, se decreta. Entre pactos morales y decretos de vocabulario, Washington ha elegido el teatro donde Bruselas eligió el código.
Dos modelos para el mismo miedo
El almuerzo del 29 de septiembre no resolvió nada y lo resolvió todo a la vez: dejó claro que Estados Unidos regulará su IA con apretones de manos mientras Europa lo hará con expedientes. Los veranos de agentes desbocados seguirán llegando a ambos lados del océano; la diferencia estará en quién paga la factura cuando uno se escape de verdad.
Habrá que esperar para saber si el comité de diez personas nace, si el supervisor aparece y si alguna empresa incumple primero. Lo que ya nadie discute es que la carrera por la superinteligencia tiene ahora dos reglamentos incompatibles: el que se firma con fotos y el que se cumple con multas. Y las empresas operan en los dos a la vez. Y España, que aplica la ley europea con agencia propia, tendrá que explicar a sus startups por qué compiten con reglas distintas a las de Delaware.
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