Los empleados del organismo que prepara las decisiones del Gobierno sueco no pueden abrir ChatGPT ni Claude en el navegador de su ordenador de trabajo. El bloqueo llegó este lunes 26 de octubre a Regeringskansliet, la casa que reúne la oficina del primer ministro y diez ministerios, con unas 5.100 personas en plantilla según el recuento oficial.
El motivo no es que los modelos sean peores, sino que no hay contrato que fije qué ocurre con lo que se escribe dentro. Mikael Wettercrantz, director de digitalización de la oficina, avisó en la intranet de que usar servicios de IA sin acuerdo puede tener «consecuencias para nuestra seguridad de la información», y una auditoría interna en la Administración de Transportes ya había descrito usos «problemáticos» de plataformas abiertas a principios de año.
La alternativa recomendada es Microsoft Copilot, que pasó una revisión de seguridad y está cubierto por un acuerdo con el Estado sueco. Un número limitado de empleados conserva el acceso a ChatGPT y Claude a través de Intric, la plataforma de asistentes contratada en julio, así que el veto alcanza a la puerta del navegador y no a los modelos. Esa distinción dice más del modelo de compra pública que cualquier comunicado.
Un veto al navegador, no a la herramienta
El alcance real es más estrecho de lo que sugiere el titular. Deja de estar accesible la interfaz web de ambos servicios en los ordenadores de trabajo, y la oficina no ha aclarado si el bloqueo llega a los móviles personales o a las interfaces de programación.
La decisión se conoció el viernes 23 de octubre, cuando se filtró el anuncio interno del bloqueo. Después, el servicio de prensa declinó explicar qué cambió en la configuración de Copilot tras la revisión, con el argumento de que son cuestiones de seguridad, y Wettercrantz rechazó dar una entrevista. Quedan dos preguntas sin responder: qué criterios convierten una herramienta en aprobada y quién audita esa lista meses más tarde.
Regeringskansliet no es un ministerio suelto. Es la maquinaria que prepara los asuntos del Gobierno y sostiene a los ministros, con la oficina del primer ministro y diez departamentos en la misma estructura administrativa.
Ahí se manejan decisiones de Gobierno, investigaciones oficiales y memorandos que pueden estar clasificados. De las casi 4.900 personas en activo, unas 200 son cargos políticos y el resto conserva su puesto con independencia de quién gobierne, así que el veto afecta sobre todo a la plantilla permanente.
Antes del veto hubo una auditoría. La revisión interna de la Administración de Transportes detectó un uso «generalizado y arriesgado» de alrededor de diez servicios distintos de inteligencia artificial y dejó un diagnóstico sobre dos frentes, el de la sensibilidad de la información introducida y el de la gestión de las respuestas generadas.
Ese diagnóstico describe el fenómeno que la jerga llama shadow IT. Son empleados que resuelven su trabajo con herramientas que nadie ha homologado, sin que el departamento de sistemas sepa qué datos salen ni a qué servidor llegan.
Con Copilot la administración se queda dentro de un contrato; con ChatGPT en el navegador, el texto que un funcionario pega sobre un expediente viaja a un servicio que puede conservarlo y reutilizarlo para entrenar sus modelos.
El veto no llegó solo, porque la oficina ya había limitado DeepSeek en la misma línea que siguieron los sistemas federales de Estados Unidos. La lista de herramientas no aprobadas crece por la vía de la seguridad de los datos, no por la de la calidad del modelo.
| Organismo |
Situación desde el 26 de octubre |
| Regeringskansliet (oficina del Gobierno) |
Bloqueo del navegador en ordenadores de trabajo |
| Agencia Tributaria (Skatteverket) |
Bloqueo de servicios de IA abiertos |
| Junta Nacional de Cuidado Institucional (SiS) |
Bloqueo de servicios de IA abiertos |
| Autoridad de Ejecución (Kronofogden) |
Revisión en curso antes de decidir |
| Administración de Transportes (Trafikverket) |
Auditoría interna previa con uso «problemático» |
Copilot gana por contrato, no por modelo
La lectura fácil es que Suecia ha elegido un modelo y descartado otros dos, y la documentación del propio fabricante la desmiente en parte. Copilot puede ejecutar modelos de OpenAI y también de Anthropic, pero en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido los modelos de Anthropic llegan desactivados por defecto y quedan fuera del perímetro europeo de datos, según las instrucciones para administradores. Alguien tiene que activarlos y asignar usuarios.
Lo que separa a Copilot de ChatGPT no es el peso del modelo, sino quién responde si algo se rompe. Hay una revisión documentada, un acuerdo con el Estado sueco y una configuración que la casa puede tocar, y eso es lo que convierte una herramienta en aprobada. El proveedor estadounidense sigue dentro, con otro contrato y otras condiciones.
Microsoft añadió el 3 de abril de este año un ajuste en su centro de administración para que Copilot use modelos de Anthropic en las aplicaciones de Microsoft 365 dentro de la UE, el EEE y el Reino Unido. La puerta existe, pero está cerrada por defecto y la abre un administrador que decide quién entra.
La puerta de atrás se llama Intric
La excepción retrata mejor que el veto el modelo sueco de compra pública. La plataforma que mantiene el acceso a los dos modelos vetados es Intric, una empresa de Estocolmo que ganó el contrato el 8 de julio por doce meses prorrogables otros doce, y que ejecuta los asistentes sobre infraestructura sueca, en nube local, en servidores del cliente o incluso aislada de internet.
El detalle técnico importa, porque la plataforma es agnóstica de modelo y permite elegir entre ChatGPT, Claude, Gemini o pesos abiertos según la tarea. Encaja con el debate sobre modelos cerrados y abiertos que libran los propios laboratorios. Un funcionario puede seguir preguntándole a Claude qué dice un memorando, siempre que la consulta pase por un sistema que el Estado controla y aloja.
Ese arreglo tiene fecha de revisión y un incentivo implícito: si la plataforma no aguanta el uso diario de miles de funcionarios, la alternativa aprobada sigue siendo Copilot y el Estado vuelve al proveedor único.
La factura de depender de un solo proveedor
Queda el problema de fondo, que no es técnico. Un organismo público que reduce su perímetro a un único proveedor cambia un riesgo difuso por una dependencia concreta, y la oficina no ha publicado qué ajustes de seguridad hizo en Copilot ni con qué criterios evaluó las alternativas. La transparencia es justo lo que permite que el veto sea una decisión administrativa y no un acto de fe.
El detalle político añade sal a la escena. El primer ministro, Ulf Kristersson, contó en su momento que usaba modelos de IA «con bastante frecuencia» en su trabajo, y ahora sus funcionarios tienen que pasar por Copilot o por una plataforma interna para hacer lo mismo. La pregunta ya no es si la IA entra en la administración, sino quién firma el contrato que la deja entrar.
Quién decide qué herramientas usa el Estado
La secuencia sueca se repetirá en más capitales, y no por una moda regulatoria sino por aritmética de proveedores. Cada vez más trabajo público pasa por asistentes conversacionales, y cada uno es una transferencia de datos a una jurisdicción ajena. La Agencia Tributaria y la Junta Nacional de Cuidado Institucional ya cerraron la puerta, y la Autoridad de Ejecución estudia hacerlo.
Lo relevante no es el veto a dos marcas conocidas. Es que el corte lo ha trazado la existencia de un acuerdo y no la calidad del modelo, y que los modelos vetados siguen disponibles por otra vía y bajo otra firma. Cuando el criterio es el contrato, la seguridad depende de una letra pequeña que nadie ha publicado.
