DeepSeek llevaba vetado en la contratación civil del Gobierno de EEUU desde finales de julio sin que el veto fuera público. La orden que lo excluye se firmó el 24 de julio de 2026 y no se conoció hasta el lunes 19 de octubre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la remitió al Federal Register. El aviso se publicó este martes 20 de octubre con el número de documento 2026-21447, bajo el expediente DHS-2026-0628 y en las páginas 66346 a 66350 del volumen 91 del registro federal.
El texto ordena dos cosas. Primero, excluir de las compras de las agencias civiles del Ejecutivo federal los productos y servicios de información desarrollados por Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., filiales incluidas según la definición del reglamento de adquisiciones. Segundo, retirar de los sistemas de información de esas mismas agencias todo producto de DeepSeek y también los productos y servicios de terceros «desarrollados usando implementaciones de DeepSeek». El Departamento de Defensa queda al margen.
La segunda parte es la que cambia el juego. Una agencia puede certificar que no tiene la aplicación instalada y no saber si un proveedor destiló sus salidas para entrenar otro modelo. Ese vacío convierte la prohibición en un problema de trazabilidad.
¿Qué excluye la orden y a quién obliga?
El aviso invoca la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Adquisiciones Federales de 2018, conocida como FASCSA. La orden llega tras una recomendación del Consejo de Seguridad de las Adquisiciones Federales (FASC), el órgano interinstitucional que evalúa riesgos de proveedores, y la implementa el equipo de ciberseguridad de CISA. Firma el aviso James H. Percival II, consejero general del DHS.
El alcance es más ancho de lo que sugiere la palabra prohibición. El texto habla de productos y servicios de tecnología de la información, no solo de la aplicación del chatbot, y CNBC precisa que alcanza a departamentos civiles como el Tesoro y que deja fuera al Pentágono. Las agencias tampoco pueden firmar contratos nuevos con la empresa ni con sus filiales, definidas por remisión al reglamento federal de adquisiciones.
La exclusión de la compra pública es el castigo real: el aviso no impone multas ni sanciones individuales, y la carga cae sobre quien quiera seguir usando la herramienta, que tendrá que justificarlo por escrito ante el departamento.
Un plazo de excepciones que se agotó antes del anuncio
Las agencias pueden pedir una excepción, incluido un aplazamiento de la retirada, si presentan una justificación escrita ante el DHS. El problema es la fecha: según CNBC, ese trámite tenía un plazo de 60 días desde la emisión de la orden. Contado desde el 24 de julio, el reloj se agotó el 22 de septiembre, veintisiete días antes de que el documento saliera a la luz pública y cuatro semanas antes de su publicación oficial.
El detalle importa porque define el margen real de las agencias con sistemas heredados. Un departamento que descubriera en octubre un asistente integrado en su mesa de ayuda o un proveedor que hubiera afinado un modelo con salidas de DeepSeek ya no podía acogerse a la ventana prevista para esos casos, al menos con el cómputo que describen las fuentes. Ninguna de las consultas publicadas aclara si el DHS reinició el plazo con la publicación o si admite solicitudes fuera de fecha, y el departamento no ha anunciado un criterio público al respecto.
Conviene matizar que el aviso tampoco publica un inventario de sistemas afectados ni un calendario escalonado de retirada. La orden es una obligación de resultado, no un plan de migración, y eso deja la parte más cara del trabajo en manos de cada agencia y de sus contratistas.
Los vectores de amenaza que enumera el DHS
El documento sostiene que los modelos de DeepSeek «presentan múltiples vectores de amenaza». El primero es el trasvase de datos: el uso por empleados o proveedores del Gobierno «puede dar lugar a la transferencia de información sensible a la República Popular China», según POLITICO.
El segundo vector es técnico. El DHS cita investigaciones de código abierto que identificaron vulnerabilidades críticas en la aplicación de DeepSeek para iOS y advierte de la posibilidad de código malicioso en los modelos, un argumento distinto del trasvase de datos.
El tercero tiene nombre y fecha. El 8 de septiembre de 2026, la NSA, CISA y el FBI publicaron un aviso conjunto sobre campañas de destilación industrial contra modelos estadounidenses. El texto señala a seis empresas chinas: DeepSeek aparece junto a Moonshot AI y Alibaba, y la lista se completa con MiniMax, StepFun y Z.AI.
Les atribuye la extracción de miles de millones de tokens en millones de intercambios desde finales de 2024 y menciona variantes de Claude y de GPT, además de Gemini y Grok. La orden del DHS no cita ese aviso, pero encaja en la secuencia: primero se documenta el método, después se corta el acceso.
El problema del linaje cuando el modelo ya no está
DeepSeek publicó R1 con pesos abiertos en enero de 2025, el modelo que tumbó a Nvidia en bolsa, y desde entonces cualquiera puede descargar los parámetros, ejecutarlos en su propio hardware y construir encima. Un proveedor incluso puede haber usado el modelo para generar datos sintéticos, para destilar un sistema más pequeño o para afinar una arquitectura hasta que el producto final no contenga ni un peso de DeepSeek y siga siendo, con arreglo al texto, «desarrollado usando» DeepSeek.
El razonamiento vale para cualquier usuario y para el contratista federal. Quien se instala un modelo chino de pesos abiertos en su portátil, como explicamos en la guía de Kimi K3, conserva la copia y el rastro en su disco. Una empresa que vende software al Gobierno, en cambio, tiene que certificar algo que su propio inventario de componentes no registra: un SBOM enumera lo que corre en un sistema desplegado, no qué modelo se usó para fabricarlo.
De esta manera, la orden traslada el riesgo contractual a la cadena de proveedores. Cada contrato nuevo con una agencia civil obliga a declarar que no hay nada construido sobre DeepSeek, y la agencia que firma sin comprobarlo asume el coste político si el dato aparece después. Para el proveedor mediano, la salida práctica pasa por documentar el origen de sus datos de entrenamiento antes de que se lo pidan.
El veto no alcanza al ciudadano ni a la empresa privada: un particular puede seguir usando la aplicación y un banco puede seguir integrando el modelo en sus sistemas. Lo que cambia es la relación con el comprador federal, que ahora pide una garantía.
China reacciona con hipocresía
China respondió el martes por boca de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dijo que Pekín se opone a la «generalización excesiva» del concepto de seguridad nacional y a la politización de la tecnología y el comercio, y que defenderá los derechos de sus empresas. El marco no es nuevo: Australia vetó DeepSeek en sistemas y dispositivos del Gobierno en febrero de 2025, y varios estados, como Nueva York y Virginia, habían restringido su uso también.
Sin embargo, la crítica de China es hipócrita cuando menos. La propia China no solo veta el uso de herramientas como Windows en sus agencias de gobierno, sino que incluso controla y restringe capacidades de aplicaciones locales y Webs dentro del país tanto para instituciones de gobierno, como para sus individuos, desde hace años. Con ese historial, alegar «oponerse a la generalización excesiva del concepto seguridad nacional y la politización de la tecnología» es incongruente y no tiene ningún sentido.
Europa mantiene una doble dependencia incómoda
Por otro lado, Europa tiene su propia historia en todo esto. FASCSA nació para proveedores de hardware y software con riesgos de cadena de suministro, y aquí se aplica a un modelo repartido por los sistemas de todo el Ejecutivo civil. Un mecanismo equivalente en Bruselas tendría que resolver el mismo problema que aquí queda abierto: cómo se demuestra que un producto no arrastra el linaje de un modelo vetado cuando los pesos son libres y la destilación no deja firma.
Europa ya juega en ese terreno con una dependencia incómoda, como analizamos en las autopistas de la IA. Le falta un equivalente al FASCSA: el reglamento de IA regula modelos de propósito general, pero no prevé un catálogo de proveedores vetados para la compra pública.
Lo que sí cambia desde ya es el cálculo de cualquier empresa que use modelos chinos de pesos abiertos en productos que vende a administraciones. El efecto más profundo del veto no es la retirada de una aplicación, sino haber convertido el origen del entrenamiento en un requisito contractual que nadie puede certificar con las herramientas actuales. Ese hueco, y no el chatbot, es lo que va a costar dinero.
