La influencia de Coinbase en la política de Washington volvió a quedar patente ayer cuando el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos decidió posponer la discusión de un proyecto de ley para regular las criptomonedas apenas horas después de que su consejero delegado, Brian Armstrong, mostrara la disconformidad con el mismo en su cuenta de X.
El aplazamiento, anunciado ayer por el presidente del comité, Tim Scott, estaba previsto para una sesión que debía celebrarse hoy, jueves. Aunque el Senado no se refirió en ningún momento a las palabras de Armstrong, la cronología de los hechos subraya el peso del exchange de criptomonedas en el debate regulatorio cripto de Estados Unidos.
El poder de Coinbase
Armstrong escribió en X que tras revisar el borrador del texto del Comité Bancario del Senado durante 48 horas, Coinbase podía respaldar el proyecto de ley tal como estaba escrito. El CEO de Coinbase citó lo que él considera problemas y, entre ellos, enumeró la prohibición de facto de las acciones tokenizadas, prohibiciones de DeFi, que otorgan al gobierno acceso ilimitado a sus registros financieros y eliminan su derecho a la privacidad. Erosión de la autoridad de la CFTC, sofocando la innovación y haciéndola subordinada a la SEC.
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También se refirió a proyectos de enmiendas que eliminarían las recompensas en las monedas estables, lo que permitiría a los bancos prohibir su competencia. Según Armstrong, la versión es considerablemente peor que el statu quo actual. «Preferimos no tener ningún proyecto de ley a tener uno malo. Ojalá todos podamos lograr un mejor borrador. Seguiremos luchando por todos los estadounidenses y por la libertad económica. Las criptomonedas deben ser tratadas en igualdad de condiciones con el resto de los servicios financieros para que podamos construir esta industria de forma segura y confiable en Estados Unidos», dijo.
Invirtió millones de dólares
La reacción del Senado pone de relieve hasta qué punto Coinbase se ha convertido en interlocutor imprescindible para los legisladores. La compañía invirtió millones de dólares en comités de acción política (PAC) para impulsar candidatos favorables a las criptomonedas y ha participado activamente en las negociaciones del texto.
