El registro público de la CNAD El Salvador cerró el 9 de octubre con unos 5.000 millones de dólares en emisiones de tokens de activos del mundo real habilitadas desde que la comisión empezó a autorizar operaciones en 2023. La cifra suma los destinos de fondos anotados emisión por emisión en su registro público, no una estimación de mercado, y ese detalle cambia el valor del dato: son importes que un regulador revisó, certificó y dejó bajo supervisión continua, con emisor y número de registro detrás de cada línea.
El reparto por destino explica de qué está hecha esa tokenización. Los instrumentos financieros no cotizados concentran 3.711,2 millones, casi tres cuartas partes del total, y ahí entran la deuda privada y las acciones sin listar junto con contratos de leasing y factoring que buscan comprador fuera de una bolsa. Los proyectos de construcción e inmobiliarios aportan 640,3 millones y los activos financieros cotizados 482,7 millones, según el corte que la comisión publicó este lunes.
Por tipo de token el sesgo es todavía más marcado: el 86,3% de las emisiones habilitadas son tokens de ingreso, que reparten una parte de los flujos de un proyecto, frente al 10,6% de deuda y el 3,1% de propiedad. En la capa técnica, el 51,7% usa ERC-3643, el estándar pensado para valores con control de identidad. Las dos pistas apuntan al mismo sitio: quien emite en El Salvador no es una startup de cripto, sino una empresa que necesita financiar obra o capital circulante y quiere llevar su registro a una cadena con participantes verificados.
El desglose por destino de fondos
| Destino de los fondos |
Monto |
Peso |
| Instrumentos financieros no cotizados |
3.711,2 M$ |
74,2% |
| Construcción e inmobiliario |
640,3 M$ |
12,8% |
| Activos financieros cotizados |
482,7 M$ |
9,7% |
| Capital de trabajo e inversión (CAPEX) |
165,7 M$ |
3,3% |
| Total |
unos 5.000 M$ |
100% |
La categoría que manda es la menos vistosa. Los 3.711,2 millones en instrumentos no cotizados describen financiamiento corporativo clásico, con préstamos privados y participaciones en compañías cerradas que buscan comprador fuera de una bolsa. Es tokenización de banca de inversión, no de escaparate, y permite que una empresa mediana coloque deuda sin depender del apetito de un banco local.
El inmobiliario aporta 640,3 millones y representa cerca del 13% del total. La lista incluye obra residencial y torres de apartamentos, además de naves industriales y complejos hoteleros en zonas como Surf City. El CAPEX aporta 165,7 millones para inversión y capital de trabajo del emisor.
Conviene matizar la serie. Al 4 de septiembre la comisión reportaba 4.847,7 millones en RWA con 3.781 millones en no cotizados, de modo que la categoría principal bajó mientras el total subía. Puede ser una reclasificación contable, pero el 74% funciona mejor como foto del corte que como tendencia.
Un sesgo claro hacia los tokens de ingreso
El 86,3% de las emisiones son tokens de ingreso, la estructura que entrega al inversor un porcentaje de la facturación de un activo en funcionamiento. Se parece a comprar una renta: el dueño de la obra cobra cuando el proyecto factura y el token reparte ese flujo sin derecho de voto ni participación en el capital. El 10,6% de deuda paga cupón y devuelve principal, mientras el 3,1% de propiedad entrega una cuota del activo.
Ese reparto dice algo sobre la madurez del mercado. Una cartera dominada por ingresos implica proyectos que ya operan y necesitan refinanciarse o repartir caja, porque un token de ingreso sin flujo no vale nada y el emisor tendría que justificar por qué lo coloca. La deuda, puerta de entrada natural de cualquier empresa al mercado de capitales, se queda corta.
Para el inversor, la consecuencia es doble. La comisión revisa la estructura financiera, legal y tecnológica de la emisión, no la calidad del negocio: un token de un hotel con poca ocupación conserva el mismo registro que uno rentable. Cumplimiento y rentabilidad son cosas distintas, y esa distancia es la que separa un mercado regulado de un mercado seguro.
ERC-3643 arrasa y ERC-20F le sigue los pasos
El 51,7% usa ERC-3643, el estándar que la especificación EIP-3643 define para tokens permissionados. Su mecánica es la de un registro de valores: cada titular se ata a una identidad verificable, cada transferencia pasa por un módulo de cumplimiento que comprueba país, límites y bloqueos, y el emisor conserva poderes para congelar saldos o recuperar una posición perdida.
El 29,1% usa ERC-20F, que no es un rival sino la implementación de Fireblocks sobre ERC-3643, con contratos actualizables y control de roles para acuñar, pausar y administrar. Sumadas, las dos etiquetas cubren el 80,8% de las emisiones: una sola arquitectura con dos nombres comerciales.
La consecuencia práctica es que el emisor decide quién puede tener el token. No hay carteras anónimas comprando deuda privada: cada titular pasa por un registro de identidad que la comisión puede auditar y el mercado secundario queda restringido a las carteras autorizadas.
Liquid y Algorand se reparten lo que queda
Liquid Network aparece con el 12,7% a través de AMP, la plataforma de gestión de activos de Blockstream. Ahí el control no vive en un contrato sino en una firma: cada transferencia exige la rúbrica del emisor sobre una cartera multifirma 2 de 2, con grupos de restricción que definen qué cartera puede recibir el activo y qué topes tiene, según la documentación de Liquid.
El 4,5% final se etiqueta como ASC1, el nombre con el que Algorand identifica sus contratos inteligentes, una vía que añade reglas programables a los activos nativos de esa cadena. Las cuatro etiquetas suman 98,0% y no cierran el 100%, así que queda un 2% que el corte no asigna a ninguna familia.
El mapa técnico deja una lectura de fondo. Los cuatro estándares dominantes exigen identificar al titular, y los tres primeros nacieron para valores regulados o para activos con emisor identificable: el debate sobre stablecoins y RWA que describe la ley GENIUS y el nuevo orden financiero va de convertir la cadena en un registro con porteros.
Una licencia que no quita el riesgo
Antes de habilitar una emisión, la comisión revisa el perfil financiero, jurídico, tecnológico y operativo del emisor, además de los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Verifica también al proveedor de servicios de activos digitales y al certificador que firma el informe técnico, y mantiene la emisión bajo vigilancia durante toda su vida útil, según el procedimiento que detalla la comisión.
La propia entidad aclara que su autorización no elimina los riesgos inherentes a la inversión, una advertencia que aquí pesa más de lo habitual porque los tokens de ingreso dependen de flujos que aún no se han producido. La supervisión alcanza al emisor y a su estructura, no al mercado donde ese token se revende, y ahí sigue el hueco clásico de los activos privados: poca liquidez y precios que nadie publica.
La dimensión internacional completa el cuadro. La comisión mantiene memorandos con nueve países, Argentina y Colombia entre ellos, mientras Argentina autoriza la tokenización de acciones, obligaciones y fondos. La competencia regional ya no es por atraer exchanges, sino por registrar emisores.
Quién está emitiendo de verdad
Los números del corte dibujan un mercado de financiamiento corporativo que usa la cadena como libro de registro, con títulos de ingreso para obra inmobiliaria y deuda privada para capital circulante. Ese perfil explica el dominio de ERC-3643 y ERC-20F y también el silencio del pequeño inversor, que casi no aparece porque el producto exige lista blanca e identidad verificada.
Lo que falta para saber si el modelo aguanta es secundario y aburrido, y por eso mismo decisivo: cuántas de esas emisiones colocan todo su importe, cuántos tokens de ingreso pagan su flujo en plazo y cómo se fija el precio cuando un titular quiere salir. Un registro que suma 5.000 millones sin mercado secundario profundo es una foto del origen del capital, todavía no de su circulación.
