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Bruselas da dos meses a España por la DAC8 y abre expediente MiCA

La Comisión Europea da dos meses a España por la DAC8 y abre un expediente por MiCA, con el calendario electoral en contra.

Bruselas da dos meses a España por la DAC8 y abre expediente MiCA
Bruselas da dos meses a España por la DAC8 y abre expediente MiCA

La Comisión Europea envió el 19 de noviembre un dictamen motivado a España y a Chequia por no aplicar plenamente la DAC8, la directiva que extiende el intercambio de información fiscal a las inversiones en criptoactivos. España tiene dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias; si no lo hace, Bruselas puede llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir sanciones económicas. El expediente es el INFR(2026)0060 y está en la segunda fase del procedimiento.

En el mismo paquete de infracciones, la Comisión abrió a España un segundo expediente relacionado con MiCA. Es el INFR(2026)2153 y está en la fase anterior, la carta de emplazamiento, por dos motivos concretos: no haber transpuesto la reforma de la quinta Directiva de Requisitos de Capital que introdujo el reglamento de criptoactivos, cuyo plazo venció el 30 de diciembre de 2024, y no haber notificado las medidas de aplicación de varios artículos de MiCA, que debían comunicarse antes del 30 de junio de 2025.

Ninguno de los dos procedimientos significa que MiCA deje de aplicarse en España, porque el reglamento es de aplicación directa en toda la Unión. Lo que falta es fontanería nacional: una transposición pendiente en otra directiva y un puñado de medidas que el regulador español no ha comunicado a Bruselas. El problema es de calendario, y el calendario español está roto: el proyecto de ley que debía resolver la DAC8 caducó con la disolución de las Cortes y el nuevo Gobierno tendrá que retomarlo.

DAC8 y por qué España llega tarde

La DAC8 modifica la directiva de cooperación administrativa para que las haciendas de los Estados miembros intercambien información sobre las inversiones en criptoactivos de sus residentes. Obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a identificar a sus clientes y su residencia fiscal, y a informar de las operaciones. Los Estados debían incorporarla antes del 31 de diciembre de 2025 y la norma se aplica desde el 1 de enero de 2026, así que las obligaciones para los proveedores ya están vivas aunque la ley nacional no esté.

El primer aviso llegó el 30 de enero de 2026, con cartas de emplazamiento a España y a otros once países, entre ellos Bélgica, Países Bajos y Portugal. Diez meses después, solo España y Chequia han recibido el dictamen motivado, lo que en la práctica significa que Bruselas considera que los demás han avanzado y estos dos no. La Comisión subraya en su comunicado que la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos exige una cooperación administrativa sólida para liquidar y recaudar impuestos sobre rentas y ganancias de capital.

La razón del retraso español es política y está documentada. El Gobierno llevó a las Cortes en junio de 2025 el proyecto de ley 121/000060, que transponía la DAC8 y añadía la posibilidad de embargar criptoactivos. El texto no llegó a votarse y caducó con el Real Decreto 806/2026, del 6 de octubre, que disolvió el Congreso y el Senado y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre.

Un calendario que no cuadra

La aritmética institucional explica por qué los dos meses de Bruselas van a caer en el peor momento posible. Las nuevas Cortes se constituyen el 23 de diciembre, el nuevo Ejecutivo se forma después y los dos meses de plazo vencen a mediados de enero de 2027, con un Gobierno recién nacido o todavía en negociación. Un Ejecutivo en funciones no puede presentar proyectos de ley, así que la respuesta que Bruselas recibirá en enero será, como mucho, un compromiso con calendario.

Expediente Norma afectada Fase Plazo incumplido
INFR(2026)0060 DAC8, Directiva (UE) 2023/2226 Dictamen motivado, segunda fase 31 de diciembre de 2025
INFR(2026)2153 Reforma de la CRD V vinculada a MiCA Carta de emplazamiento, primera fase 30 de diciembre de 2024
INFR(2026)2153 Medidas nacionales de aplicación de MiCA Carta de emplazamiento, primera fase 30 de junio de 2025

El segundo expediente tiene menos recorrido y más consecuencias prácticas de las que parece. La reforma de la CRD V añade a la lista de actividades con reconocimiento mutuo en la Unión la emisión de dinero electrónico, incluidos los tokens de dinero electrónico, la emisión de tokens referenciados a activos y determinados servicios de criptoactivos. Sin esa transposición, el pasaporte europeo de esas actividades queda incompleto en España.

La falta de notificación de las medidas de aplicación de MiCA es más difusa, porque la Comisión no detalla qué artículos faltan. En la práctica, significa que el marco nacional que completa el reglamento tiene agujeros que la CNMV y el Banco de España tienen que gestionar con criterios propios, y que un operador de otro país puede encontrar diferencias al entrar en el mercado español.

Lo que esto significa para quien opera en España

Para un proveedor autorizado en España, el efecto inmediato es nulo en su licencia y notable en su contabilidad de riesgo. Las obligaciones de información de la DAC8 ya existen y se aplican desde enero de 2026, así que quien no haya adaptado sus sistemas para identificar la residencia fiscal de sus clientes está expuesto a requerimientos aunque la ley nacional que desarrolla la directiva no exista.

Para un inversor, el cambio es más silencioso y también más real. La DAC8 convierte el intercambio de datos fiscales en un flujo automático entre haciendas, y eso reduce el margen para declaraciones incompletas. España no ha recibido una multa ni ha sido llevada al tribunal, y conviene decirlo porque el titular fácil es el contrario, pero el mecanismo ya está en marcha y el retraso solo pospone la factura administrativa.

Hay un contraste que ayuda a situar el caso. La Unión Europea discute estos meses cómo centralizar la supervisión de los proveedores de criptoactivos en la ESMA, con el respaldo del BCE a una autoridad única para el cripto europeo, España incluida, mientras dos Estados miembros no han terminado de transponer las normas que ya existen. La ambición regulatoria y la ejecución nacional van a velocidades distintas, y ese desfase es el que Bruselas intenta corregir con expedientes.

La dimensión fiscal que llega en 2027

El expediente de la DAC8 se cierra con una respuesta o con una sentencia, y ninguna de las dos cosas cambia lo que viene. A partir de 2027, las haciendas europeas intercambiarán datos de operaciones con criptoactivos de forma sistemática, y los proveedores tendrán que reportar con un formato común que se está definiendo en paralelo.

Para España, el riesgo real no es la sanción, que en esta fase es improbable, sino la pérdida de tiempo. Un país que llega tarde a la transposición suele llegar tarde a los sistemas, y los sistemas son los que deciden si los datos llegan completos o con huecos que después hay que reconstruir a mano. La historia de las stablecoins con dos supervisores bajo MiCA muestra el patrón: cuando el marco nacional se retrasa, el mercado no espera, y las entidades acaban operando con interpretaciones provisionales.

La pregunta que queda abierta es si el nuevo Gobierno colocará la transposición entre sus primeras medidas o la dejará para el segundo semestre. La respuesta llegará antes que la sentencia, probablemente en febrero, y el plazo de Bruselas ya estará vencido.

Lo que Bruselas vigila después de enero

El procedimiento de infracción tiene tres fases y España está en la segunda en un expediente y en la primera en el otro. Si la respuesta de enero no convence, la Comisión puede elevar el caso al Tribunal de Justicia y pedir una multa, un proceso que en la práctica tarda años y que rara vez llega a resolverse antes de que el Estado cumpla.

Ese margen explica por qué el expediente no ha movido al mercado. Lo que sí mueve al mercado es la fecha del 1 de enero de 2026, cuando la DAC8 empezó a aplicarse, y la certeza de que los datos de operaciones con criptoactivos van a viajar entre administraciones con independencia de lo que tarde la ley española. La transposición es una obligación formal; el intercambio de información ya es una realidad operativa.

José Maldonado

Autor

José Maldonado

Activista y bloguero de tecnología, software libre y blockchain.

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